El abogado Sebastián Martínez, representante legal del concejal Carlos Alonso, jefe de bloque de La Libertad Avanza en Bahía Blanca, brindó declaraciones exclusivas a Juan Ignacio Guarino para El Ágora 2024 en Taboo Multimedios. En la entrevista, Martínez abordó la compleja situación política y legal que se vive en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, tras la denuncia presentada por Alonso contra la presidenta del Concejo, Marité Gonard, y las concejalas Silvina Rubio y Valeria Rodríguez.
Ilegalidad en la incorporación de concejales
Martínez enfatizó la falta de un acto administrativo formal que respalde la incorporación de los concejales Marcos Streitenberger, Silvina Rubio y Valeria Rodríguez al bloque de La Libertad Avanza.
“No me consta que exista expreso acto administrativo por la presidencia del Concejo Deliberante”, afirmó el letrado, agregando que sin este documento, “todo lo demás es nulo, no tiene valor legal”.
El abogado explicó que la mera manifestación de voluntad de los concejales no es suficiente para efectuar un cambio de bloque.
“Si no tiene la contraparte o la contrapartida, por lo menos es mi análisis, que es algo no solo legal, sino sentido como un puro”, señaló Martínez.
Cuestionamiento a la validez de las decisiones del Concejo
Ante la nota emitida por la presidenta del Concejo, Marité Gonard, que reconoce a Valeria Rodríguez como nueva jefa del bloque de La Libertad Avanza, Martínez fue categórico: “Si no incorporaste a los concejales, todo lo demás que hagas no tiene validez, es nulo de nulidad absoluta”. El abogado argumentó que sin la incorporación legal previa, los concejales no están habilitados para votar en el marco del bloque.
Martínez advirtió sobre las posibles consecuencias de estas acciones: “Cualquier resolución que se tome en ese contexto con la participación de quien yo considero no puede ejercer la presidencia de este bloque, está viciada y puede ser a futuro judicialmente nulificada”.
Continuidad de Carlos Alonso como jefe de bloque
Martínez fue enfático al afirmar que la situación legal de Carlos Alonso como presidente del bloque La Libertad Avanza no ha variado: “Hoy Alonso sigue siendo el presidente del bloque La Libertad Avanza”. El abogado argumentó que no existe ningún acto administrativo que haya modificado esta situación y que “los tres concejales que se escindieron de otro bloque político no forman parte, legalmente hablando, de este bloque de La Libertad Avanza”.
Denuncia penal y posibles delitos
Respecto a la denuncia penal presentada por Alonso, que incluye la presunta sustracción de objetos de valor, Martínez explicó que corresponde a la fiscalía determinar la existencia del delito y, en su caso, identificar a los responsables.
Además de la posible sustracción, Martínez mencionó que podría haberse cometido el delito de violación de domicilio.
“Cuando sin autorización de quien ejerce o habita, aún transitoriamente, un ámbito de privacidad, sin la autorización de esa persona que ejerce o tiene la posesión de ese espacio de privacidad, yo ingreso sin esa previa autorización”, explicó el letrado.
Martínez también sugirió la posibilidad de que se haya ejercido una forma de abuso de poder al tomar decisiones en violación del reglamento del Concejo. “El abuso de poder a veces es precisamente eso“, señaló, aunque aclaró que no necesariamente sea este el caso y que corresponde a la investigación determinarlo.
También enfatizó que será tarea de la fiscalía determinar si existió delito y, en caso afirmativo, quiénes son los responsables:
“Es labor de la fiscalía. La fiscalía tiene que determinar en una causa penal dos extremos: uno es lo que se llama la materialidad delictiva, si existió delito. Y una vez que determinó que existió un delito, poder intentar determinar quién es el responsable”.
Posibles acciones legales y administrativas
El abogado delineó las posibles acciones legales que podrían tomarse en caso de que se emita un acto administrativo que reconozca a los concejales escindidos como parte del bloque La Libertad Avanza. Mencionó dos vías principales: la de recurrir al juzgado contencioso administrativo pidiendo la nulidad de la resolución, y la posibilidad de presentar una demanda originaria ante la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, amparándose en el artículo 263 bis de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Críticas a la actuación de la presidenta del Concejo Deliberante
El abogado cuestionó la falta de comunicación oficial por parte de la presidencia del Concejo Deliberante:
“Esperemos que la presidencia del Consejo Deliberante tome una resolución y nos haga saber más allá de un Twitter o más allá de una nota que termina mandándose ella misma […] institucionalmente hablando, la postura, la resolución, el acto administrativo que toma la presidenta, o la presidencia”.
Acceso a la oficina y escenarios futuros
Ante la pregunta sobre el acceso de Alonso a su oficina, Martínez expresó: “Alonso la va a tener mañana seguramente y lo que se tendrán que ir son los que están, incorrectamente a mi modo de ver, ocupando una oficina porque no tienen derecho para esa obra”. Sin embargo, advirtió que si esta situación no se resuelve, “tendremos otro escándalo”.
Sobre supuestas inconsistencias en declaraciones de Alonso
Martínez fue enfático al señalar que las declaraciones mediáticas no tienen valor legal, algo particularmente relevante en el contexto de las acusaciones contra Alonso a través de redes sociales sobre supuestas inconsistencias en sus declaraciones ante los medios.
“Lo que no está en el expediente no forma parte de la realidad jurídica” expresó y cerró la nota realizando un llamado a la prudencia y al respeto por los procesos legales.
“Vivimos en un marco de derecho donde tengo que sostener con el pecho lo que digo con la boca”, afirmó, subrayando la importancia de basar las afirmaciones en hechos probados y documentados legalmente.