Un grupo de Concejales encabezados por Carlos Alonso solicitaron que se inicie una investigación pre-sumarial para identificar quién filtró las imágenes de las cámaras de seguridad del Concejo Deliberante de Bahía Blanca utilizadas por un militante libertario para denunciar una supuesta agresión del edil.
Recientemente un militante libertario apodado irónicamente en los pasillos del Concejo como el “Flaco Tom” (por su insistencia en replicar el estilo del tuitero libertario “Gordo Dan”) divulgó imágenes de las cámaras de seguridad del Concejo Deliberante para denunciar una supuesta agresión de Carlos Alonso.
Ante esta situación, un grupo de Concejales elevó una nota las autoridades del deliberativo pidiendo que se inicie una investigación presumarial. El escrito lleva las firmas del propio Alonso, Adrián Jouglard, Martín Barrionuevo y Mauro Reyes, y fue enviada a Marité Gonard (presidenta del cuerpo) y Walter Larrea (asesor letrado del Municipio).
“Lo que amerita la presentación de esta nota, y pedido de formación de investigación pre-sumarial”, indicaron los ediles, “es la gravedad que conlleva la filtración a personas ajenas a la institución, del contenido de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en el edificio”.
No es la primera vez que el militante, llamado Tomás Dell’Elce, intenta generar controversias a través de redes sociales. Sin embargo, en esta oportunidad utilizó material fímico cuyo acceso, en principio, requiere de la autorización de las autoridades del órgano legislativo encabezado por Gonard. Lo que despertó suspicacias sobre quién le habría dado acceso a las grabaciones.
Para los ediles, esta situación “conlleva la materialización de una falta/infracción a lo normado por el Convenio Colectivo que regula la relación laboral de los empleados municipales a nivel local”. Además, remarcaron que “quien tiene acceso exclusivo al material fílmico de las cámaras de seguridad es personal municipal encargado del área“.
Además, la nota hace referencia a la Ley N° 25.326 (dedicada a la protección de datos personales), indicando que “las imágenes registradas no podrán ser utilizadas para una finalidad distinta o incompatible a la que motivó su captación”.
“El Estado sólo podrá disponer su difusión al público cuando se encuentre autorizado por ley o por decisión de funcionario competente y medie un interés general que lo justifique“, remarcan en el escrito, al tiempo que consideraron:
“Necesario determinar los responsables de la filtración de las imágenes de las cámaras de seguridad, para sancionar la infracción cometida. De ahí que la investigación pre-sumarial se impone“.
Finalmente, “se solicita, con extrema urgencia, se disponga la instrucción de una investigación pre-sumarial para determinar la comisión de una infracción -filtración de imágenes- y en su caso los responsables e imponer la sanción que corresponda”.
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