Tras transferir el control de las líneas de alta tensión del país a manos privadas, el gobierno de Javier Milei ahora avanza con la licitación de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., y pretende desprenderse del 90% de las acciones del Estado en la empresa.
Tras la privatización de Transener, que transfirió las líneas de alta tensión del país a manos privadas, el gobierno de Javier Milei profundiza su programa de privatizaciones con un nuevo paso: la licitación de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa que provee agua potable y cloacas a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 partidos del conurbano bonaerense.
Así lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, quien recientemente recibió los datos sobre inversión extranjera directa en el país, que no solo mostraron resultados de las proyecciones del oficialismo, sino que además se trata de los peores guarismos de los últimos años.
Ese contexto es también el telón de fondo del anuncio del llamado “Súper RIGI”, una versión ampliada del régimen de incentivos que el Gobierno impulsa ante la evidencia de que el esquema original no generó el volumen de inversión esperado.
AySA, la siguiente en la lista de privatizaciones
El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó esta semana que el viernes se publicarían en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA, con el objetivo de concretar la venta del 90% de las acciones que actualmente pertenecen al Estado Nacional. La empresa había sido declarada “sujeta a venta” por la Ley Bases.
“La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos”, escribió Caputo en su cuenta de X, aunque no explicó cómo la privatización facilitaría las supuestas inversiones.
El esquema previsto contempla que al menos el 51% de las acciones quede en manos de un operador estratégico seleccionado mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que el porcentaje restante podría colocarse en bolsas y mercados del país.
A fines de abril, el Gobierno había aprobado el modelo de contrato que regirá la nueva concesión del servicio de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Ese contrato mantiene el sistema de concesión vigente, pero introduce una reorganización integral del servicio, con el propósito de dar mayor previsibilidad normativa tanto al concedente como al futuro concesionario.
Además, la empresa deberá cumplir con el Plan de Acción de Transición 2024-2026, aprobado por la Secretaría de Obras Públicas, y trasladar sus metas al primer ciclo tarifario previsto entre 2027 y 2031.
Desde el Gobierno subrayaron que el proceso se llevará adelante bajo principios de “transparencia, competencia, eficiencia y máxima concurrencia” y que no deberá afectar la continuidad del servicio durante la transición. Caputo sintetizó la postura oficial con una frase que repitió en distintos canales: “Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos”.
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La inversión extranjera y lo que muestran los datos
Mientras el Gobierno avanza en su programa de privatizaciones con el argumento de atraer capital privado, un informe del Banco Central publicado esta semana ofrece un panorama alarmante sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa (IED).
Según ese documento, desde la implementación del RIGI hasta el cuarto trimestre de 2025 se registró una salida neta de USD 4.687 millones.
El propio informe intenta contextualizar ese resultado señalando que buena parte del movimiento estuvo ligado a cancelaciones de deuda comercial entre empresas locales y sus matrices en el exterior.
En particular, se explica por la liquidación de adelantos de cobro de exportaciones vinculados al Decreto 682, que había reducido transitoriamente las retenciones para ciertos sectores. Una vez levantado ese incentivo, las compañías utilizaron las divisas obtenidas para saldar compromisos financieros interempresariales.
Otro dato relevante que surge del informe es la tasa de reinversión de utilidades, que cayó al 17%, uno de los niveles más bajos de los últimos años según señaló el economista Hernán Letcher.
En el cuarto trimestre de 2025, la renta de capital de la IED alcanzó USD 1.436 millones, de los cuales USD 1.194 millones correspondieron a distribución de utilidades y dividendos, mientras que apenas USD 241 millones se reinvirtieron dentro del país.
El mapa geográfico de las salidas también aporta información sobre la dinámica: los principales egresos tuvieron como destino Suiza, Reino Unido, Países Bajos y España, jurisdicciones habitualmente utilizadas por holdings multinacionales para administrar flujos internacionales.
Al cierre de 2025, el stock total de IED fue de USD 181.037 millones, cifra inferior en USD 2.567 millones respecto al trimestre anterior.
El economista Christian Buteler señaló en redes sociales el contraste entre los anuncios oficiales y los registros del Banco Central, mientras que el economista Martín Burgos calculó que, desde 2003, la diferencia entre la IED recibida y las utilidades remitidas es de apenas USD 6.000 millones, y calificó el esquema vigente como “depredador”.
El RIGI, el “Súper RIGI” y su efecto real
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) entró en vigencia el 8 de julio de 2024 con el objetivo declarado de atraer inversiones de magnitud mediante beneficios impositivos, cambiarios y regulatorios.
Sin embargo, los números de inversión efectivamente desembolsada contrastan con los montos anunciados. En 2025, la IED vinculada al régimen rondó los USD 1.388 millones, y durante el primer trimestre de 2026 ingresaron aproximadamente USD 1.205 millones bajo ese marco.
Caputo suele proyectar cifras de hasta USD 140.000 millones asociados al RIGI, pero en ese total se incluyen proyectos presentados, anuncios preliminares y carpetas en evaluación que aún no se tradujeron en desembolsos concretos.
Lo efectivamente aprobado hasta ahora suma algo más de USD 17.000 millones, y aun esa cifra representa compromisos potenciales, no inversión ejecutada.
Ante ese escenario, el Gobierno prorrogó por un año el plazo de adhesión al RIGI mediante el Decreto 105, extendiendo el vencimiento original de julio de 2026 a julio de 2027. En paralelo, Milei anunció el envío al Congreso del proyecto “Súper RIGI”, que reduciría la alícuota del impuesto a las ganancias del 25% al 10% para inversiones tecnológicas.
Además, el proyecto limitaría Ingresos Brutos al 0,5% y prohibiría tasas municipales sobre ventas para los emprendimientos incluidos en el régimen.
El instituto IDESA cuestionó esa lógica en un informe reciente. El documento sostiene que “la baja inversión no se origina en la falta de ahorro sino en la persistencia de un contexto adverso para la inversión” y advierte que crear un Súper RIGI sin resolver problemas estructurales replica el mismo esquema en una escala mayor.
IDESA también señaló que durante 2025 las personas destinaron el equivalente al 4,7% del PBI a comprar dólares para ahorro, lo que implica, según el instituto, “un drenaje permanente de recursos fuera del sistema”.
El informe también apunta a las distorsiones que genera la superposición de regímenes especiales: el RIGI, el RIMI incluido en la reforma laboral y el proyectado Súper RIGI crean asimetrías entre empresas que acceden a los beneficios y aquellas que no.
Las proyecciones de inflación para 2026 que releva el Banco Central entre analistas privados se ubican en 30,5%, un dato que también incide sobre el cálculo de cualquier inversión productiva de largo plazo.
