Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otros organismos, presentaron una denuncia contra la Corte Suprema en las Naciones Unidas en la que cuestionaron la “independencia e imparcialidad de todo el sistema de justicia federal”.
El documento también lleva la firma de la Asociación civil Abogados por la Justicia Social (AJuS) La Plata Berisso y Ensenada, que junto a numerosos organismos de derechos humanos del país denunciaron que la Corte está cooptada por “injerencias político-partidarias”.
Asimismo, la denuncia fue presentada ante la relatoría especial sobre independencia judicial de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, a cargo del peruano Diego García Sayán.
La presentación hace hincapié en el fallo en el que la Suprema Corte declaró inconstitucional la conformación del Consejo de la Magistratura, que llevaba 16 años vigente, en diciembre del año pasado. Una decisión que permitió instalar al presidente supremo, Horacio Rosatti, al frente del organismo.
En este sentido, se acusa al máximo tribunal de llevar adelante una intervención “parcial e interesada” con la intención de introducirse en el Consejo, la entidad responsable de “administrar los fondos del Poder Judicial, como de la selección y sanción de magistrados”.
El documento considera entonces que se usurparon funciones de otros poderes y observa que este tipo de accionar se corresponde con la herencia “de un gobierno que ejerció un plan sistemático y estructurado de cooptación“ de los tribunales. Una referencia a la gestión de Mauricio Macri.
Si bien la Relatoría no puede emitir sanciones, puede llamar a los gobiernos a cumplir con la protección de los derechos humanos y la imparcialidad judicial. Por ello, se pide al organismo conducido por García Sayán que intervenga en esta situación y realice una visita al país.
Este tipo de planteos no es una novedad. Cabe recordar que una denuncia similar ocurrió con la intervención de Carlos Rosenkrantz como juez supremo en casos donde existen conflictos de intereses. Un ejemplo de esto es el caso del empresario Carlos Blaquier, con quien existía una relación.
Por otro lado, se encuentra la designación de Rosenkrantz y Rosatti por decreto de Macri, situación que el Senado corrigió posteriormente.
Detalles de la presentación
La actual conformación del Consejo de la Magistratura nació en 2006, cuando su número de integrantes se redujo a 13 consejeros y sacó al representante supremo. Aunque en 2013 se planteó una reestructuración a través de la “democratización de la justicia”, ésta fue finalmente declarada inconstitucional.
En este contexto, la denuncia plantea que el Consejo de 13 miembros ya había sido avalado por la corte y expresa que, bajo la excusa existir un desequilibrio en su conformación que llevaría a imponer decisiones, se busca mayor representación corporativa y el interés de la presencia de la Corte.
Por otro lado, se considera que la sentencia se basa en una situación hipotética, ya que en 16 años de vigencia no se ha producido la imposición de decisiones. “No ha existido una votación, en toda la historia, en donde verificar la proposición propuesta por la actora”, se señala.
Además, se señala que la forma en la que se dictó el fallo aseguraba el ingreso del presidente de la corte al Consejo, ya que el expediente llevaba 5 años en el máximo tribunal y hacía 3 que había dictaminado el Procurador interino, Eduardo Casal. En este contexto, observa que:
“Para ese entonces [la ley del Consejo] no sólo poseía más de 16 años de vigencia, sino que en la resolución de la Corte se dicta el 16 de diciembre de 2021, esto es a 9 días hábiles del inicio de la feria judicial, y ya entrado el receso de sesiones ordinarias en ambas Cámaras de la legislatura nacional”.
Cabe recordar que existe un plazo de 120 días para que el congreso dicte una nueva ley o vuelva a la composición anterior del Consejo, con 20 miembros. Por ello, la entrada del supremo estaba garantizada.
Desde los organismos denunciantes también ponen énfasis en el fallo del 18 de abril de 2022. A pesar de que el Congreso no había nombrado a sus representantes, se estableció que no era necesario que los nuevos miembros iniciaran su mandato en forma conjunta y simultánea, una decisión tomada “al solo efecto de posibilitar la asunción del presidente de la Corte en el Consejo de la Magistratura”.
El pedido a la ONU
Finalmente, la presentación expresa que “esta situación regresiva en derechos humanos afecta gravemente a la independencia e imparcialidad de todo el sistema judicial federal“, ya que vuelve “a instituir como presidente del Consejo de la Magistratura al Juez de la Corte Suprema de la Nación”.
Asimismo, la situación “se agrava al describir los detalles de una sentencia visiblemente parcial e interesada“, dictada con el objetivo de que el máximo tribunal “ocupe la presidencia del órgano encargado de administrar los fondos del Poder Judicial, como de la selección y sanción de magistrados”.
En este contexto, el documento expresa: “consideramos ameritan una comunicación urgente de vuestra relatoría a fin de lograr se avance con la vuelta a la institucionalidad de uno de los poderes del Estado”.
