El escándalo Shell: el Procesamiento de Aranguren y Laura Alonso

analisis del procesamiento de Laura Alonso y Juan José Aranguren en el caso Shell

El 6 de mayo de 2016 los Diputados Nacionales Rodolfo Tailhade y Martin Doñate denunciaron al entonces Ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública que presuntamente habría cometido; y a la Secretaria de Ética Pública de la Nación, y en tal carácter jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por el delito de encubrimiento, que habría cometido para ayudar a Aranguren a eludir la justicia.

Además, también denunciaron por los mismos delitos a los dos funcionarios, Alejandro Enrique Olmos, Asesor del Senado, Senador Nacional Fernando Ezequiel Solanas, Marcelo Nevil Turchetti, Secretario de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustible., Alejandro Zeverin Escribano Columnista del diario “La Nación”, Ariel Carlos Manuel Noli, presidente de la ONG “ASOCIACION CIUDADANA POR LA TRANSPARENCIA Y LA ANTICORRUPCION”,. Legisladores de la Provincia de Río Negro y Concejales de San Carlos de Bariloche.

No ya los denunciantes, sino el Fiscal Federico Delgado afirmó en el Expediente que desde la Oficina Anticorrupción “se trabajó para encubrir al funcionario, expresando que la incompatibilidad no era tal ya que era necesario que el ministro fuera además quien por sí solo definiera la voluntad de la empresa co-contratante” (sic) PG. 10/136.

En el fallo hay una extensa enumeración de la actividad desplegada en la investigación, 182 medidas de prueba, entre ellas, numerosos oficios a juzgados, organismos del estado, (Comisión Nacional de Valores, Procuradoría de Investigaciones Administrativas, la propia Oficina Anticorrupción, CAMMESA, AFIP, ENARSA, IGJ, Depto. Delitos Federales de la PFA, dictámenes del Ministerio Público Fiscal, Unidad de Información Financiera “UIF”, declaraciones testimoniales.

A Juan José Aranguren “se le imputó haber incumplido, en su carácter de Ministro de Energía y Minería de la Nación, cargo que ejerció desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 21 de junio de 2018, los deberes que le fueran impuestos bajo las leyes 17.319, 19.549, 22.520, 25.188 y 26.741, como así también el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) y el Código de Ética de la Función Pública (Decreto nº 41/1999), actuando en miras de beneficiar al grupo empresario SHELL, de quien poseía conflicto de intereses en el marco de su función pública como ministro, siendo que cumplió funciones en dicho grupo societario a partir del 8 de marzo de 1979 y, puntualmente, se desempeñó como Presidente de SHELL Compañía Argentina de Petróleo SA (SHELL CAPSA) desde el 1° de enero de 2014 al 30 de junio de 2015”.

Se le reprochó el “uso indebido y abusivo de lo previsto en los Decretos n° 1192/1992, 357/2002, 172/2007 y 231/2015 y en contra de la manda legal prevista en las leyes 25.188, 19.549 y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, evitando de esta forma exponer el conflicto de intereses que poseía y manteniendo bajo su control y supervisión la actividad de su delegado y dependiente suyo en la SEE, en miras de un beneficio propio y de la empresa SHELL”.

Desde que asumió y hasta que delegó la firma (justamente, por consejo de Laura Alonso) el 23 de agosto de 2016, Aranguren puso su firma en resoluciones del Ministerio a su cargo que cristalizaron en operaciones de compra a una empresa extranjera del grupo Shell, “STUSCO” (Shell Trading U.S. Co., con sede en Houston Texas) por un total de algo más de 238 millones de dólares (pg. 39 del fallo) y autorizó pagos de CAMMESA a Shell CAPSA (la filial de Shell que opera en la Argentina) por algo más de 3.800 millones de pesos (unos 291 millones de dólares más, lo aclara el Juez en su sentencia pg.77. Sumados a los anteriores, un total de 529 millones de dólares).

Dice el fallo “Aranguren posibilitó que la empresa SHELL CAPSA desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 21 de marzo de 2017, incrementara notablemente la importación de tales productos, beneficiándose por la adquisición a valores inferiores a los del mercado local (precio sostén del barril nacional) y sin ningún tipo de control de parte del Ministerio a su cargo. Todo ello tuvo lugar en miras de un beneficio propio y de la empresa SHELL, y se desarrolló en incumplimiento de las obligaciones legales a su cargo y la falta de control del agotamiento de la demanda de las productoras nacionales previo a la importación de los productos indicados”.

