La Justicia Federal investiga acciones de espionaje político ilegal por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el marco de la campaña electoral legislativa de 2017.
En el auto de procesamiento del exagente Pablo Pinamonti, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, argumenta que existieron acciones de campo incluso en puntos del interior, como Bahía Blanca y Mar del Plata.
El proyecto AMBA y las bases históricas
Recientemente, Ramos Padilla citó a indagatoria a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por presunto espionaje ilegal en el marco de la campaña electoral 2017. La resolución incluye el procesamiento de Pablo Pinamonti como el máximo responsable de las tareas de inteligencia que el macrismo desplegó en territorio bonaerense.
Ese despliegue fue posible gracias al Proyecto AMBA, que consistió en la creacion de seis bases operativas de la AFI en el conurbano bonaerense.
Además, las acciones de espionaje político utilizaron las "bases históricas" de la capital bonaerense, La Plata, y de Mar del Plata y Bahía Blanca.
"Si bien para el discurso público se crearon para investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas, como veremos, en la práctica se utilizaron casi exclusivamente para realizar espionaje interno de tipo político" indica el escrito de Ramos Padilla.
El rol de Pablo Pinamonti
Pablo Pinamonti era el encargado de las 9 bases operativas de la AFI en territorio bonaerense. Oficialmente, se conoció como la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires.
La mencionada Dirección incluía las tres bases históricas de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, y también se le sumaban las 6 nuevas bases del conurbano, localizadas en Morón (Haedo), San Martín, Quilmes, Pilar, La Matanza y Ezeiza.
Recientemente, la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó pruebas de operaciones ilegales que se realizaron durante el gobierno de Mauricio Macri. Las tareas quedaron documentadas en registros hallados en dependencias de la Agencia. Algunas de las pruebas, por ejemplo, demuestran el espionaje a familiares de tripulantes del ARA San Juan.
Efectivamente, la mayoría de las operaciones realizadas durante ese periodo no respondían a la función natural de prevenir las situaciones de riesgo para los que está pensada la Agencia, sino que por el contrario, se trabajó en armar carpetas de personas y organizaciones involucradas en algun tipo de activismo o militancia política, gremial o social.
Por esto mismo, Ramos Padilla le solicitó a Caamaño que le entregue toda documentación de "fichaje político" de ciudadanas y ciudadanos que se encuentre en las bases históricas de Bahía Blanca, Mar del Plata y La Plata.
También le solicitó informes acerca de la identidad de los jefes de las bases del conurbano como de las del interior y La Plata, así como de Daniel Salcedo y Antonio Melito que eran los coordinadores de las bases.
Pinamonti recibía informes semanales de todas las bases, incluyendo la de puntos tan alejados como Mar del Plata o Bahía Blanca, y tenía línea directa con el cerebro de la AFI, la entonces subdirectora Silvia Majdalani.
¿Cómo fue el espionaje político?
Según el juez Ramos Padilla, se pueden observar desde "tareas de campo" como técnicas de "ciberpatrullaje" y "compulsas abiertas", informes o partes de inteligencia.
El magistrado argumenta que entre el periodo que va desde abril a diciembre de 2017, las nueve bases estuvieron bajo la órbita de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires antes mencionada, que encabezaba Pinamonti.
Sin embargo, el punto central es que se sostiene que en ese periodo, "todas ellas realizaron labores de inteligencia prohibidas, recopilando información de ciudadanos por el solo hecho de su opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales o culturales", algo que el mismo escrito señala que está penado por la ley de Inteligencia Nacional
