Axel Kicillof se presentó este martes ante la Corte Suprema de Justicia y se llevó un resultado concreto: el máximo tribunal fijó el 10 de junio como fecha límite para que el gobierno de Javier Milei presente una propuesta formal de pago de la deuda previsional que ANSES mantiene con la provincia de Buenos Aires, estimada en más de $2 billones.
Fue la segunda audiencia convocada por la Corte en el marco de la demanda que la provincia de Buenos Aires presentó contra la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) por la suspensión de las transferencias al Instituto de Previsión Social (IPS), la caja de jubilados bonaerense.
Del lado provincial participaron el gobernador Kicillof, el ministro de Economía Pablo López, el asesor general de Gobierno Santiago Pérez Teruel, el fiscal de Estado Hernán Gómez y la presidenta del IPS, Marina Moretti. Por la Nación asistieron el secretario de Hacienda Carlos Guberman, el secretario Legal y Administrativo José Ignacio García Hamilton y asesores de ANSES.
La deuda que reclama la Provincia incluye anticipos recibidos y adeudados por la Nación, actualizaciones de anticipos de 2023 y 2024, y diferencias acumuladas correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020. El monto total asciende actualmente a $2,3 billones, cifra que continuó creciendo desde los $681.000 millones registrados en febrero de 2024.
El recorte tuvo origen en el Decreto de Necesidad y Urgencia 280, firmado por el presidente Javier Milei en marzo del año pasado, cuya constitucionalidad cuestiona la Provincia. En esta audiencia, los representantes nacionales argumentaron que estaban realizando auditorías, justificación que la Corte no consideró suficiente para postergar la discusión.
El resultado fue que la Nación asumió el compromiso de presentar una propuesta concreta con los montos a transferir en la tercera audiencia, fijada para el 10 de junio. “Lo que discutimos hoy en la Corte Suprema es la deuda de 2,3 billones de pesos por las cajas de jubilados no transferidas por el Gobierno nacional“, explicó Kicillof al salir de la reunión.
“Logramos un compromiso: el Ministerio de Economía de la Nación y ANSES deberán traer el próximo 10 de junio una propuesta concreta de pago, algo que venimos solicitando hace más de dos años”, destacó.
El ministro López destacó la relevancia del espacio institucional abierto por el máximo tribunal: “Es importante el espacio institucional que ha dispuesto la Corte; esperamos llegar a la audiencia de junio con una propuesta de solución“.
Lo que discutimos hoy en la Corte Suprema es la deuda de 2,3 billones de pesos por las cajas de jubilados no transferidas por el Gobierno nacional.
Logramos un compromiso: el Ministerio de Economía de la Nación y ANSES deberán traer el próximo 10 de junio una propuesta concreta… pic.twitter.com/ECb8KMlP8I
— Axel Kicillof (@Kicillofok) April 21, 2026
Las otras 7 demandas que presentó el gobierno bonaerense
El caso de los jubilados es uno de los ocho reclamos que la provincia de Buenos Aires tiene activos ante la Corte Suprema, cuyo monto total supera los $15,6 billones, equivalente a aproximadamente un tercio del presupuesto provincial vigente.
Las siete demandas restantes, que se presentaron anteriormente, involucran recortes en áreas diversas. La mayoría de estas demandas cuestionan decretos y decisiones administrativas del gobierno nacional que suprimieron transferencias federales.
La Provincia reclama por la reducción del Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), vinculado a seguridad; la supresión del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), destinado a salarios docentes; el recorte al Fondo Compensador del Transporte del Interior; la eliminación del Sistema de Boleto Integrado (SUBE-AMBA); el recorte al Fondo Nacional de Bosques Nativos; cargos en boletas de gas para obras gasíferas de ENARGAS; y el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017.
López señaló que la presión sobre las finanzas provinciales proviene de dos frentes simultáneos: el recorte de fondos nacionales y la caída de la recaudación generada por la crisis económica que causó el propio Milei.
Además, recordó que Buenos Aires aporta el 38% de la recaudación nacional pero recibe apenas el 7% de lo coparticipado, mientras que la Nación concentra el 70%. Pese a la asfixia presupuestaria en la que Nación pone a la administración de Kicillof, la Provincia anunció aumentos en varios programas de asistencia.
El Sistema Alimentario Escolar (SAE), que llega a más de 2,5 millones de estudiantes, recibirá un incremento del 30%: los montos mensuales pasarán de $41.000 millones a $54.000 millones, con un presupuesto anual de $553.910 millones para garantizar desayuno, almuerzo y merienda en las escuelas públicas.
También se dispuso un aumento del 25% en los principales programas sociales y la duplicación de la asistencia alimentaria a los municipios. Kicillof vinculó estos aumentos directamente con los recortes nacionales: “Cortaron la ayuda que tenía que ver con medicamentos del Plan Remediar, ¿dónde va toda esa gente? a la provincia y los municipios”.