Por su parte, se le imputó a Laura Alonso “se le imputó haber actuado, en su carácter de Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción a cargo de la Oficina Anticorrupción, función que desempeña desde el 24 de diciembre de 2015 a la fecha, con abuso de su autoridad y violando los deberes y funciones que le comprendían en razón del cargo detentado (leyes 25.188, 25.233 y Decretos n° 102/1999, 226/2015 y 252/2015), al dar una apariencia de legalidad y cobertura al actuar del Ing. Juan José Aranguren como Ministro de Energía y Minería de la Nación desde el 10 de diciembre de 2015 al 21 de junio de 2018, todo ello en miras de ayudar al nombrado a eludir las acciones de la oficina a su cargo en torno al conflicto de intereses que registraba, como así también las investigaciones judiciales en razón a la posible comisión de distintas conductas delictivas que se encontrarían vinculadas al ejercicio de la función pública de éste en el mentado Ministerio de Energía y Minería de la Nación”.

Sigue diciendo el Juez en su Resolución que “Laura Alonso soslayó deliberadamente analizar acabadamente la actividad de Juan José Aranguren en el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y brindó una apariencia de legalidad y cobertura al mismo, encubriendo el actuar que venía desarrollando y continuaría desempeñando el mencionado funcionario público, en miras de ayudarlo a eludir las acciones de la oficina a su cargo en torno al conflicto de intereses, como así también las investigaciones judiciales en razón a la posible comisión de distintas conductas delictivas que se encontrarían vinculadas al ejercicio de la función pública de éste en el mentado Ministerio de Energía y Minería de la Nación, todo esto en total detrimento de los intereses del Estado Nacional y los postulados de la Convención Interamericana contra la Corrupción (aprobada por ley 24.759).”

Laura Alonso no respondió preguntas en su indagatoria, dejó un escrito.

En ese escrito hay un párrafo al cual se refiere después el Juez cuando decide procesarla. Dice Alonso que el “Conflicto de Intereses” “no es en sí mismo una situación irregular o intrínsecamente negativa. Pero si se presenta el caso, el funcionario deberá obrar de acuerdo a las directrices impuestas por las normas correspondientes. Es que si el hecho de corrupción implica privilegiar el interés privado por sobre el público, y el conflicto de intereses es la situación objetiva en la que se encuentra el funcionario que realiza dicha elección, eliminar o gestionar este último (prohibiendo la realización de ciertas actividades o limitando la toma de decisiones) reducirá el riesgo de que se cometa un hecho ilícito, evitando el consiguiente perjuicio para el Estado y la ciudadanía”.

En este punto, quiero aclarar que “Conflicto de Intereses” no es, exactamente lo que Alonso dice que es. El “Conflicto de Intereses” está jurídicamente definido en la Ley de Ética Publica Nº 25188, Capítulo V, Arts. 13 a 17. Concretamente, “Conflicto de Intereses” es la situación en la que se encuentra cualquier funcionario público que quede subsumido en alguna de las incompatibilidades descriptas en los Arts. 13 a 17 de la Ley.

Al contrario de lo que dice Alonso, el Conflicto de Intereses es en sí mismo una situación irregular, ya que el funcionario se encuentra obligado por la Ley a actuar de la forma que prescribe el Art. 15 (renunciar, y/o abstenerse de tomar intervención).

Más aún, el ejemplo que pone Laura Alonso en su declaración, “privilegiar el interés privado por sobre el público” el funcionario que incurre en esa elección comete un delito, porque así lo ha dicho la Cámara Correccional y Criminal Federal, en un fallo del año 1996, que el Juez cita en su resolución. Se ven, en la Declaración Indagatoria de Laura Alonso, las consecuencias de haber aceptado el cargo sin ser abogada, consecuencias que, en su defensa, adquieren ribetes que van en contra de su propia defensa. Desconoce el derecho.

El Juez, en su decisorio, Demuestra que Aranguren no actuó como prescribe el Art. 15 de la Ley de ética pública, sino que aparentó hacerlo. Y, que Alonso lo ayudó para que esa apariencia tuviera mayores visos de realidad de fondo. O sea, lo encubrió.

Por supuesto, Laura Alonso niega eso en el escrito entregado al Juzgado en oportunidad de su declaración indagatoria.

A partir de la pg. 63, el Juez despliega los fundamentos de su decisión.

El Juez procesó a Juan José Aranguren por “Negociaciones incompatibles con la función pública” Art. 265 del Código Penal que dice “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”, y también, los Arts. 45 y 55 del Código Penal relativos a la participación en el hecho delictivo y el concurso entre delitos (relación entre delitos) cuando se trata de varios hechos.

En cuanto a Laura Alonso, la procesó por el delito de encubrimiento (Art. 277 incisos “1 – a” y “3 – d” del Código Penal, en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad (Art. 248 del Código Penal), en calidad de autora material (Art. 45 del Código Penal).

Dice el Art. 277: “1.- Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado: a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta”, y “3.- La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo, cuando: …d) El autor fuere funcionario público”.

