La fiscalía concluyó con el análisis de la totalidad de los imputados en la Megacausa Zona 5 con los casos de Claudio Alejandro Kussman y Héctor Luis Selaya, y se refirió a la participación de la Unidad Regional Quinta en la persecución de personas durante la última dictadura.
El pasado miércoles 18 de septiembre se cumplió la centésima octava audiencia en la Megacausa Zona 5, donde se juzga actualmente a 36 imputados por los crímenes contra 320 víctimas en la ciudad de Bahía Blanca.
En este caso fue el turno del análisis del integrante de la policía bonaerense Claudio Alejandro Kussman, quien está acusado por delitos de lesa humanidad contra siete víctimas, incluyendo el homicidio del primer desaparecido bahiense, Daniel José Bombara.
De esta forma, es entra en la etapa final del alegato de la fiscalía y la próxima jornada de alegatos, una de las ultimas que utilizará para alegar el Ministerio Público Fiscal, se llevará adelante el día jueves 26 de septiembre.
El rol de las policías y la Unidad Regional V en el esquema represivo
Por decreto firmado en octubre de 1975, las policías se encontraban bajo control operacional del Consejo de Defensa. Así, la directiva 1/75 dispuso:
“Instrumentar el empleo de las Fuerzas Armadas, Fuerzas policiales y otros organismos puestos a disposición del Consejo de Defensa para la Lucha contra la Subversión […], las cuales ejecutarán la ofensiva contra la subversión en todo el ámbito del territorio nacional para detectar y aniquilar a las organizaciones subversivas”.
En Bahía Blanca, la Unidad Regional Quinta actuó bajo el control operacional del Comando del V Cuerpo de Ejército. “Estaba reglamentariamente previsto que las policías provinciales intervinieran plenamente en el accionar antisubversivo, ya sea por misión asignada o por propia iniciativa”, resumió la fiscal Paula Molini.
En el proceso de persecución de personas, sobre todo en los años previos al golpe de Estado, la Unidad Regional Quinta y la Brigada de Investigaciones fueron los elementos operativos que realizaban todos los procedimientos ilegales contra personas catalogadas como “subversivas”.
Luego, al producirse el golpe, fueron los grupos de tareas del ejército como la compañía Mayor Keller y la Agrupación Tropa los que tuvieron la principal relevancia en los secuestros y operaciones clandestinas. La Unidad Regional continuó su misión como grupo de tareas, pero en coordinación con los otros grupos represivos. En este punto, la fiscalía puso énfasis en que:
“Todos los extremos que venimos reseñando ya fueron abordados por el Tribunal que dictó la sentencia en la causa ‘González Chipont’, juicio en que se condenó a dos miembros de la Unidad Regional Quinta que, junto a Kussman y a Loncon, conformaban el servicio externo -grupo de tareas- de la unidad regional Quinta”.
La fiscal se refiere específicamente a los genocidas Pedro Noel y Jesús Salinas quieren fueron condenados a prisión perpetua como autores del secuestro y las torturas de dos mujeres sobrevivientes y por el asesinato de Daniel Bombara. Idéntica acusación recae sobre Claudio Kussman.
El Ministerio Público Fiscal también resaltó lo dicho en dicha sentencia que condenó a los policías secuestrado y que expresa sobre la Unidad Regional. En los fundamentos de la sentencia González Chipont se describe el esquema al que respondían los dos condenados en esa sentencia, Noel y Salinas, y también el actual imputado Claudio Kussman:
“La Unidad Regional V de Bahía Blanca puesta bajo el control operacional del Comando del V Cuerpo de Ejército a los fines de la denominada “lucha antisubversiva”, llevó adelante operativos de secuestros –contando para ello con un grupo operativo propio-; colaboró con el cautiverio clandestino de personas secuestradas que fueron alojadas y torturadas en dependencias policiales ubicadas en su jurisdicción territorial -donde era la máxima autoridad policial, primero en términos operativos (hasta diciembre de 1976) y luego de coordinación-; e integró la comunidad informativa local colaborando con la actividad de inteligencia dentro de la Subzona 51”.
El Grupo de Tareas de la Unidad regional V
En el avance de las pruebas sobre las responsabilidades penales de los acusados, la fiscalía procedió a analizar las concernientes al policía de la provincia de Buenos Aires Claudio Alejandro Kussman, quien revistó en la Policía bonaerense desde el año 1964, pasando por diversas dependencias de la ciudad de Bahía Blanca y la zona.
En 1975 fue destinado a la delegación local de la DIPBA (Dirección de Inteligencia de la policía de Buenos Aires) y en septiembre del mismo año, en la Unidad Regional Quinta, de Avenida Alem al 800 (Bahía Blanca), lugar donde permaneció hasta el año 1980.
De acuerdo a la documentación presentada por fiscalía se desprende que Kussman formaba parte del Servicio externo -grupo de tareas- junto con otros policías como lo fueron Pedro José Noel y Jesús Salinas, ambos juzgados y condenados por delitos aberrantes de Lesa Humanidad.
