En el marco de la Megacausa Zona 5, la fiscalía concluyó el análisis de los acusados que revistaban en el destacamento de Inteligencia 181 y se refirió a la centralidad de la acción psicológica sobre la población en el plan represivo de la última dictadura.
El pasado jueves 15 de agosto se llevó adelante la audiencia número 104 en la Megacausa Zona 5, en la que el Ministerio Público Fiscal continuó detallando las responsabilidades de los acusados que revistaron en el área de Inteligencia y en el de operaciones del G3 del Comando V Cuerpo de Ejército.
En la décimo sexta jornada de alegatos se puntualizó en quienes hicieron uso de las estructuras estatales para llevar adelante el plan criminal de la última dictadura militar, en particular: Norberto Eduardo Condal, Carlos Taffarel, Víctor Raúl Aguirre, Mario Horacio Torres y Osvaldo Bernardino Páez.
El destacamento y su patota
La fiscal Paula Molini comenzó refiriéndose a los elementos de la acusación hacia Norberto Eduardo Condal, el cual revistó en el destacamento de Inteligencia 181, y que está acusado en este juicio por los hechos cometidos contra 227 víctimas.
Cabe destacar que, además, el genocida posee dos condenas a prisión perpetua en nuestra ciudad y una tercera -también a perpetua- en la jurisdicción de la provincia de Neuquén. Algunas de ellas se encuentran firmes.
En su indagatoria, el represor se escudó en haber estado destinado a tareas de inteligencia por el conflicto con Chile, excusa que comúnmente utilizan para dar cuenta de sus actividades en la época.
La fiscalía detalló como en el departamento de Inteligencia “dentro de la sección Ejecución, revistaron los cuadros de Personal Civil de Inteligencia, PCI”, que eran “los buchones o servicios”. Es decir, quienes se infiltraban en manifestaciones y diferentes ámbitos para recabar información, señalar y delatar.
Allí, entre otros, figuran Hugo Del Valle, Héctor Calzeta, Juan Amerio, Carlos Uribe, Antonio Mazzotta, Héctor y Jorge Chizu, entre otros, los cuales recibían una bonificación en el salario “por el desarrollo de actividad riesgosa por el cumplimiento de tareas efectivas de calle”.
Calzeta figura en la nómina de PCI como fotógrafo, tal cual como fue identificado por sobrevivientes que fueron fotografiados en el Centro Clandestino La Escuelita. Por su parte, los hermanos Jorge y Héctor Chizu (alias “Ginebra y Petaca”) y Antonio Mazzotta, eran parte del grupo de tareas al servicio del General Vilas.
Cabe recordar que, en la Causa Aceituno, conocida como “Causa Triple A”, el tribunal reconoció que los tres fueron parte de la patota paraestatal Triple A en Bahía Blanca en los años previos al golpe.
Es decir que, una vez producido el golpe de Estado de 1976, fueron absorbidos como mano de obra del destacamento de inteligencia del Ejército de manera formal, seguramente por su “experiencia” criminal en secuestros torturas y asesinatos.
El destacamento de inteligencia ocupaba un lugar central en el trazado delictivo que se juzga, donde los agentes se encontraban bajo el mando de los múltiples condenados Condal y Granada.
Condal, luego de su paso por Bahía Blanca, pasó a ser jefe de la sección Inteligencia en Campo de Mayo, lugar donde hoy se encuentra cumpliendo prisión en la U34 y deberá responder como coautor mediato en perjuicio de 227 víctimas en este nuevo juicio en su contra.
La acción psicológica sobre la población en la centralidad del plan represivo
Posteriormente, el fiscal Pablo Fermento analizó la situación de Carlos Alberto Taffarel, jefe de la otra sección del destacamento de Inteligencia. Al igual que Condal, pesan sobre él dos condenas a perpetua en Bahía Blanca y una tercera en la jurisdicción de Neuquén.
Taffarel ingresó como Técnico en Inteligencia y en 1975 fue incorporado al destacamento de inteligencia 181 como jefe de actividades psicológicas secretas. Luego fue ascendido a Capitán. Se mantuvo en los cargos de inteligencia hasta el año 1998, ya en avanzada etapa de la democracia.
Esta unidad de Actividades psicológicas secretas tenía como finalidad “actuar como un órgano de colección de inteligencia a través de la comunidad informativa o a través de sus propios medios en La Escuelita”. Es decir, recabar información por los espías o por las torturas a personas secuestradas.
La fiscalía subrayó en este punto que “la actividad psicológica se encuentra contemplada en todos los trazados reglamentarios, directivas, planes, iniciales y generales de la empresa de exterminio”, por lo que se puede ver la preponderancia que la dictadura genocida le dio a la actividad psicológica como prioritaria.
Ya Vilas había hablado en sus escritos sobre “una planificada acción de propaganda y acción psicológica sobre la población, como una de las medidas centrales del plan represivo”.
¿De qué se trataba la acción psicológica?
