Se retomaron las audiencias en las Megacausa Zona 5 tras el receso invernal, y en este caso el Ministerio Público Fiscal detalló las responsabilidades de los imputados que pertenecían a la compañía de combate Mayor Keller del Batallón de Comunicaciones 181.
Concluido el receso por feria judicial de invierno, este jueves 1 de agosto se retomaron las audiencias en la causa “Ayala, Felipe y Otros…”, correspondiente al juicio por delitos de Lesa Humanidad que se realiza en la ciudad de Bahía Blanca.
En el marco de la Megacausa Zona 5, se está juzgando a 36 acusados de delitos aberrantes como secuestros, torturas, violaciones, desapariciones, homicidios y robos de bebés.
En esta décimo cuarta jornada de alegato, el Ministerio Público Fiscal a cargo de los fiscales Miguel Palazzani, Pablo Fermento y Paula Molini, avanzó con las responsabilidades de los imputados que revistieron en el Batallón de Comunicaciones 181.
Las últimas audiencias lo habían hecho con los cuadros jerárquicos más elevados y en esta oportunidad continuaron con los acusados en este juicio que fueron jefes de sección y jefes de grupo, perteneciente a la compañía de combate Mayor Keller.
Compañía de Combate “Mayor Keller”, creada para aniquilar
A los fines de cumplir con la misión de aniquilamiento en el Área 511, el batallón tomó la Compañía A, la despojó de todo su contenido de comunicación y la transformó completamente con nuevas secciones y grupos que se encargaron únicamente de la alegada “lucha contra la subversión”.
La compañía “Mayor Keller” tenía una sección que recibía el nombre de “Sección antiguerrilla”, que a su vez estaba conformada por grupos, también denominados como “grupos antiguerrilla”. Funcionó desde marzo de 1976 a enero de 1977, con la única tarea de realizar operativos de secuestro y vigilar a los cautivos del batallón.
El personal de esta compañía había recibido instrucción especial “antisubversiva”, reforzada con suboficiales que habían sido especialmente enviados a la Provincia de Tucumán, al Operativo Independencia, para así “capacitarse” en el aniquilamiento del opositor mediante una empresa criminal conjunta.
En esta cadena de mando, los jefes de Sección se conformaban por el cuerpo de oficiales que emitían las órdenes a la tropa en la realización de los operativos y actos de la unidad dentro o fuera del Batallón.
Ellos eran quienes instruían y arengaban en la “lucha contra la subversión”, ordenaban las guardias en los lugares de cautiverio de los secuestrados, y las salidas a efectuar operativos de secuestros. Es decir, los jefes de sección fueron quienes materializaron estas órdenes de aniquilamiento, en hechos concretos, como violaciones de domicilios, secuestros, golpizas, torturas, saqueos, etc.
Toda esta trama de coordinación de la empresa criminal en el batallón, y específicamente con la Compañía Mayor Keller, pudo verse y plasmarse claramente en todo el debate, mediante las importantes declaraciones de los soldados conscriptos que pasaron por ese lugar al momento de los hechos.
Sus testimonios fueron elocuentes y dieron cuenta de que en la compañía de combate las órdenes se emitían fundamentalmente de quiénes eran los subtenientes o los suboficiales que estaban bajo su mando, que son quienes se encuentran siendo juzgados en este debate.
Entre ellos están los imputados, Claudio Gandolfo, Raúl Andrés, Eduardo Videla, Enrique Stel, Martin Gutiérrez Velazco, Vicente Flores y Emilio Etchart.
De todos ellos, que fueron a quienes los colimbas más recordaban, partían las órdenes ilegales para cometer los delitos de Lesa Humanidad que se están juzgando. La fiscalía detalló la responsabilidad de cada uno de ellos en esta pasada audiencia.
Además, el Ministerio Público dejó demostrado que el Batallón se reorganizó para cometer una seguidilla continua e ininterrumpida de secuestros, y cada uno de los oficiales conocía desde el inicio y posteriormente los delitos que se cometerían teniéndolos a ellos como co-autores.
Concretamente “el batallón, al alojar a más de un centenar de secuestrados, se transformó en una cárcel, en un gran espacio de encierro clandestino” dijo el fiscal Pablo Fermento al respecto.
El maltrato a los conscriptos: “Eran unos sádicos”
Los conscriptos, además de esclarecer de quiénes emanaban las órdenes y quiénes los llevaban a los operativos, pudieron dar cuenta de las particularidades personales y los maltratos a los que eran sometidos por sus jefes militares. Uno de los soldados al ser consultado por sus jefes en la compañía combate, expresó:
“Recibía órdenes generalmente de subtenientes, por ejemplo, Stel, Videla, Gandolfo… Y no me acuerdo más… De ellos me acuerdo porque eran bastante sádicos”.
