La jueza uruguaya Adriana Chamsarian resolvió finalmente rechazar el pedido de asilo político del Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el operador judicial estrella del ex presidente Mauricio Macri, prófugo desde hace casi un año y medio tras un simple llamado a indagatoria de la magistrada federal argentina María Servini. “Pepín” se encuentra al borde de perder su banca en el Parlasur, aunque no se prevé que retorne pronto a la Argentina.
El fallo fue firmado la semana pasada, pero trascendió recién hoy, incluso para los legisladores del Parlasur, que tienen pendiente de tratamiento un pedido de expulsión de Rodríguez Simón que ya tiene dictamen favorable de Comisión. Hasta que se conoció el rechazo al asilo político, la iniciativa para expulsar a Rodríguez Simón no reunía los votos necesarios. La decisión de denegar el asilo político podría modificar esa ecuación.
“Pepín” no regresará a la Argentina de inmediato. En vista del fallo adverso que se avecinaba, decidió cambiar de abogados en Uruguay y contrató a uno de los estudios de mayor peso en los tribunales uruguayos: el encabezado por Jorge Díaz, ex fiscal ante la Corte y ex Procurador General de la Nación local durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Uno de los hombres más influyentes en el Poder Judicial uruguayo.
La jueza Chamsarian suscribió buena parte de los argumentos de la acusación, en el sentido de que no hay elementos que permitan asignar al pedido de detención nacional e internacional (con alerta roja de Interpol incluida) una característica de persecución política. Ninguno de los otros imputados en la causa –incluso los procesados por Servini- invocó tal cosa.
Por otra parte, tanto el llamado a indagatoria cuanto la declaración de rebeldía y la orden de captura fueron emitidos por un tribunal competente, en el marco de una investigación judicial con impulso fiscal y control del debido proceso.
Si Rodríguez Simón hubiera comparecido cuando fue llamado a indagatoria, en marzo de 2021, hoy estaría en libertad, “a derecho” y sin mayores restricciones de movimientos. Como el ex jefe de la AFI Gustavo Arribas; su ex número dos, Silvia Majdalani, y el propio Mauricio Macri.
Ni siquiera era necesario que Rodríguez Simón, quien reside en Montevideo desde diciembre de 2020, viajara a la Argentina: el llamado a indagatoria preveía una declaración por Zoom.
Los delitos que se le imputan no encuadran en ninguna tipología de “políticos”. La jueza lo llamó ante una denuncia de los titulares del grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, por una serie de actitudes rayanas en la extorsión para “convencerlos” de sumar a sus medios de comunicación a una campaña mediática para demonizar a los funcionarios del gobierno 2003 – 2015 y, ante la negativa, haber proferido la frase “comenzó la guerra”.
De Sousa y López terminaron presos, sus empresas, al borde de la quiebra. El objetivo final, según denunciaron, era desapoderarlos de sus empresas.
