Los fiscales Miguel Palazzani y Pablo Fermento pidieron procesar al ex dueño del diario bahiense La Nueva Provincia, Vicente Massot, como coautor del homicidio durante la dictadura de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, dos obreros gráficos y por instigación al genocidio.
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca solicitó el procesamiento al ex responsable del periódico La Nueva Provincia, Vicente Gonzalo Massot, por los crímenes de lesa humanidad de los que habría formado parte su diario en la ciudad y la región durante la última dictadura cívico-militar.
En su dictamen, el fiscal general Miguel Ángel Palazzani y el auxiliar fiscal Pablo Fermento pusieron en valor las pruebas surgidas de los documentos de la Operación Cóndor y argumentaron que esos elementos modifican las conclusiones que llevaron al dictado de la falta de mérito que benefició a Massot en 2020.
Los fiscales aclararon que la imputación:
“No engendra un reproche penal genérico contra la actividad periodística durante el terrorismo de Estado, ni aun cuando se tratara de la emisión de discursos del odio. De lo que se trata es de analizar un caso en el que, junto a ese discurso de odio, se verifican una serie de circunstancias que lo subsumen en un delito penal, como es la instigación a cometer genocidio”.
Los fiscales sostuvieron que Massot llevó a cabo operaciones psicológicas para las fuerzas armadas, como presentar públicamente los fusilamientos de las víctimas como “enfrentamientos” y realizar -junto a otros miembros fallecidos del clan, entre ellos su madre, Diana Julio- “aportes esenciales” que “consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través del llamamiento al exterminio desde las páginas del diario antes, durante y después de la dictadura.
También acusaron al empresario periodístico como coautor del homicidio de los obreros gráficos del diario Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola perpetrado entre el 30 de junio y el 4 de julio de 1976.
Para insistir en el procesamiento, el dictamen analiza la prueba producida en la investigación no tomada en cuenta en el dictado de la falta de mérito, enfatizando en los reportes secretos elaborados antes de la dictadura por el agente de inteligencia chileno Lautaro Enrique Arancibia Clavel -encargado del Departamento Exterior de la Dirección Nacional de Inteligencia chilena (DINA)-, en los que comunica a sus jefes que Vicente Massot era, además de su amigo, un contacto establecido para los fines de su misión en el país.
“(Massot) no era blanco del plan estatal de acción psicológica, sino que conocía abiertamente su existencia y finalidad -el aniquilamiento de opositores políticos-, y realizaba aportes para su exitoso cumplimiento, los cuales eran voluntarios, conscientes, libres y bajo plena consustanciación”, sostuvieron los fiscales.
En estos documentos, el espía informaba que Massot le había solicitado información para una “campaña en los medios que él controla sobre la penetración soviética en América Latina”.
Esa información fue valorada en conjunto con las constancias ya existentes respecto de la estrecha y fluida relación de cooperación entre Vicente Massot y su familia con las máximas autoridades represivas del país y la región, tales como los generales Guillermo Suarez Mason, Osvaldo Azpitarte y Acdel Vilas, o el segundo jefe de la delegación local de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPBA), quien actuaba asimismo como jefe de seguridad de la empresa periodística.
Incitación al genocidio
La fiscalía insistió en que las publicaciones del diario durante los años de la dictadura fueron un llamamiento al exterminio.
Indicó que La Nueva Provincia desarrolló una campaña mediática que consistió, entre otras:
- En la justificación de la eliminación de grupos sociales calificados como “subversivos”.
- En la exhortación a las fuerzas armadas a no declinar en la empresa de exterminio y a llevarla a cabo hasta las últimas consecuencias.
- en la negación del estatus jurídico de los grupos sociales perseguidos.
- En la incitación a la población a ocupar en rol activo en la eliminación de grupos sociales, cumpliendo con el deber de delación.
- En el ocultamiento de las prácticas de secuestro, torturas, asesinato y desaparición de personas, mediante la presentación de los casos como muertes en enfrentamientos armados contra las autoridades públicas.
Los obreros gráficos asesinados
Además, los fiscales insistieron en la responsabilidad de Massot por los crímenes que padecieron los obreros gráficos de La Nueva Provincia, Miguel Ángel Loyola y Enrique Heinrich.
Para ello, analizaron el rol del acusado en el entramado delictivo para el aniquilamiento de opositores políticos, más su comprobada y personal participación en el señalamiento de quienes consideraba integrantes de un “soviet enquistado en la empresa”, y de la entrega de esa información a las autoridades militares.
Los representantes del MPF valoraron una declaración testimonial que dio cuenta de una reunión de la madre del acusado con los generales Osvaldo Azpitarte y Acdel Vilas –comandante y segundo comandante del Cuerpo V del Ejército–, en la que la entonces directora del diario le dijo a los militares que “tenía problemas con los obreros gráficos Heinrich y Loyola”, reclamando “una solución” y advirtiéndole al general Azpitarte: “Osvaldo, no vamos a tener otro remedio que chuparlos por izquierda”.
