En una nueva audiencia de la Megacausa Zona 5, la querella finalizó con la exposición de los padecimientos sufridos por las 321 víctimas del juicio, concentrándose en los casos de jóvenes estudiantes e inmigrantes trabajadores.
En la audiencia del pasado jueves 31 de octubre, las querellas de H.I.J.OS. Bahía Blanca y de la secretaria de Derechos Humanos de la Nación, en el marco de la Megacausa Zona 5, prosiguieron con su alegato acusatorio en el cual las abogadas finalizaron con el detalle de lo padecido por las 321 víctimas del juicio.
Antes de tomar la palabra las abogadas querellantes Mónica Fernández Avello y Anahí Junquera, la fiscalía se tomó unos minutos para expresar una situación que le había quedado al pendiente de realizar, que era la unificación de penas para aquellos imputados que ya tienen condenas previas.
El Ministerio Público Fiscal volvió a pedir prisión perpetua para los genocidas ya condenados Abelleira, Páez, Granada, Taffarel, Condal, Mason, Cabezón, Del Pino, Sierra.
Entre tanto, en los casos de los imputados Selaya, Gandolfo, y Rojas, se solicitó la pena máxima acorde a la cantidad y gravedad de los delitos, que es la de 25 años de Prisión. En todos los casos la fiscalía pidió también la inhabilitación absoluta y perpetua.
El pensionado como semillero de compromiso social
Dentro del análisis que las abogadas querellantes prosiguieron detallando, uno de los casos a destacar de la jornada fue el de los estudiantes universitarios de la residencia universitaria católica que funcionaba en calle Zapiola 428 de la ciudad de Bahía Blanca, donde un gran grupo de estudiantes fueron secuestrados en conjunto. En esta Megacausa se investiga la desaparición de algunos de sus miembros, y el secuestro de muchos otros.
Dicho pensionado cumplió una función importante en la vida de muchos jóvenes que, en ese momento de ebullición política y militante, pasaron por allí. Significó una gran experiencia de convivencia y, para muchos, el comienzo de la militancia en diferentes espacios.
En la madrugada del 24 de marzo de 1976, un grupo numeroso de personal armado del Ejército irrumpió violentamente en el pensionado que dependía de la curia local y procedió al secuestro de un nutrido grupo de estudiantes. Los jóvenes permanecieron más de diez días desaparecidos sin que sus familias supieran sobre su paradero.
Ya con anterioridad, el lugar había sido blanco de las patotas parapoliciales de la Triple A, y hasta había sido baleado el frente del edificio donde funcionaba el pensionado.
La testigo de concepto convocada por el Ministerio Público Fiscal, la doctora Virginia Dominella, realizó un minucioso detalle de lo sucedido en esta pensión, ya que posee una amplia trayectoria en investigaciones y su objeto de estudio han sido las trayectorias religiosas y políticas de las juventudes y grupos católicos, principalmente de las décadas del ’60 y ’70 en nuestra ciudad, el país y América Latina.
Parte de su material académico está aportado como prueba a la Megacausa. El pensionado era “un espacio de encuentro muy importante de sociabilidad juvenil, estudiantil, católico y político” dijo la profesional. Sus investigaciones han sido publicadas y son permanente material de consulta.
Muchos de los residentes (que no se limitaron a personas de militancia católica) tuvieron una participación militante, social, barrial y política de gran importancia, con una impronta antidictatorial, antiimperialista y revolucionaria.
La querella se centró en el secuestro conjunto de 8 estudiantes que sobrevivieron a la redada. Muchos de ellos declararon en este o en otros juicios, pudiendo reconstruir mucho de lo investigado y juzgado.
Además de las vejaciones personales relatadas por las víctimas que fueron secuestradas en el pensionado, todas enfatizaron que fueron víctimas de robo de todas sus pertenencias por parte de las fuerzas.
