Germán Carlos Garavano, nacido en Buenos Aires el 23 de octubre de 1969, es un abogado y político argentino, que se desempeñó como ministro de Justicia y Derechos Humanos de la nación durante el gobierno de Cambiemos.
A los dieciocho años ingresó en el fuero federal penal. Luego ocupó todos los cargos de la carrera judicial hasta ser secretario de Juzgado.
Estudió abogacía en la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA), graduándose en 1994.
Antes de asumir el cargo de fiscal general en 2007, fue consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, juez del juzgado penal contravencional y de faltas N° 12 de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, elegido por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, a propuesta del Gobierno Nacional.
En 2014 fue consejero suplente del Consejo de la Magistratura de la Nación representando a los abogados de la ciudad de Buenos Aires.
En diciembre del 2015 fue nombrado por el entonces presidente Mauricio Macri como Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Su gestión fue objetivo de críticas, destacándose el decreto presidencial que él impulsó mediante el cual se designaba en comisión a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina: Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.
En julio de 2018 impulsó un proyecto de ley que buscaba limitar las acciones judiciales de origen colectivo y que restringía la posibilidad de que más de una organización de derechos humanos o de consumidores puedan presentarse de manera conjunta en casos colectivos.
Fue señalado como parte de una embestida del Gobierno para desplazar a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó; y se lo acusó de intentar controlar el poder judicial mediante la remoción de jueces críticos.
A poco de asumir, los trabajadores de Infojus —agencia de noticias judiciales que depende del Ministerio—, denunciaron las acciones de vaciamiento del portal,38 y la desaparición de unas 10 mil notas e investigaciones periodísticas y judiciales sobre temas de violencia institucional, violencia de género, femicidios, lesa humanidad, talleres textiles clandestinos, delitos económicos y lavado de dinero, narcotráfico, y casos de corrupción que comprometían a funcionarios del gobierno macrista.
Incluso desaparecieron documentaciones que involucraban al presidente Macri en temas sensibles, como su imputación por espionaje ilegal. Al poco tiempo ordenó el cierre del portal.