Una de las numerosas documentales presentadas por la fiscalía es una “felicitación” exclusiva para los cuatro miembros del grupo de tareas: Kussman, Noel, Salinas y Loncon por el genocida Ramon Camps, Jefe de la Policía de la Provincia, a quien en 1986 la Cámara Federal lo encontró culpable de setenta y tres casos de tortura y asesinatos, y fue condenado a veinticinco años de prisión.
Frente a las leyes de impunidad, se le denegó la obediencia debida por haber tenido alta nivel de decisión en las órdenes impartidas. En 1990, Camps es indultado por Carlos Menem y muere impune en 1994. Las felicitaciones eran por su labor destacada “contra el avezado delincuente común o contra el criminal terrorista”.
Pero no todo eran felicitaciones. Kussman registra en su legajo diferentes “sumarios por faltas en servicio” que fue documentada en el alegato, y en el cual se le imputaban “apremios ilegales”, “denuncias” y “privación ilegal de la libertad” cometidas siempre junto a algunos de sus compañeros de calle, Noel, Salinas o Loncon. Los felicitaban y los sancionaban, siempre de manera conjunta.
Además de la prueba relativa al legajo de Kussman, la fiscalía expuso distintos documentos de algunos años antes del Golpe de Estado, que dan cuenta de su participación en persecuciones y detenciones de militantes políticos y de estudiantes universitarios, los cuales sufrieron diversos vejámenes los cuales eran registrados por la DIPBA bajo el eufemismo de “Arduos e intensos interrogatorios”. Léase: salvajes torturas.
El primer desaparecido bahiense en manos policiales
El 29 de diciembre de 1975 se produce el secuestro de Daniel Bombara y dos de sus compañeras de militancia en el Barrio Noroeste de Bahía Blanca. En dicho secuestro está imputado Kussman, junto a los ya condenados Noel y Salinas, por las torturas infligidas a los tres militantes y por el asesinato y posterior desaparición de Bombara.
El fiscal Fermento resumió la increíble puesta en escena que montaron los secuestradores de Bombara para hacer desaparecer su cuerpo, en lo que parece -más que una operación psicológica- una obra de teatro muy mal actuada:
“Las torturas sobre Bombara fueron feroces y como provocaron su muerte, para hacerlo desaparecer se montó una operación psicológica en la que simularon un intento de fuga de Bombara donde se arroja del vehículo, y a raíz de las lesiones fallece, y que cuando su cuerpo era trasladado desde la UP4 al hospital municipal, su cuerpo fue robado por un grupo de la agrupación Montoneros”.
El cuerpo de Bombara permaneció desaparecido durante tres décadas y media, constituyéndose en el primer desaparecido de la ciudad de Bahía Blanca, para ser hallado en 2011 en el cementerio de Santa Mónica, gracias a la invaluable labor del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Además, siguiendo con el ocultamiento del asesinato, los secuestradores y asesinos de Bombara hicieron figurar como responsables del operativo a tres policías fantasmas, es decir inexistentes.
Al investigar nombres y números de legajos, el Ministerio de Justicia y Seguridad respondió que no existen policías con esos nombres y que esos números de legajos pertenecen a otros efectivos, completando así una burda operación de ocultamiento del crimen.
Con todos los testimonios y la documentación presentada, para la fiscalía se encuentra probada la participación de Kussman en todas las acusaciones que se le imputan.
“Todos los operativos de secuestros a cargo de la Unidad Regional Quinta eran ejecutados por el grupo de tareas que estaba integrado por el acusado junto a Noel, Salinas y Loncon, quienes además intervenían en los interrogatorios bajo tortura y en los aspectos operativos y logísticos en el marco del Plan criminal”, concluyó la fiscalía.
Para concluir con la prueba del último de los acusados presentados por la fiscalía, se analizó el caso de Héctor Luis Selaya, quien revistaba como director de la Unidad Penal 4 del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Selaya se encuentra acusado por delitos de lesa Humanidad cometidos contra 33 víctimas de la Megacausa en trámite y cabe recordar que el genocida va camino a su cuarta condena, ya que posee tres condenas en causas anteriores: Bayón, Fracassi y González Chipont.
De esta manera, la fiscalía concluyó con el análisis de la totalidad de los imputados en la Megacausa Zona 5.
Centésima octava audiencia de la Megacausa Zona 5 (18 de septiembre de 2024)
¿Cuándo continúan las audiencias?
La próxima audiencia se realizará el día jueves 26 de septiembre, desde las 9 horas, en la sede del Tribunal Oral Federal en Chiclana y Lavalle, cuando se continuará con el alegato del Ministerio Público Fiscal. Entretanto, la siguiente se llevará adelante el lunes 7 de octubre.
Cabe recordar que los juicios son orales y públicos, y puede concurrir cualquier persona que así lo desee presentando su DNI.
Además, las audiencias se pueden observar en el canal de YouTube del Poder Judicial, de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, y también en el micrositio de la Megacausa Zona 5 en el Ágora Digital.
