En la provincia de Buenos Aires funciona una Bicameral para investigar jueces desde 2007. Tras la asunción de Kicillof estuvo parada durante un año, hasta que se constituyó el 11 de febrero pasado. El senador Oscar Parrilli busca activar una similar a nivel nacional y desde la oposición lo acusan de ir contra la separación de poderes.
En su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente de la nación Alberto Fernández cuestionó severamente el rol del Poder Judicial y pidió al Congreso que “asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial“, al que ubicó en “los márgenes del sistema republicano“.
El senador Oscar Parrilli activó la creación de una Comisión Bicameral que investigue a los magistrados. “Que la sociedad vea como está funcionando el Poder Judicial y cuáles son los cambios que hay que hacer“, dijo el legislador neuquino, mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner.
Si bien aún no están los detalles del proyecto que buscaría crear esta Comisión Bicameral, desde Juntos por el Cambio ya pusieron el grito en el cielo y adelantaron su oposición a la iniciativa que, aseguran, tiene por objetivo “llevarse por delante la República”.
Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, ya funciona una Comisión de tales características. Creada en 2007, bajo la Ley 13.661, la Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial provincial, está integrada por 12 legisladores; cinco senadores y siete diputados designados por los Presidentes de cada una de las Cámaras por el término de dos años, siempre que sus mandatos se encuentren vigentes. Es presidida por un representante de la Cámara de Diputados.
Tiene su propio reglamento. Sus funciones son recibir denuncias y girarlas a la Secretaría Permanente de Jury; recibe presentaciones de los particulares y analiza la verosimilitud de los hechos; puede requerir informes que considere pertinentes y tiene un plazo de 90 días para formalizar la denuncia ante la Secretaría Permanente u ordenar el archivo de las actuaciones.
También puede asumir, si hubiere mérito, el rol de acusador.
El llamado “Jury de Enjuiciamiento” o “Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales”, atiende a la forma de investigar la conducta de los jueces y funcionarios de las instancias inferiores.
Se trata de un organismo de naturaleza política cuyo accionar se limita a determinar si el Juez o Funcionario denunciado debe -o no- continuar en el ejercicio de su cargo, verificando si subsiste la “buena conducta” que la citada Carta Magna local requiere para continuar en el ejercido de la función. Es presidida por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Actualmente, la Comisión Bicameral está presidida por el diputado Mario Giacobbe, del bloque 17 de Noviembre; secundada por el senador radical Leandro Blanco (JxC) y con la senadora Agustina Propato (FDT) como secretaria.
Curiosamente, Juntos por el Cambio, los mismos que a nivel nacional se oponen férreamente a la iniciativa por considerarla “un ataque a la República”, conforman el cuerpo homólogo provincial.
Lo integran los diputados Juan Pablo de Jesús (FDT), Carlos Julio Moreno (FDT), Luciana Padulo (FDT), Germán Di Césare (FDT), Maricel Etchecoin Moro (JxC) y el quilmeño Guillermo Manuel Sánchez Sterli (JxC); y por los senadores Lorena Petrovich (JxC), Walter Lanaro (JxC), y Adrián Santarelli (FDT).
Esta nueva composición se encuentra trabajando desde el pasado 11 de febrero, día en que quedó constituida la Comisión, luego de estar un año sin funcionamiento, debido –entre otras razones- a la llegada de la pandemia por el coronavirus en el país.
Por el momento, hay en carpeta 10 denuncias y una de ellas, (“de resonancia mediática”, aseguran) se va a tratar el próximo miércoles 10 de marzo.