Mas adelante otro conscripto declaro que “todos se manejaban con voz de mando a los gritos y con violencia”.
Otro soldado relató que el acusado Raúl Andrés, en medio de una arenga para salir a secuestrar, le gritó: “Mirame con cara de odio, como si fuera el subversivo que le está quitando el pan a tus padres”.
La fiscal Paula Molini recordó otro episodio recordado por un conscripto, que expresó que “recordaba a Eduardo Videla en una práctica de tiro con un Fal, que efectuaba disparos entre los conscriptos y que resulto que un disparo dio en la pierna de un soldado de apellido Picchi“.
“Pichi declaró en esta causa y confirmó el episodio de los disparos explicando que los oficiales disparaban al piso alrededor de los soldados y ellos debían permanecer quietos”, completó. A Videla, los soldados lo recordaron como “muy agresivo con ellos”.
El balazo que recibió el soldado Picchi fue disparado por el imputado en la megacausa, Enrique Stel. Así se divertían los oficiales y suboficiales, maltratando y torturando psicológica y físicamente a los soldados que hacían el servicio militar, que en esa época era obligatorio.
Excusas repetidas y testigos corporativos
La escasa edad de los imputados al momento de los hechos es una de las excusas que los imputados exponen. La fiscalía aclaró al respecto que “se escudan en esa situación para tratar de desligarse de la posición de mando que se le adjudica”-
Sin embargo, “tenían la misma edad de muchos de los acusados que ya han sido condenados y también la misma edad tenía el subteniente Corres”. Cabe recordar que el laucha Corres, con 24 años, era jefe de seguridad en el Centro Clandestino La Escuelita, y el principal y más sádico torturador.
“La edad no era impedimento para integrar grupos de tareas con capacidad de mando”, aseguró la fiscalía. Incluso el conocido y varias veces condenado genocida, Alfredo Astiz, también tenía la misma edad que estos imputados.
Otros de los pretextos esgrimidos por los acusados a la hora de deslindar responsabilidades es el de declarar que en el momento de los hechos habían sido trasladados, estaban haciendo cursos, se encontraban de licencia o se les había enfermado una tía. Cualquier excusa es útil.
A la hora de contrastar con sus legajos o con los mismos libros históricos pertenecientes a las fuerzas, argumentaron que están mal confeccionados y hasta sembraron dudas de que la documentación podría haber sido adulterada, echando mano a todo lo que implique negar su actuación y responsabilidad en el plan sistemático de exterminio.
La fiscalía también hizo hincapié en algunos de los testigos de la defensa, los de rango militar, cuyos testimonios “no resultan atendibles dado que presentan un sesgo de defensa corporativa y tendenciosa”.
Estos testigos, como ya dimos cuenta en nuestras semanales coberturas, recorren los juicios de Lesa Humanidad en diferentes lugares del país, como abonados cotidianos para la defensa de los reos. A la hora de responder preguntas de la fiscalía, algunos se muestran esquivos, otros se ofuscan y otros directamente dicen que fueron convocados para otra cosa.
La fiscalía señaló además que “la declaración de algunos de estos testigos, como el caso de Sergio Fernández y Mauricio Fernández Funes, fueron rechazadas por incurrir en falsedades en otros procesos como la causa Nicolaides”. Es decir, además de ser corporativos y tendenciosos, mienten.
Al final de la jornada, los representantes del Ministerio Público Fiscal se adentraron en el rol del Jefe de Sección de la Compañía de Comunicaciones y Comando, Ernesto Emilio Ramón Etchart, dentro del Batallón.
Centésima segunda audiencia de la Megacausa Zona 5 (1 de agosto de 2024)
¿Cuándo continúan las audiencias?
La próxima audiencia se realizará el próximo miércoles 7 de agosto desde las 9 horas, por excepción y agenda del Tribunal. El resto están fijadas para el 15 y 22 de agosto y el 5 y 12 de septiembre, y se llevarán adelante en la sede del Tribunal en Chiclana y Lavalle, para continuar con el alegato del Ministerio Público Fiscal.
Los juicios son orales y públicos, y puede concurrir cualquier persona que así lo desee presentando su DNI.
Además, las audiencias pueden observarse de manera virtual por el canal de YouTube del Poder Judicial, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, así como en el micrositio de la Megacausa Zona 5 en El Ágora Digital.
