La Junta Electoral consideró que el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir las boletas resulta “material, temporal y jurídicamente inviable”, por lo que el rostro de José Luis Espert permanecerá en las papeletas bonaerenses.
La Libertad Avanza había solicitado a la Junta electoral la reimpresión total de las boletas para las elecciones legislativas del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de eliminar el rostro y el nombre de José Luis Espert de las papeletas.
El economista renunció recientemente a su candidatura tras ser señalado por sus vínculos con el narcotraficante Federico “Fred” Machado, que derivaron en una causa judicial en Argentina y el allanamiento de su domicilio en la localidad bonaerense de Beccar.
Sin embargo, la Junta rechazó esta solicitud por considerarla inviable desde múltiples perspectivas, lo que constituye un duro revés para el gobierno de Javier Milei en un distrito donde ya había perdido por una diferencia de dos dígitos en las elecciones del 7 de septiembre pasado.
Cabe recordar que recientemente también se había rechazado el intento de La Libertad Avanza de ubicar a Diego Santilli como primer candidato en la lista, por lo que la primera candidata es Karen Reichardt (Karina Celia Vázquez).
El rechazo de la Junta Electoral a la reimpresión
Este jueves, la Junta Electoral Nacional con asiento en La Plata resolvió rechazar el pedido de reimpresión de las boletas únicas de papel. La decisión fue firmada por Jorge Eduardo Di Lorenzo, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; y el propio Ramos Padilla.
El tribunal consideró que la solicitud resulta “material, temporal y jurídicamente inviable”. De esta forma, se mantiene vigente el modelo oficializado que lleva al tope de la lista a Espert junto a Reichardt, ambos con fotografía, pese a que la exvedette y Santilli serán efectivamente los primeros dos postulantes libertarios al momento del escrutinio.
La resolución establece que “las boletas únicas papel ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia como instrumento de votación oficial, debiendo ser utilizadas en el acto electoral del próximo 26 de octubre en todo el territorio del distrito Buenos Aires”.
Desde Casa Rosada dejaron trascender que Javier Milei no apelará el fallo de la Junta Electoral (algo lógico, si se tiene en cuenta la proximidad de las elecciones), aunque constituye un duro golpe para la campaña libertaria.
La realidad es que no hubo causas de fuerza mayor que ameritaran una decisión a favor de La Libertad Avanza: El presidente tomó la decisión de bajar la candidatura de Espert recién cuando Santiago Caputo le mostró encuestas en las que los libertarios perdían por 20 puntos.
Sea como fuere, ante el pedido, la Junta electoral señaló que el planteo “resulta jurídicamente improcedente”, ya que “contradice el régimen de plazos, etapas y competencias establecido por el Código Electoral Nacional”. Los jueces enfatizaron que:
“Las etapas de aprobación del modelo de boleta, prueba de impresión y orden de tirada se encuentran jurídicamente clausuradas, y no existe en el régimen electoral norma alguna que habilite su reapertura ante la renuncia de uno o más candidatos”.
El fallo advirtió que conceder el pedido “crearía un precedente de enorme gravedad institucional”. Según los magistrados, esto “abriría la posibilidad de que cualquier renuncia, sustitución o fallecimiento posterior a la impresión de las boletas diera lugar a reclamos similares, comprometiendo en forma permanente la estabilidad del proceso electoral”.
En cuanto a la viabilidad temporal y material, el tribunal señaló que “ordenar una reimpresión total del instrumento de votación, en esta instancia del proceso, implicaría un riesgo cierto de frustrar la realización de los comicios”.
Es que los tiempos técnicos y logísticos requeridos tornarían inevitable la suspensión o postergación de la elección, “circunstancia que no registra antecedentes en la historia electoral argentina, donde nunca se ha debido suspender una elección nacional por falta de boletas o instrumentos electorales”. Los jueces también indicaron que el Correo Argentino señaló:
“Aun en el supuesto de que esta Junta aprobara un nuevo modelo de boleta en el día de la fecha, las imprentas no dispondrían de tiempo material suficiente para completar la impresión, control y entrega de la primera tanda de 3.300.000 boletas, sino hasta el día 15 de octubre”.