Esta acción se desarrolla en el reglamento RC5-2, donde se explican los pasos técnicos que la fiscalía detalló e ilustró con un gráfico del “ciclo de operaciones sicológicas” que consistía en la fijación del blanco, el secuestro, la tortura y eventualmente el blanqueo, la liberación, la eliminación física a través de un falso enfrentamiento, o la desaparición de la víctima.
Dentro de la producción y diseminación de acciones psicológicas, la fiscalía detalló que incluía “la elaboración de libretos de radio y televisión, discursos proclamas y material para producción, esto es la materia prima de esta realidad ficticia que había que transmitir al público” teniendo la radio y la televisión como principales transmisores.
Esto fue muy claro en los artículos del diario local La Nueva Provincia, en relación al relato mentiroso construido sobre los falsos enfrentamientos o la estigmatización persecutoria de militantes de los cuales se exhibían sus fotos en el diario decretando lo que un sobreviviente llamó “la muerte civil”.
Este apartado de acción psicológica mediática tiene un correlato sumamente actual, con medios hegemónicos que son replicadores de discursos de poder, sin necesidad de recurrir a las dictaduras de antaño.
En un artículo de los reglamentos que la fiscalía detalló, denominado “capacidades de la acción sicológica” se expresa este revelador contenido que posee una asombrosa actualidad:
“Estos procedimientos tienen que ver con la acción sugestiva que apela al plano afectivo del blanco con el argumento que las emociones y los sentimientos primaran sobre lo intelectual y que el juicio reflexivo estará disminuido, anulado o condicionado de acuerdo con la intensidad emocional que domine al blanco psicológico”.
Las acciones psicológicas como métodos de control y dominación de parte de quienes ostentan el poder no son novedosas y mucho menos cuestiones del pasado.
Por el lugar en la cadena jerárquica que ocupaba el imputado Taffarel, todo lo que pasaba en el Centro Clandestino La Escuelita y el resto de los centros clandestinos de la subzona 51, era de su injerencia.
Especialista en tortura
Otro de los imputados que trato la fiscalía, quien también revistaba en actividades psicológicas secretas, fue Víctor Raúl Aguirre, en este caso, ya condenado con dos perpetuas previas.
Se lo está juzgando en esta Megacausa por los delitos cometidos contra 187 víctimas. Provenía de la escuela de inteligencia del Ejército y estuvo en el destacamento 181 hasta el año 1983 cuando pasó al batallón 601.
Llegó a la ciudad de Bahía Blanca de la mano del General Vilas desde la provincia de Tucumán. Es otro de los imputados que integraba el grupo que actuó en el Operativo Independencia bajo las órdenes de dicho genocida.
Aguirre realizó cursos especiales para interrogadores, aunque aclaró la fiscal Molini que:
“Los hechos de este juicio demuestran que Aguirre ya participaba de los interrogatorios bajo tortura, como quedó demostrado con el caso de José Luis Gon, que ya fue juzgado y condenado, y el de su esposa por el que está siendo juzgado en este juicio”.
Con este imputado, el Ministerio Público Fiscal concluyó el análisis de los cuatro acusados que revistaban en el destacamento de Inteligencia 181. Al respecto, explicaron:
“Las conclusiones expuestas fueron compartidas por este Tribunal con distinta integración, en tres sentencias diferentes: Bayón, que se encuentra firme, Fracassi y González Chipont, oportunidades en las que todos ellos fueron condenados a prisión perpetua por hechos cometidos en el ejercicio de los mismos roles delictivos que los que estamos analizando en este debate”.
Por último, concluido el análisis del área de Inteligencia, la fiscalía pasó a analizar la responsabilidad de los imputados que revistaron en el Departamento III de operaciones del Comando, cuyo accionar giraba en torno a la decisión sobre la forma de ejecutar los allanamientos, los secuestros y los homicidios que se están ventilando en el juicio.
Para ello detallaron la responsabilidad de los acusados Mario Horacio Torres jefe del Departamento III, y Osvaldo Bernardino Páez. Este último, acreedor de 3 condenas a prisión perpetua, dos en Bahía Blanca y una en Neuquén.
A Torres, que llega a juicio por primera vez, se le imputa acción directa sobre su participación en la farsa de los juzgamientos en consejos de guerra y también de los brutales operativos de persecución y secuestros realizados sobre la comunidad chilena en el barrio 17 de Agosto.
Centésima cuarta audiencia de la Megacausa Zona 5 (15 de agosto de 2024)
¿Cuándo continúan las audiencias?
Las audiencias proseguirán el día jueves 22 de julio, desde las 9 horas, en la sede del Tribunal Oral Federal en Chiclana y Lavalle, cuando se continuará con el alegato del Ministerio Público Fiscal.
Cabe recordar que los juicios son orales y públicos, y puede concurrir cualquier persona que así lo desee presentando su DNI.
Además, las audiencias se pueden observar en el canal de YouTube del Poder Judicial, de la subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, como también en el micrositio de la Megacausa Zona 5 en el Ágora Digital.
