Las investigaciones a raíz del escándalo de la “Gestapo” Antisindical en tiempos de María Eugenia Vidal profundizan los vínculos de la anterior administración bonaerense con los servicios de inteligencia del Estado. El gobierno de Vidal recurrió a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para instalar cámaras y micrófonos en una alcaidía bonaerense, que debieron ser retirados en parte después de que los propios penitenciarios advirtieron la existencia de cables sospechosos.
En la investigación surgió que el hombre intermediario entre el gobierno de Vidal y la AFI era el entonces subsecretario de Política Penitenciaria bonaerense Juan José Baric, actual juez federal de La Pampa. Baric ingresó a la sede de la exSIDE en la tarde del 6 de agosto de 2018 y dos días después fueron los integrantes del departamento de Operaciones Técnicas a cablear una unidad penitenciaria de Buenos Aires.
El 6 de agosto de 2018, Baric –integrante del ministerio de Justicia provincial vidalista a cargo de Gustavo Ferrari– ingresó a las oficinas de la AFI a las 17:21. Permaneció allí por algo más de una hora.
A los dos días, llegaba un grupo de Operaciones Técnicas de la AFI para instalar cámaras y micrófonos en la alcaidía departamental 3 de Melchor Romero, que dependía directamente del Ministerio de Justicia provincial.
La presencia de Baric es un indicio más del vínculo estrecho entre la gestión provincial de Vidal y la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri.
El exdirector de Operaciones Especiales de la AFI Alan Ruiz declaró que él siguió con Baric el tema del “cableado” de la alcaidía provincial.
Las hipótesis sobre por qué la AFI se involucró en lo que pasaba en una unidad provincial son varias. Por un lado, el abogado Daniel Llermanos denunció que estaban poniendo cámaras y micrófonos para preparar las celdas para la detención de Hugo y Pablo Moyano. Esa información fue replicada por los espías conocidos como Súper Mario Bros.
Por su lado, Alan Ruiz dijo que estaban colaborando con un traslado de los “monos” (la organización criminal narcotraficante), aunque esa versión es la que menos sustento tiene.
Por último, la directora de la alcaidía 3, Natalia Roussillon, declaró que desde el Ministerio de Justicia de Vidal le habían comunicado que instalarían cámaras –no dentro de los pabellones, sino afuera– ante un eventual traslado de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci.
La duda que surge es si el interés del gobierno de Cambiemos estaba en impedir una nueva fuga del trío o buscar reeditar, de alguna manera, las declaraciones en las que Martín Lanatta involucró a Aníbal Fernández en el caso del triple crimen de General Rodríguez.
Luego de la reunión con Baric, Alan Ruiz convocó al entonces jefe del departamento de Operaciones Técnicas, Fernando Wahler, y le pidió que hiciera un plan para cablear la unidad. Wahler reconoció que él y sus hombres fueron hasta Melchor Romero en una camioneta de la AFI.
Allí, según reconstruyeron en la fiscalía a cargo de Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, la AFI cableó tres celdas, el salón de usos múltiples, el patio interno del pabellón 6, la oficina de asistencia y tratamiento y el locutorio en el que los presos se comunican con sus abogados.
Incluso en el caso de que se tratara de un temor ante una nueva fuga de los Lanatta y Schillaci, la medida era ilegal. Desde el juzgado de Mercedes, que tenía la causa del triple crimen, les informaron a los investigadores de Lomas que nunca hubo una orden para “alambrar” (jerga de “cablear”, instalar micrófonos) el lugar donde estarían los Lanatta y Schillaci.
Los cables duraron unos pocos días hasta que uno de los penitenciarios notó que uno recorría el techo y le dijo a la directora de la alcaidía que probablemente era un cable de sonido.
La mujer se comunicó con las autoridades del ministerio de Justicia para pedir que los sacaran. El 24 de agosto volvieron los operarios de la AFI y retiraron los micrófonos, aunque no las cámaras. Al día siguiente, Baric le preguntó a Roussillon por WhatsApp: “¿Sacaron ayer los cables putos esos?”
Las tareas en el penal bonaerense estuvieron en manos del departamento de Operaciones Técnicas de la AFI, que, en ese momento, estaba a cargo de Wahler.
El funcionario declaró en Lomas de Zamora (donde se investiga el caso) que la intervención se produjo tras una orden de Alan Ruiz que le habría dicho existía un convenio entre el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y la AFI.
El juez federal Juan Pablo Augé, que investigaba el espionaje ilegal durante el macrismo, nunca encontró evidencia de ese supuesto convenio. Lo único que unía a las dos instituciones fue la incorporación de un agente del SPB a la exSIDE, Andrés Rodríguez.
Rodríguez fue quien guió a los técnicos de la AFI en la instalación de los micrófonos y las cámaras en Melchor Romero. Augé procesó a Ruiz, a Rodríguez, a Wahler y a tres de sus subordinados en la AFI, Emiliano Picabea, Claudio Marcus y Sebastián Alejandro Iglesias.
Operaciones Técnicas fue el área encargada también de cablear el Banco Provincia para la reunión de la “Gestapo” antisindical de junio de 2017. Los técnicos fueron un día antes a instalar los equipos y el día posterior al encuentro a desinstalarlos. Los operarios, de hecho, estaban a cargo de uno de los tres asistentes al encuentro, Diego Dalmau Pereyra.
