La Justicia de La Plata frenó la privatización de AySA que impulsa el gobierno de Javier Milei y dictó una cautelar para asegurar la continuidad del servicio en los 26 municipios alcanzados por la empresa mientras se resuelve la cuestión de fondo.
El Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, a cargo del juez Mariano López, frenó el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal que el Gobierno de Javier Milei busca transferir a manos privadas.
La decisión se concretó a través de una medida cautelar que obliga a la compañía a mantener sin cambios sus obligaciones de inversión, obras e infraestructura en 26 municipios de la provincia de Buenos Aires.
El juez Mariano López hizo lugar a una presentación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, encabezada por Guido Lorenzino. El organismo había advertido que el avance de la privatización podía poner en riesgo el acceso al agua potable y derechos ambientales de los vecinos bonaerenses.
Según el escrito presentado por la Defensoría, el proceso impulsado por el Ejecutivo nacional no incluía “elementos básicos que garanticen el acceso al agua” y desconocía la existencia de “pasivos ambientales en territorio bonarense”.
A partir de ese planteo, López dispuso una cautelar de no innovar que impide a AySA reducir o modificar sus compromisos vigentes mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
En su fallo, el magistrado sostuvo que el esquema de privatización no fortalece las garantías de acceso a la cobertura sanitaria ni amplía los mecanismos de prevención y recomposición ambiental.
Al respecto, señaló: “(La privatización) tiende a reducir las exigencias regulatorias y postergar obras críticas”.
La medida alcanza a Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Merlo, Moreno, Morón, Tres de Febrero, Escobar, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente López, donde AySA presta servicio de agua y saneamiento.
Desde la Defensoría explicaron que la acción se inició como una “acción preventiva de daños” ante el riesgo de que la reestructuración derivara en un deterioro de los servicios esenciales. En ese sentido, el organismo remarcó:
“Los habitantes de 26 municipios de la provincia de Buenos Aires mantendrán plenamente resguardadas las garantías sobre el acceso al agua potable y el saneamiento ambiental”.
Luis Caputo ahora avanza con la venta del 90% de AySA tras la privatización de Transener
El plan de privatización del Gobierno de Javier Milei
El plan impulsado por el Gobierno nacional contempla la venta de al menos el 51% del paquete accionario de AySA a un operador estratégico, mientras que el resto de las acciones se distribuiría entre el mercado y los trabajadores. Según el esquema oficial, el 90% del capital saldría a licitación pública y el 10% restante quedaría en manos del personal de la empresa.
El nuevo contrato de concesión fue aprobado en abril de este año mediante la resolución 543/2026 y fija un plazo de 30 años para la prestación del servicio, con posibilidad de extenderse por una década adicional.
El convenio establece, además, que la empresa deberá continuar con el Plan de Acción de Transición 2024/26 hasta fin de año e incorporar al primer ciclo tarifario, previsto entre 2027 y 2031, las metas que no logre cumplir en ese período.
En mayo de 2026, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, autorizó el llamado a Licitación Pública para avanzar con la venta de la mayor parte de la participación estatal en la compañía.
Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo cuestionó que el nuevo diseño contractual reducía exigencias regulatorias y postergaba compromisos previamente asumidos en materia de obras e inversiones.
El debate por el futuro de AySA reactivó las referencias a la experiencia privatizadora de los años noventa. La empresa tiene su origen en Obras Sanitarias de la Nación, creada en 1912. Durante el gobierno de Carlos Menem, el servicio fue concesionado a Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez-Lyonnaise des Eaux.
La compañía operó bajo control privado hasta 2006, cuando, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Estado retomó el manejo de la empresa tras una serie de conflictos vinculados al cumplimiento de las obligaciones contractuales.
De acuerdo con datos de aquel período, citados por un informe del área de Economía y Tecnología de FLACSO, entre 1993 y 2002 las tarifas residenciales subieron 88,2%, frente a una inflación minorista acumulada de apenas 7,3% en el mismo lapso.
El estudio señaló además que, durante la gestión privada, se realizaron modificaciones contractuales y cláusulas de indexación, junto con incumplimientos reiterados en materia de inversión y expansión del servicio.
Por ahora, la cautelar dictada por la Justicia bonaerense mantiene en suspenso el proceso de privatización y obliga a AySA a preservar sus niveles actuales de operación, inversión y obras, hasta que se resuelva en forma definitiva el planteo presentado por la Defensoría del Pueblo.