“Cuando le reclamamos a Mons Ogñeñovich lo que nos robaron (en la pensión) nos dijo que era botín de guerra. ‘Nosotros no estamos en ninguna guerra’, le dije. A mí me robaron el dinero con que me iba a comprar una moto, relojes, cadenitas de oro, grabadores, no dejaron nada, quedaron las camas y los colchones nomás“, declaró uno de los testigos víctima.
Posteriormente, el pensionado fue cerrado por orden de Monseñor Jorge Mayer por ser considerado un “semillero de subversivos”, según consideraba el cura, colaborador del Terrorismo de Estado.
La pensión había sido comprada por las familias de los pensionistas y éstas pusieron a la Curia a que la gestione. “A los meses que nos sacaron a nosotros, la Curia lo puso en venta a través de los hermanos Terranova y se vendió. Y no era de ellos, solo lo tenían que administrar”, dijo una de las víctimas que declaró en el juicio.
Si bien las víctimas generales del pensionado corrieron diferentes suertes, todos fueron violentados, muchos de ellos torturados, algunos desaparecidos, otros exiliados y la gran mayoría dejó los estudios -o los continuó con posterioridad- por el terror en que los habían sumido.
Una de las víctimas de la Megacausa que se encuentra desaparecida, el estudiante Hugo Alfredo Fuentes, formaba parte del pensionado y se había ido del mismo antes del golpe genocida, debido a que ya sufría persecución.
Un compañero de estudios y de pensionado de Hugo Fuentes relató como testigo en la Megacausa. “La mayoría de los estudiantes queríamos una universidad más democrática, más abierta al pueblo. Nos enfrentábamos a gobiernos que no respondían a esos parámetros. Queríamos un país más justo, más libre, más soberano”, explicó, al tiempo que completó:
“Hugo estudiaba licenciatura en Letras. Era muy estudioso, muy solidario, tenía mucha dedicación a la lectura. Leía muchos autores y poetas de ese tiempo: Neruda Vallejos, Benedetti, Galeano, Almafuerte… Era un soñador”.
El barrio 17 de agosto en la mira de la represión y de los negocios
Otro de los grupos detallados por la querella y que el Terrorismo de Estado lo había hecho blanco de sus persecuciones y secuestros, fue el de los habitantes del barrio 17 de agosto, conocido como Palihue Chico.
El barrio estaba ubicado en donde hoy está emplazado el parque Boronat, circundado por el Arroyo Naposta y las vías. Allí habitaban unas 100 personas, la gran mayoría inmigrantes chilenos.
Sus moradores, en 1976 primero y en 1978 después, ante la cercanía de una supuesta guerra con Chile, sufrieron secuestros masivos, vejaciones y violaciones a todos sus derechos agravados por la xenofobia puesta de manifiesto por la dictadura genocida.
Tiempo después, a fines de la década del ’70 y principios de los ’80, se comenzó con el entubado del arroyo y topadoras pasarían por encima de todo el barrio 17 de Agosto, desapareciéndolo al igual que a tantos bahienses.
La dictadura genocida y sus socios económicos tenían otros planes más sustanciosos para ellos en lugar de una barriada de inmigrantes trabajadores.
Centésima decimocuarta audiencia de la Megacausa Zona 5 (31 de octubre de 2024)
¿Cuándo continúan las audiencias?
La próxima audiencia, donde la querella proseguirá detallando los casos de las víctimas, se realizará el día jueves 7 de noviembre, desde las 9 horas, en la sede del Tribunal Oral Federal en Chiclana y Lavalle, cuando se continuará con el alegato del Ministerio Público Fiscal. Entretanto, la siguiente se llevará adelante el jueves 21 de noviembre.
Cabe recordar que los juicios son orales y públicos, y puede concurrir cualquier persona que así lo desee presentando su DNI.
Además, las audiencias se pueden observar en el canal de YouTube del Poder Judicial, de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, y también en el micrositio de la Megacausa Zona 5 en el Ágora Digital.
