El gobierno de Axel Kicillof trabaja en un proyecto para brindar asistencia y verificar las condiciones de trabajo de los repartidores de plataformas digitales en la Provincia de Buenos Aires, diferenciándose de Javier Milei y su reforma laboral.
A contramano del gobierno de Javier Milei y su reforma laboral nacional, la administración de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires trabaja en dos iniciativas legislativas, una orientada a mejorar las condiciones de los trabajadores de plataformas digitales y otra a optimizar la resolución de conflictos laborales en territorio bonaerense.
Mientras el Ejecutivo nacional propone excluir expresamente a los repartidores y conductores de aplicaciones de las protecciones del trabajo en relación de dependencia, el gobierno provincial avanza en la dirección contraria: establecer un marco de protección específico para este sector en crecimiento.
Protección integral para trabajadores de plataformas
El primer proyecto, elaborado por el ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa, apunta directamente a quienes se desempeñan en plataformas como Uber, Cabify, Rappi y Pedidos Ya. La iniciativa, que será enviada a la Legislatura provincial para su tratamiento, estructura sus propuestas en tres ejes centrales.
El componente más robusto de la norma establece que las empresas deberán contratar obligatoriamente un seguro de accidentes personales para cada trabajador, corriendo con los costos de manera exclusiva.
Esta cobertura contempla muerte accidental, invalidez permanente y asistencia médica de emergencia, brindando un respaldo directo ante siniestros viales o accidentes durante el desarrollo de la actividad.
La propuesta también prevé intensificar las inspecciones laborales en las denominadas “tiendas invisibles”, concepto con el que se identifica a los establecimientos cerrados al público donde se almacenan, empacan y distribuyen productos que solo se comercializan mediante plataformas digitales.
Estos centros presentan una doble problemática: por un lado, las condiciones de los empleados; por otro, la situación de los repartidores que aguardan en la vía pública la asignación de pedidos, con acceso limitado o nulo a condiciones dignas de trabajo.
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El tercer eje contempla el desarrollo de una aplicación móvil oficial con múltiples funcionalidades. Entre ellas se incluyen un “botón de pánico” o aviso rápido de seguridad para situaciones de inseguridad, y un “botón de emergencia en salud” para accidentes en la vía pública.
La herramienta también ofrecerá acceso gratuito a asesoramiento sobre derechos básicos, contratación de seguros, gestiones vinculadas a licencias para conducir y trámites migratorios.
Adicionalmente, la app funcionará como plataforma de beneficios, facilitando descuentos especiales en la adquisición de insumos esenciales para la actividad: repuestos de bicicletas y motos, cascos, lubricantes y elementos de protección.
En articulación con los municipios y las empresas, el proyecto impulsa la creación de paradores de acceso público y gratuito donde los trabajadores puedan descansar durante su jornada laboral.
Estos espacios contarán con instalaciones de aseo e higiene personal, sanitarios con agua potable y lugares seguros para el resguardo de objetos personales y herramientas de trabajo. Desde el Ministerio de Trabajo provincial se contrapone explícitamente esta iniciativa con el rumbo nacional:
“Mientras en el mundo se discute cómo regular las nuevas formas de empleo digital y la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) analiza cómo mejorar globalmente las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas, en la Argentina el Congreso aún no abordó este tema, al tiempo que el gobierno nacional pretende convalidar un modelo que deja a miles de trabajadores sin derechos básicos excluyéndolos expresamente de las normas protectoras laborales”.
Un sistema para garantizar acuerdos más rápidos
El segundo proyecto presentado por la administración de Kicillof tomó estado parlamentario el 24 de junio en el Senado provincial, aunque aún no ha sido tratado en comisiones. La iniciativa, identificada como A 3 25/26, propone crear una instancia de conciliación laboral obligatoria prejudicial.
El objetivo declarado es descomprimir la carga del fuero laboral provincial y acelerar la resolución de conflictos, priorizando una respuesta más rápida para trabajadores y trabajadoras.
Los números justifican la urgencia: según información de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, las causas laborales iniciadas pasaron de 46.218 en 2007 a 105.235 en 2023, lo que representa un aumento del 227% en 16 años. Durante 2024, la tendencia de nuevos expedientes en el fuero laboral continuó en ascenso.
El proyecto se inspira en el resultado de la mediación obligatoria establecida por la Ley Provincial N°13.951: en 2023, el 51% del total de causas iniciadas finalizaron por acuerdo conciliatorio. Esta cifra evidencia la disposición de las partes a llegar a acuerdos sin necesidad de transitar el proceso judicial completo.
La conciliación prejudicial propuesta permitiría evitar la instancia judicial, que en promedio demora cuatro años, reduciéndola a un plazo máximo de hasta 35 días. De esta manera, se busca brindar una salida más ágil y eficiente a los conflictos laborales, beneficiando tanto a los trabajadores como al sistema judicial provincial.
Ambas iniciativas configuran una apuesta del gobierno bonaerense por fortalecer el rol del Estado en materia de control y protección laboral, posicionándose en una dirección opuesta a la desregulación que caracteriza la propuesta del gobierno nacional. El contraste entre ambos modelos quedará definido cuando los proyectos sean tratados y, eventualmente, se conviertan en ley.
