Con la presencia de 132 diputados, comenzó la sesión de la Cámara de Diputados dedicada a discutir la Ley de Propiedad Privada, que ahora incluye la Ley de Tierras entre sus artículos, y los proyectos para familias endeudadas y para prorrogar la emergencia en discapacidad. ¿De qué se trata cada uno?
Con el quórum alcanzado, comenzó este miércoles 21 de octubre en la Cámara de Diputados de la Nación la sesión especial en la que se discutirán la Ley de Propiedad Privada, a la que el gobierno de Javier Milei tuvo que agregarle la Ley de Tierras para desactivar la avanzada opositora contra el DNU 70/2023.
La sesión fue convocada para el mediodía a pedido del diputado Gabriel Bornoroni y otros legisladores de La Libertad Avanza, aunque en ella se debatirán varios temas incómodos para el oficialismo, como el proyecto para las familias endeudadas y la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad.
La agenda se completa con otros tres proyectos: La creación de un sistema de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y de sus ingredientes farmacéuticos activos, una reforma del Código Penal para incorporar la figura del vandalismo rural., y la transferencia a Chaco del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras, ubicado en el departamento San Fernando.
Para el final quedaron los dos temas que la oposición había emplazado (discapacidad y endeudamiento familiar). En ambos casos hay dictámenes de mayoría del oficialismo y otros de la oposición. Quien quiera tratarlos deberá sostener el quórum hasta el cierre. Los cálculos indican que la sesión podría superar las veinte horas y extenderse hasta la madrugada del jueves.
Aunque el oficialismo convocó la sesión, el clima dentro de La Libertad Avanza es de escaso entusiasmo. Desde el entorno del titular de la Cámara, Martín Menem, deslizaron: “Podemos ir a perder tranquilos“.
Propiedad Privada y Ley de Tierras
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada llega con media sanción del Senado, que lo aprobó por 37 votos a 33. En la Cámara alta se le quitaron varios capítulos, entre ellos el de la Ley de Manejo del Fuego y el que buscaba derogar la Ley de Tierras Rurales.
En Diputados, el oficialismo acordó con los bloques aliados reincorporar la Ley de Tierras. Los artículos 38 y 39 derogan el artículo 154 del DNU 70/2023 y restituyen la Ley 26.737, sancionada en 2011. Su inclusión fue una maniobra de emergencia del oficialismo para desactivar la avanzada contra el DNU 70/2023.
La norma fija un tope del 15% a la titularidad de tierras rurales en manos de extranjeros, a nivel nacional, provincial y municipal. También limita a 1000 hectáreas la superficie en zonas núcleo, espejos de agua y zonas de frontera.
Las modificaciones se votarían por capítulo, aunque no se descarta que esos dos artículos se voten por separado y obtengan unanimidad. Como el texto fue cambiado, volverá al Senado, que deberá avalar los cambios. El resto del proyecto incluye reformas a tres leyes:
- Expropiaciones: se restringe la facultad del Estado de declarar la utilidad pública de inmuebles. Se fija un tope del 30% de indemnización por lucro cesante, siempre que esté acreditado. El texto original no establecía porcentaje.
- Desalojos por usurpación: el juez podrá ordenar la entrega inmediata del inmueble e intimar a su devolución en 72 horas si lo pide el propietario, que deberá presentar prueba documental de su titularidad.
- Desalojos por mora: tras la intimación de pago, el inquilino tendrá al menos 10 días para regularizar antes de que se inicie la acción.
Se prevé además un protocolo de vulnerabilidad. Si hay menores, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados, se asegura una alternativa habitacional transitoria en un máximo de 10 días, con intervención del Ministerio Público Tutelar.
El proyecto modifica también la ley Pierri de regularización dominial. Podrán acceder a la escritura de su vivienda única las familias con posesión pacífica demostrable durante los diez años previos. Reconoce, por último, la figura de la ocupación temporánea anormal, por 90 días prorrogables por única vez, ante emergencias sanitarias, conflictos armados o desastres naturales.
Endeudamiento familiar
La ley de endeudamiento familiar apunta a la situación de los cerca de 20 millones de endeudados que hay en el país. Se enfrentan dos propuestas. El dictamen de mayoría, del oficialismo con el PRO y la UCR, se titula “Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores”.
Unifica decenas de proyectos, pero se concentra en la información al usuario en lugar de fijar tasas máximas o prever planes de refinanciación, y evita intervenir en contratos vigentes o limitar la oferta de crédito. Incluye además:
- La precancelación de deudas.
- La trazabilidad de las obligaciones.
- El acceso gratuito al perfil de riesgo en bancos y plataformas.
El dictamen opositor, de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, se llama “ley de regularización y alivio financiero”. Declara la emergencia por 180 días y crea un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas.
Pueden adherir quienes tengan mora superior a 60 días y deudas de hasta dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2, hoy 3.265.010 pesos. La cuota no podrá superar el 30% de los ingresos. La adhesión es voluntaria y se tramita ante el acreedor. Si este no la admite, interviene el Banco Central.
Esta propuesta condona el 100% de los intereses punitorios, limita los compensatorios y pone un tope a la tasa vinculado al Costo Financiero Total. A los acreedores les garantiza una ganancia moderada, calculada con un plus sobre la tasa TAMAR. Suma capítulos de portabilidad financiera, cobranzas abusivas y educación financiera.
Es el tema con los números más ajustados para el oficialismo, aunque sus legisladores se mostraron optimistas tras la reunión con los jefes de bloques aliados. Los bloques provincialistas, más cercanos a la posición opositora, podrían definir la votación.
Emergencia en discapacidad
La oposición, integrada por Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y Elijo Catamarca, impulsa prorrogar un año más la Ley 27.793, hasta el 31 de diciembre de 2027.
La norma vigente vence el 31 de diciembre de este año. El texto mantiene la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo previsional, con ajuste mensual por IPC. Sostiene que la emergencia obliga a los jueces a resolver con urgencia las 324.303 solicitudes de pensión pendientes y las compensaciones impagas a prestadores.
El oficialismo presenta como alternativa la “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, elaborada por las diputadas Silvina Giudici y Laura Rodríguez Machado. Conserva casi todos los beneficios de la ley 27.793, pero elimina el carácter de emergencia y la convierte en una norma permanente. Mantiene:
- La compatibilidad de la pensión con un empleo formal o monotributo, mientras los ingresos no superen dos salarios mínimos.
- El nomenclador único.
- La indexación periódica de aranceles por movilidad jubilatoria.
- La cobertura del Plan Federal Incluir Salud.
También establece que el presupuesto del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, al del año anterior. Crea auditorías periódicas con cruce de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER. A pedido de los aliados, se sumó una cláusula que exige un cronograma de pagos atrasados a prestadores, con 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente.
El dictamen recibió el acompañamiento de la UCR, el PRO y bloques dialoguistas. Los diputados del MID y de Argentina Federal firmaron en disidencia y reclamaron cambios.
Pidieron saldar las deudas con prestadores, mantener el nomenclador único y que las partidas de discapacidad figuren detalladas en el Presupuesto. Desde Argentina Federal hablaron de “avances importantes” en la negociación.
La oposición cuestiona que el proyecto oficialista mantiene separadas la pensión por invalidez laboral y la de discapacidad. También que delega en la reglamentación la evaluación para acceder al beneficio, que permite suspender pensiones por cruce de datos y que no garantiza el financiamiento. Señala un atraso arancelario del 30,67%.
