El diputado provincial “libertario” Nahuel Sotelo solicitó el tratamiento de su proyecto para condecorar a los miembros de las FF.AA. que reprimieron el asalto a La Tablada de 1989. En aquel enfrentamiento entre militares y guerrilleros, los detenidos fueron víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos por los propios militares que Sotelo buscaba condecorar.
En su discurso en el recinto, cargado de términos propios de la última dictadura militar como “subversivos” y “terroristas“, Sotelo aseguró que “tanto Juntos como el Frente de Todos se opusieron al tratamiento” y que “ni siquiera tuvieron la valentía de votar por la afirmativa o la negativa contando con la presencia de combatientes en el recinto”.
Dentro de los pasillos de la legislatura se hablaba de un rechazo casi asegurado cuando este proyecto fue presentado en los meses previos ya que es un tema sensible y polémico.
Al cierre de su discurso el diputado de Avanza Libertad, fuerza que responde a José Luis Espert, lanzó contra las dos fuerzas mayoritarias diciendo que “en algunos casos entre Juntos y el Frente de Todos, no hay mucha diferencia”.
Sotelo no sólo se expresó en repetidas ocasiones en términos elogiosos con las fuerzas militares y de seguridad, sino que, en igual medida, se ha expresado en contra de los manifestantes y del derecho constitucional a la protesta.
¿Cara tapada y un palo en la mano?
Automáticamente se lo trata como delincuente. Se lo reduce con la fuerza policial y se lo guarda, mínimo 24 horas si no tiene antecedentes.— Nahuel Sotelo (@nsotelolar) March 10, 2022
El “libertario” también reconoce abiertamente su aprobación a la represión policial en contra de la libertad de expresión:
¿Acampe en las calles? Represión policial para restaurar el orden.
No se puede seguir dejando que los delincuentes, porque eso son, tomen de rehén a la sociedad que sale a trabajar todos los días.
— Nahuel Sotelo (@nsotelolar) March 16, 2022
El copamiento del cuartel de La Tablada
El copamiento del cuartel de La Tablada fue un intento de ocupación de la guarnición del Ejército Argentino ubicada en La Tablada, provincia de Buenos Aires, el 23 y 24 de enero de 1989, por un comando del Movimiento Todos por la Patria (MTP), durante la presidencia de Raúl Alfonsín.
En aquel entonces, también sucedieron las sublevaciones militares de los “carapintadas“, que intentaban derrocar la débil democracia recuperada. El MTP afirmó que el asalto se dio para evitar un golpe de Estado de este grupo militar.
El ataque fue rechazado luego de varias horas de combate, resultando muertos 32 guerrilleros, nueve militares y dos policías. Cuatro guerrilleros fueron detenidos desaparecidos por las fuerzas gubernamentales, cuya suerte nunca fue revelada por el Estado argentino.
El juicio contra los atacantes se realizó en forma sumaria ese año sin respetar el derecho al debido proceso, con condenas “ejemplificadoras”, completadas en 1997 con las condenas de Gorriarán Merlo y Ana María Sívori.
En 1997 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo por probado que el Estado argentino fusiló, torturó y vejó a varias de las personas que fueron detenidas, evitó investigar los delitos de lesa humanidad cometidos por los militares y otros funcionarios, además de no respetar el derecho al debido proceso.