El tribunal explicó que después de recibir las primeras boletas en esa fecha, todavía faltaría “realizar la verificación manual de cada talonario, asegurar la trazabilidad y las condiciones del instrumento de votación y colocar cada uno de los talonarios en el bolsín correspondiente, para luego paletizar y empaquetar de acuerdo al orden de salida establecido por el Correo”.
Concluyeron que “realizar dicho proceso en menos de 24 horas resulta de cumplimiento imposible”, dado que la entrega del material electoral posterior al 16 de octubre a las 11:00 horas tornaría imposible la distribución completa antes de lo comicios.
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Oposición unánime a la reimpresión de boletas
La decisión se tomó tras una extensa audiencia celebrada en los tribunales federales de La Plata, donde se escucharon los argumentos del Gobierno, de las fuerzas políticas que competirán en las elecciones y de la propia Justicia Electoral.
El encuentro contó con la participación del ministro del Interior, Lisandro Catalán; la presidenta de la Suprema Corte bonaerense Kogan; y el camarista federal Di Lorenzo.
Durante la audiencia, todos los partidos opositores se manifestaron en contra de la reimpresión. Entre sus argumentos, destacaron los costos significativos que implicaría el proceso. De acuerdo con el informe del propio Ministerio del Interior, el costo estimado de una eventual reimpresión de la totalidad de las Boletas Únicas de Papel ascendería a $12.169.655.000 pesos.
La representante de Unión Federal sostuvo que la implementación de la BUP tuvo como “principio rector el ahorro y la eficiencia en el gasto electoral, razón por la cual autorizar la reimpresión total de las boletas de la provincia más extensa del país implicaría un doble gasto injustificable”.
El apoderado de Propuesta Federal para el Cambio, Pablo Bonapelch, recordó que “el 17 de agosto fenecieron los plazos para la registración de candidatos, logotipos y fotografías”, señalando que los plazos del reglamento electoral se hallan vencidos hace más de 30 días. Hacer una excepción habilitaría un privilegio para La Libertad Avanza.
Los apoderados de Fuerza Patria advirtieron que “la reimpresión podría abrir la puerta a nuevos pedidos similares en caso de futuras renuncias, generando una cadena de alteraciones del calendario electoral incompatible con el principio de seguridad jurídica”.
Los jueces recordaron un precedente similar cuando en 2019 falleció el candidato a gobernador de Córdoba Enrique Sella, y el Tribunal Electoral priorizó la continuidad del cronograma vigente.
El gobernador Axel Kicillof se refirió a la posibilidad de reimpresión durante su acto en Olavarría: “Justo ahora les sobra plata. ¡Son unos caraduras!”, manifestó en referencia a los 15.500 millones de pesos que Catalán dijo disponer para el proceso, y completó:
“Justamente es un gobierno que hizo bandera de no darle asistencia a personas con discapacidad, son capaces de privarlos de eso, pero electoralmente ahora les sobraba plata”.
La elección en la provincia de Buenos Aires conlleva la utilización de 14.041.036 boletas, distribuidas en 38.760 mesas, cada una con su talonario de BUP, lo que implica una logística significativa de reimpresión, control y distribución.
En su resolución final, la Junta Electoral concluyó que aceptar el pedido del gobierno “comprometería la realización misma de las elecciones, la seguridad jurídica, la igualdad entre las agrupaciones políticas y el ejercicio pleno del derecho al voto”.
La solicitud debía ser rechazada, según el fallo, “no sólo por su imposibilidad material, temporal y jurídica, sino también por sus consecuencias económicas, institucionales y operativas, y por el riesgo de generar un precedente contrario a la estabilidad y previsibilidad del sistema electoral”.
Con esto se le pone punto final a la incertidumbre que generó el tema, aunque de forma fugaz llevó a la puesta en duda de que se celebraran en tiempo y forma los comicios, una posibilidad que paradójicamente apareció debido a las características de la BUP.