El juez conmovió la defensa de Aranguren, demostrando que la delegación de facultades que el Ministro realizó, solo fue un acto destinado a aparentar que se abstenía de intervenir, pero que en realidad no fue así, porque Aranguren delegó en una persona que dependía jerárquicamente de él (El Secretario de Energía Eléctrica, Ing. Sruoga), sin que por ello cesaran las facultades de supervisión que Aranguren tenía sobre los actos de su dependiente. La delegación, dice el Juez, fue una SIMULACION.

Es interesante un pequeño párrafo del Juez, respecto de un aspecto de la defensa articulada por Aranguren. El Ministro puso como ejemplo un acto delegativo otorgado por el anterior Ministro de Planificación Federal Arq. Julio De Vido.

El Juez le contestó “La delegación que pudieran haber realizado funcionarios que precedieron al imputado dista de poder identificarse con el caso que aquí nos toca tratar, parecería innecesario tener que decirlo, pero siendo que la defensa lo ha planteado al menos una referencia corresponde hacer sobre ello. Bastaría decir que el suscripto no tiene conocimiento que el Arq. Julio De Vido haya trabajado más de treinta años en una empresa petrolera, ni tuviera acciones de ésta.”

El Juez asegura que la delegación fue una simulación, porque de todos modos, el funcionario que recibió la delegación dependía de él. En esa línea, el Juez dice que si Aranguren quería realmente abstenerse de intervenir, debió haber sacado las licitaciones de compra de combustibles de su Ministerio. Dice el Juez “Ciertamente la delegación de funciones y, con ello, la disimulación de las atribuciones que mantenía Aranguren en torno a la posibilidad de requerir combustibles y otorgarlos a la empresa donde desarrolló toda su carrera profesional, comprometía la voluntad negocial del Estado Nacional. Es claro, dicha función jamás debió mantenerse dentro de esa cartera ministerial”. Y agrega más adelante “El dominio de la dirección de la adquisición de fuel oil y gas oil que se otorgaban a Shell nunca dejó de estar bajo la órbita de Aranguren, siendo aquel quien en definitiva llevaba adelante la política energética del país en todas sus aristas”.

A esta altura, agrego yo, este fallo, en mi opinión recta aplicación del derecho, tiene una fuerte consecuencia política. Y ella es que Aranguren nunca pudo haber sido designado Ministro de Energía, porque es evidente que, en un mercado en el que los “jugadores” son sólo cinco, es imposible un hombre que por treinta años ha trabajado en una de esas cinco y ha llegado a ser Presidente de la empresa en la que trabajaba, pueda ejercer la función pública en un puesto que tiene directa relación con la empresa en la que trabajaba, sin caer en una incompatibilidad. No debió, nunca, haber sido Ministro de Energía.

El Juez realmente, demuele a Aranguren con sus fundamentos “ pretender ampararse en que no intervino con su firma en los concursos de precios se erige como una burda estrategia para mantener un control que no le correspondía”.

El Juez se refiere de la misma manera minuciosa al otro hecho por el cual se le imputa a Aranguren negociaciones incompatibles con la función pública, esto es, la importación de petróleos crudos y procesados. El Juez demuestra, en base a datos proporcionados por la AFIP / Aduana, que desde la llegada de Aranguren al Ministerio, las importaciones de petróleos crudos hechas por Shell se incrementaron en un 82% sólo en un año, debido a las compras que le hacía el Ministerio a cargo de Aranguren.

Finalmente, el Juez demuestra el dolo, la voluntad consciente de Aranguren de beneficiar a Shell, detalles que podrá leer cualquier interesado buscando la sentencia que se encuentra en la red internet con acceso público.

El Juez se refiere a la situación procesal de Laura Alonso, a partir de pg. 103 de su sentencia.

El Juez hace notar que el Expediente administrativo abierto en la Oficina Anticorrupción para analizar la conducta de Aranguren en las compras que beneficiaron a Shell, solo se le pidió información a la propia Shell CAPSA, de la cual Aranguren fue Presidente por diez años, a la sociedad CAMMESA, de la cual Aranguren era Presidente por ser Ministro de Energía, y al propio Aranguren. Laura Alonso, para investigar a Aranguren le pidió opinión a Aranguren, y a dos sociedades que estaban en el ámbito de control de Aranguren, sea residual (caso Shell CAPSA, además beneficiaria de las maniobras de Aranguren), o control real y actual, como es el caso de CAMMESA, de la que era Presidente. Para esas tres consultas, la Oficina Anticorrupción conducida por Alonso se tomó siete (7) meses, el expediente se cerró con un acto administrativo de Alonso favorable a Aranguren, el 9 de septiembre de 2016.

