El ex dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, fue sobreseído en el marco de la causa que lo investiga por el asesinato de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola durante la última dictadura militar. Además, el Juez López da Silva insistió en que las editoriales del diario no contenían “ninguna frase que aliente la ejecución de prisioneros, la tortura o la desaparición de personas“.
A través de un fallo emitido por el Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca, el Juez federal Walter López da Silva resolvió sobreseer a Vicente Massot por el asesinato de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola durante la última dictadura militar.
En la misma línea, sostuvo que no hay elementos para probar que el ex dueño de La Nueva Provincia llevara a cabo operaciones psicológicas para las fuerzas armadas y, a través de sus medios, incitara al exterminio de la subversión.
El pedido de la fiscalía
Cabe recordar que en septiembre del año pasado los fiscales Miguel Palazzani y Pablo Fermento habían pedido el procesamiento del ex dueño del diario La Nueva Provincia por llevar a cabo operaciones psicológicas para las fuerzas armadas.
En este contexto, el escrito señalaba que durante la última dictadura militar el diario presentaba los fusilamientos de las víctimas como “enfrentamientos” y ocultaba la verdad de forma deliberada en los casos de secuestros, torturas y homicidios.
En el mismo sentido, se hacía referencia al desarrollo de una campaña mediática que resultaba, según los fiscales, en un llamamiento al exterminio de los “subversivos”.
Sobre esto, apuntaban que desde La Nueva Provincia se negaba el estatus jurídico de los grupos sociales perseguidos y se incitaba a la población a ocupar en rol activo en su eliminación.
Los fiscales también habían acusado al empresario periodístico como coautor del homicidio de los obreros gráficos del diario Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola perpetrado entre el 30 de junio y el 4 de julio de 1976.
Aunque en 2020 se había beneficiado a Massot con el dictado de la falta de mérito, la fiscalía incorporó pruebas surgidas de los documentos de la Operación Cóndor. En particular, se enfatizaron reportes secretos elaborados antes de la dictadura por el agente de inteligencia chileno Lautaro Enrique Arancibia Clavel.
Campaña mediática contra la subversión
En este contexto, y ante la incorporación de los nuevos elementos, el Juez se dispuso “analizar si existió la conformación de una asociación ilícita” entre “las autoridades del diario ‘La Nueva Provincia’ y las autoridades militares de la época”. Así como “la participación personal de Vicente Massot en ella“.
Al respecto, recordó la Cámara Federal de Apelaciones ya había indicado que la campaña psicológica llevada adelante durante la dictadura tuvo como víctimas también a Diana Julio de Massot y sus hijos, y funcionó “acentuando sus miedos” con respecto a los llamados “subversivos“.
Cabe recordar que en este punto la Fiscalía había recuperado los informes secretos del agente chileno Arancibia Clavel, donde indicaba que Massot -que consignaba como contacto- “no era blanco del plan estatal de acción psicológica”, sino “que conocía abiertamente su existencia y finalidad“, y realizaba aportes.
Ante esto, el Juez consideró que no puede asimilarse “la sola enunciación como ‘contacto'” a “la de ‘colaborador’“. En este aspecto, el agente chileno se habría limitado a mencionar que la posición de Massot “luciría útil para denotar a sus superiores el provecho de operar a través de aquellos“.
Con respecto al tratamiento que el diario hizo sobre los episodios de secuestros, fusilamientos y desapariciones, el fallo indicó que los testimonios de los testigos:
“No resulta útil para determinar si el imputado poseía un conocimiento efectivo o disponible y actual del plan criminal que se estaba desarrollando”.
Por otro lado, el Juez argumentó que “no se advierten en los editoriales transcriptos por la Fiscalía Federal, ninguna frase que aliente la ejecución de prisioneros, la tortura” o “la desaparición de personas”.
En ese sentido, aunque “no cabe duda que la línea editorial del diario denotaba afinidad con el régimen instaurado”, “no corresponde juzgar el pensamiento político”.
“No constan elementos que permitan afirmar la autoría, coautoría, participación o encubrimiento –tampoco la instigación- del imputado de los crímenes contra las distintas víctimas enumeradas en el dictamen fiscal de fs. 531/631″, completa.
Asesinato de Heinrich y Loyola
En segundo lugar, se analizó “la autoría, coautoría, participación, instigación o determinación por el imputado” en el asesinato de los obreros gráficos Heinrich y
Loyola.
En este caso, y nuevamente en línea con dictámenes anteriores, indicó que “las probanzas consignadas fueron analizadas tanto en esta instancia como por el tribunal de alzada“. Según explica el documento, este último concluyó:
“La ausencia total de elementos de prueba que acrediten la responsabilidad penal de Vicente Gonzalo Massot en relación a estos hechos”.
“El único elemento de prueba concreto agregado” con respecto al tema, “es la declaración de Julio César Valero“, indicó el Juez, que aseguró que se trata de un “testimonio que nada suma” y que parte de la pretención de que Massot “tenía un profundo y muy preciso conocimiento” del plan de las autoridades militares, así como “de las políticas de represión ocurridas durante la dictadura chilena”.
“Las probanzas reunidas […] me permiten arribar a la certeza negativa acerca de la comisión de los delitos antes señalados, pues no tienen entidad suficiente como para continuar sujetando al imputado a la presente pesquisa“, indica el documento.
Por ello, resuelve:
“Sobreseer en la causa respecto de Vicente Gonzalo Massot, de las demás circunstancias personales obrantes en autos, en orden a los delitos por los que fuera oportunamente indagado“.
