Patricia Bullrich entregó 160 departamentos en Avellaneda del eliminado programa PROCREAR a efectivos de las Fuerzas Federales, pese a que las unidades previamente habían sido adjudicadas por sorteo a otras familias, que ya preparan demandas judiciales contra el Estado Nacional.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich protagonizó una decisión que generó fuerte polémica al entregar a dedo 160 departamentos del complejo habitacional Sagol, ubicado en Avellaneda, a integrantes de las fuerzas federales.
El conflicto radica en que estas viviendas ya habían sido legalmente adjudicadas a familias a través del programa PROCREAR en diciembre de 2023. El acto de entrega se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, sin convocatoria pública y con un fuerte operativo policial que impidió el acceso de los beneficiarios originales al predio.
Para colmo, la ceremonia contó con la presencia de funcionarios y diputados oficialistas como José Luis Espert y Gerardo Milman, mientras decenas de familias protestaban en el exterior del complejo, cerca de la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
Cabe señalar que si bien la construcción del complejo mostraba un grado de avance significativo, con la llegada del gobierno de Javier Milei, los trabajos se paralizaron abruptamente, dejando en suspenso la entrega a los adjudicatarios legítimos.
Durante todo 2024, estas familias esperaron respuestas oficiales sobre el destino de sus viviendas, presentando reclamos administrativos y gestiones ante el Banco Hipotecario sin obtener resoluciones.
La situación se agravó cuando los damnificados se enteraron por casualidad, a través de un aviso municipal sobre el corte de calles, que se realizaría un acto de entrega de llaves a personal de las fuerzas federales. “Nos enteramos de casualidad. Podríamos haber seguido esperando sin saber nada“, denunció uno de los afectados.
Durante el evento, el secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, Martín Siracusa, presentó la medida como parte de un plan nacional para mejorar el acceso a la vivienda de las fuerzas federales, anticipando que se replicará en otras provincias con unidades financiadas por el ex PROCREAR.
La decisión fue justificada por el Ministerio de Seguridad con críticas al programa original, acusándolo de haber beneficiado a “amigos de la política” y por el presunto uso de viviendas para alquileres turísticos.
Este tipo de acusaciones representan un lugar común de la retórica libertaria, aunque lo paradójico de este caso es que la entrega de viviendas decidió ignorar la adjudicación original realizada por sorteo para entregar las unidades de forma arbitraria.
Las acciones legales que preparan los damnificados
Daniel García, Defensor del Pueblo de Avellaneda, calificó duramente la decisión gubernamental como “una estafa” y anunció una serie de acciones legales para defender los derechos de las familias afectadas.
Además, detalló el proceso que llevó a esta situación irregular. Según el defensor, en noviembre de 2023 se adjudicaron las viviendas en cuestión con todas las condiciones reglamentarias cumplidas.
En enero de 2024, ya bajo la gestión libertaria, el Banco Hipotecario llegó a entregar las tarjetas a dos familias, pero poco después se paralizó el proceso repentinamente “por orden del Gobierno“.
García cuestionó la legalidad del procedimiento utilizado para la reasignación: “Lo que pregunto es cuál fue el procedimiento para dárselas, si ya estaban adjudicadas. Por qué se las dieron a ellos y cómo las van a pagar”.
Asimismo, apuntó que no es casual que esta maniobra se haya implementado de esta manera: “Esto es político”, afirmó, al tiempo que adelantó que prepara oficios dirigidos al Banco Hipotecario y a los ministerios de Seguridad y Economía, que serían presentados formalmente.
“Primero vamos a presentar los oficios. Si no hay respuesta, recomendaremos la acción judicial“, advirtió el defensor. La estrategia legal no se limita a las acciones del Defensoría. Más de 40 adjudicatarios damnificados ya decidieron avanzar con acciones judiciales individuales, mientras que otros se organizan a través de redes sociales para presentar un amparo colectivo.
Paralelamente, 25 familias de efectivos policiales ya ocuparon las viviendas entregadas por Bullrich en un edificio que, según fuentes con conocimiento sobre el tema, sería administrado por una autoridad policial.