Dice el Juez que a partir de entonces, “el trámite del expediente resulta superfluo, parcial y completamente desarrollado a la medida del entonces ministro, respecto del cual pesaba una seria sospecha de irregularidad funcional”.

El Juez, en su resolución se manifiesta varias veces sorprendido del desconocimiento del derecho del que hace gala Laura Alonso. Dice el Juez, págs. 117/118 de su sentencia “…con gran asombro puede leerse de sus fundamentos que Alonso reconoce que Aranguren delegó la función que tuviera encomendada en CAMMESA a un funcionario directo suyo, circunstancia que en nada le llamara la atención a la imputada y que vilmente pretendiera naturalizar como legal. Además, en uno de sus pasajes llegó a argumentar que “si bien es el Ministerio de Energía quien aprueba la negociación y gestiona el procedimiento de pago, no debería tener una incidencia directa en la etapa de selección de los oferentes”. Parece ser que para la titular de la Oficina Anticorrupción, el hecho de que fuera el propio ministro quien delegara su función en CAMMESA en un empleado suyo y, además, mantuviera la potestad de aprobación y pago de las operaciones, no es relevante. Es más, todo esto incluso cuando cuatro cargamentos obtenido por Shell se produjeron en enero, es decir, previo a que el Ing. Aranguren dictara la RES 44/2016 donde formalizara dicha delegación”.

Se ocupa el juez en pg. 118 de su fallo, de destacar la ignorancia de Alonso en derecho, dice “la titular del organismo contra la corrupción, efectuó una consideración que escapa a toda la lógica jurídica propia de la materia en la cual la imputada debería resultar experta, en cuanto presupone que únicamente resulta ser la actuación directa (esto es, con la firma) la que podría generar algún tipo de irregularidad en el obrar del Sr. Ministro”.

El Juez analiza diversas medidas tomadas por Alonso en el caso, y de ellas dice que nada sustancial agregaron en cuanto al verdadero cometido de la Oficina Anticorrupción.

La Sindicatura General de la Nación hizo llegar a Alonso un informe, de cuya lectura surge con claridad la futilidad de la delegación hecha por Aranguren. De ese informe se desprende que esa delegación fue un mero maquillaje para que el Ministro oculte la incompatibilidad en la que estaba incurriendo. Pero Alonso ignoró ese informe. El Juez se lo reprocha, y dice que todo lo que hizo Alonso “… sirvió como un vil intento de ayudar al encartado Aranguren a evitar la investigación llevada a cabo por estos estrados, dándole el respaldo de quien se encuentra a cargo de la oficina que debe velar por el cumplimiento de las previsiones establecidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción”.

Laura Alonso mintió descaradamente cuando dijo que no sabía porqué se la había llamado a prestar declaración indagatoria, y el Juez pone en evidencia su mentira, y le dice –en su lenguaje de Juez – que está actuando.

Dice el Juez “En primer lugar, sobre la causa jurídica por la que fue convocada, cabe señalar que al recibírsele declaración indagatoria se le hicieron saber las circunstancias de modo, tiempo y lugar por las cuales fuera citada, como así también las pruebas que existían en su contra. Por otro lado, sobre la ausencia de imputaciones del Ministerio Público Fiscal, bien conoce Laura Alonso los requerimientos fiscales existentes en su contra (v. dictamen a fojas 563 y 1200/1205), por cuanto inmediatamente después de que tuvo lugar el primero de los mismos se presentó en estas actuaciones y designó abogado defensor. La encartada parece estar realizando nuevamente una manifestación política o expresiones para vaya saber qué audiencia, lo cual se condice con el trámite que le diera al expediente administrativo que aquí se cuestiona, donde se efectuaran recomendaciones a los fines de evitar poner en riesgo la imagen que debe tener la sociedad de su ministro protegido, en lugar de poner en práctica una investigación tendiente a convalidar sus deberes en la lucha contra la corrupción.” (pg. 125/126 del fallo).

El Juez continúa analizando la conducta de Alonso, destaca un conjunto de hechos y circunstancias que Alonso conocía, y de ello extrae como conclusión que hubo dolo de parte de la funcionaria, es decir que tuvo la voluntad de ayudar a Aranguren a eludir la acción de la justicia.

Con todos esos fundamentos, el Juez procesó, sin prisión preventiva, a Aranguren y Laura Alonso.

A Aranguren le trabó embargo por un millón doscientos mil pesos.

A Laura Alonso, le trabó embargo por un millón de pesos.

Fiel al estilo escandaloso e irracional que la caracteriza, Laura Alonso ya salió a acusar al Juez de haberla procesado sin fundamentos y denunciar que el procesamiento contra ella es parte del “lawfare” (?).

Creo que es sólo el comienzo.

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