La empresa Personal presentó un amparo que le permita incumplir la ordenanza que establece que las compañías de telecomunicaciones deben tener generadores propios para asegurar 72 horas de autonomía en el servicio en Bahía Blanca durante catástrofes climáticas.
A mediados de 2025, el Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza presentado por el concejal de La Libertad Avanza, Carlos Alonso, dedicado a crear el “Plan de Resiliencia en Telecomunicaciones” para garantizar el abastecimiento del 80% de sus estaciones base y nodos críticos durante situaciones extraordinarias.
Sin embargo, la empresa de telefonía Telecom-Personal decidió presentar un recurso de amparo judicial para evitar cumplir con la ordenanza. Hasta ahora no se conocen mayores detalles del recurso presentado, aunque el objetivo sería no realizar las inversiones necesarias para adecuarse a la nueva normativa.
Cabe recordar que Bahía Blanca fue azotada por dos catástrofes climáticas en los últimos años: el ciclón que azotó la ciudad en diciembre de 2023 y la inundación de marzo de 2025. En ambos casos, el servicio eléctrico se vio afectado y un número significativo de bahienses quedó incomunicado en medio de los eventos climáticos.
Esto es lo que el proyecto presentado por Carlos Alonso (presidente del bloque libertario) venía a resolver. La iniciativa había sido presentada en abril de 2025 y luego fue tratada en el Concejo Deliberante en junio, durante una sesión en la que fue aprobada con el apoyo de todos los bloques.
Carlos Alonso: “Tenemos que asegurar que las antenas de telefonía móvil funcionen durante emergencias”
¿Qué dice la ordenanza municipal?
Puntualmente, la ordenanza indica que las empresas prestadoras deberán garantizar que al menos el 80% de sus estaciones base y nodos críticos cuenten con fuentes de energía de respaldo (grupos electrógenos o baterías) y sistemas de conectividad redundante (como enlaces satelitales o de microondas) que funcionen independientemente del tendido principal.
Por otro lado, detalla que deben establecerse “protocolos de activación automática y priorización de tráfico para garantizar comunicaciones de emergencia”. En este contexto, remarca que “la presente ordenanza será de aplicación obligatoria para todas las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones con infraestructura operativa” en el partido.
En caso contrario, las compañías deberán ser sancionadas con “multas proporcionales a la facturación local de la empresa”, “la suspensión temporal de licencias o autorizaciones municipales” y la “publicación de los incumplimientos en los medios oficiales”.
En los fundamentos del proyecto, Alonso remarcaba que el acceso a las comunicaciones constituye un derecho básico, especialmente en contextos de emergencia, donde “resulta vital para la coordinación de tareas de rescate, auxilio y contención de la población”.
Por otro lado, apuntaba que existen antecedentes internacionales en países como Japón, Chile y Estados Unidos, donde las leyes “exigen a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones contar con sistemas autónomos de respaldo energético y redundancia tecnológica“.
La ordenanza debía entrar en vigencia 90 días después de su promulgación (en octubre de 2025) y a partir de entonces las empresas tendrían un año para adecuarse a los requisitos establecidos.
El tema también se discute en la Legislatura bonaerense
Lo cierto es que la necesidad de establecer protocolos ante situaciones de emergencia no solo es un tema discutido en Bahía Blanca, sino que la cuestión también llegó a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.
Ahí, el senador liberal Sergio Vargas presentó en julio un proyecto de ley que propone la creación de un “Régimen de Contingencia en Telecomunicaciones” en el territorio bonaerense, que avanza en el mismo sentido que la iniciativa de Alonso.
La propuesta obtuvo media sanción en la Cámara Alta y establece que las compañías deben diseñar, implementar y mantener actualizado un Plan de Contingencia junto al gobierno provincial.
Dentro de los requisitos mínimos que deberá contemplar cada plan, el texto incluye un análisis de riesgos, estrategias de respaldo, protocolos de respuesta ante incidentes, tiempos estimados de recuperación, mecanismos de comunicación en emergencias, simulacros periódicos y auditorías anuales.
Según explicó Vargas, “la ausencia de un marco legal específico coloca a la población y a las instituciones bonaerenses en una situación de vulnerabilidad”. “Las telecomunicaciones juegan un papel esencial en la vida diaria, el funcionamiento institucional y la economía”, indicó.
En este contexto, se vuelven “aún más necesarias en momentos excepcionales“, como catástrofes climáticas. “El fortalecimiento de la resiliencia digital no sólo protege derechos fundamentales, como el acceso a la información, sino que también contribuye al desarrollo sostenible y la gobernanza moderna”, concluyó el senador bonaerense.
