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Irurzun y Bruglia le dan la derecha a Mauricio Macri y restringen el peritaje de sus teléfonos

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Finalmente, Mauricio Macri fue beneficiado por una decisión de los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, quienes anularon el peritaje a las llamadas del expresidente, limitando el alcance de la medida de prueba.

El análisis de las llamadas del ahora refugiado en Francia fue pedido por la jueza María Romilda Servini en el marco de la causa que investiga una asociación ilícita que intentó quedarse con el Grupo Indalo, propiedad de Cristobal López y Fabián De Sousa.

Irurzun y Bruglia condicionan a Servini

La jueza federal María Romilda Servini había ordenado un peritaje de las llamadas del expresidente, incluyendo entrecruzamientos de contactos con otros miembros de sus gobierno y con empresarios.

En ese contexto, la decisión de la Cámara Federal de Comodoro Py avala un planteo de Macri contra la medida probatoria ordenada por Servini.

Bruglia es uno de los “jueces independientes” que Macri coló en la Cámara por medio de un DNU, mientras que Irurzun fue el único de los 4 que siguieron en el tribunal con la llegada de Cambiemos. Es el juez que da nombre a la mal llamada doctrina Irurzun, con la que el macrismo se sirvió para encarcelar dirigentes opositores que carecían de sentencia.

El peritaje que solicitó Servini

El 6 de julio pasado, la magistrada Servini ordenó una medida de prueba consistente en un peritaje de las llamadas entre Macri y otros funcionarios por el lapso que va desde el el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019.

Se trata del entrecruzamiento de llamadas de los integrantes de la mesa judicial acusada de persecución a López y de Souza para hacerse con las empresas del Grupo Indalo.

Además de a Macri, la medida alcanza al apoderado del PRO José Torello, el “amigo del alma” de Macri, Nicky Caputo, el operador judicial Fabián “Pepín” Rodríguez, el ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana, el ex secretario de Energía Javier Iguacel y los ex titulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli.

También se busca peritar las llamadas de los empresarios Martín Rappallini, Oslando Terranova e Ignacio Rosner, a quienes se acusa de intentar quedarse con las empresas del Grupo Indalo mientras López y De Sousa iban a prisión.

Un peritaje más acotado

Irurzun y Bruglia consideran que el peritaje que ordenó Servini “excede los límites” de lo necesario para la investigación y le ordenan que “emita un nuevo pronunciamiento donde se limiten los alcances de las medidas de prueba a los espacios de tiempo que se ciñan estrictamente a los momentos -a su modo de ver- relevantes según la hipótesis fijada en el caso”.

Las apelaciones fueron presentadas por el mismo Macri, que abandonó el país tras conocer la decisión de Servini, así como por Torello y “Pepín” Rodríguez Simón, e inicialmente fueron denegadas por la jueza Servini.

Según los camaristas estuvieron “mal denegadas”, y consecuentemente revocaron el primer peritaje, ordenando a Servini que disponga uno más limitado.

Según publica El Destape, se pide que:

“Ni bien se produzcan los primeros resultados de las diligencias (elaboración de los listados de llamados de los abonados individualizados), esa información sea recibida únicamente por el juzgado, para que la directora del proceso esté en condiciones de determinar cuáles datos son ajenos al legajo –imponiendo su eliminación- y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de la justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas”.

En concreto, se ordena que se elimine toda información que no esté vinculada a la causa explícitamente. Si bien se trata de algo que corresponde, el hecho que dos camaristas macristas tengan la necesidad de aclararlo habla de un temor a que Mauricio Macri sea tratado del mismo modo que se manejo un sector del poder judicial con Cristina Fernández de Kirchner durante el gobierno del mismo Mauricio Macri.

 

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Redacción

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