Apelaron el sobreseimiento de Vicente Massot y pidieron su juzgamiento en un proceso oral y público

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Los fiscales Miguel Ángel Palazzani y Pablo Fermento apelaron el sobreseimiento de Vicente Massot en el marco de la causa que investiga al exdueño de La Nueva Provincia por el asesinato de dos obreros gráficos y la conformación de una asociación ilícita con las autoridades militares durante la última dictadura.

Anteayer, los integrantes de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca, Miguel Ángel Palazzani (fiscal general) y Pablo Fermento (auxiliar fiscal) apelaron el sobreseimiento dictado por el juez federal Walter López da Silva.

En la causa, Vicente Massot se encuentra imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos del diario, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Además, se lo investiga por realizar tareas de acción psicológica para las autoridades militares y llamar al genocidio durante la última dictadura cívico militar

En este contexto, los fiscales remarcaron que se trata de una resolución arbitraria y contradictoria, y solicitaron el procesamiento del empresario para que sea juzgado en debate oral y público.

Una resolución arbitraria y contradictoria

Inicialmente, Palazzani y Fermento hicieron énfasis en la supuesta “certeza negativa acerca de la comisión de los delitos antes señalados” y remarcaron que el propio fallo reconoce el estado de duda con respecto a los hechos. Al respecto, indicaron que:

“La referencia que realiza la resolución al derecho a liberarse del estado de sospecha con el transcurso del tiempo no hace más que confirmar que en el presente caso no estamos ante un estado de certeza negativa”.

Asimismo, apuntaron a los argumentos relacionados con la prolongación del proceso y la falta de recolección de elementos de convicción suficientes. “La sentencia recurrida no brinda los fundamentos para entender que ambos requisitos están cumplidos”, indicaron en el escrito.

Para los fiscales, López da Silva no hizo “ningún tipo de análisis en el caso concreto, que lo lleve a concluir que la duración del proceso ha devenido irrazonable“. En este contexto, recordaron la resolución de la Corte Suprema en el marco del caso “Acosta”:

“En particular las cuestiones de hecho y de derecho que deben ponderarse en el juzgamiento de estas causas, como la complejidad del caso, los obstáculos para la investigación y juzgamiento, o la normativa internacional sobre plazo razonable y el mandato de no impunidad para delitos de lesa humanidad”.

Según indicaron, estas pautas no fueron valoradas en la decisión y remarcaron que “en esta causa se cumplen los estándares señalados”.

Las vinculaciones entre Massot y las autoridades militares

Asimismo, los fiscales manifestaron que la prueba reunida en el caso “es concordante y contundente”, y recordaron la incorporación de documentos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile que mencionan a Massot como un contacto en 1974.

Resulta arbitrario afirmar que no habrán de colectarse nuevos elementos de convicción, cuando en la última etapa de instrucción –lejos de un estancamiento de la investigación– se produjeron continuos avances probatorios”, explicaron.

Por otro lado, los representantes del MPF se refirieron a una entrevista realizada por Abel Escudero Zadrayec al almirante Jorge Isaac Anaya que aún no ha sido incorporada al expediente, donde el exjefe de la Armada y exintegrante de la junta militar también menciona a Massot.

El militar había indicado que se encontró con el empresario en la ciudad y “sacó las armas del baúl de su coche, las pusimos en el baúl del mío” y al volver a la base de Puerto Belgrano “las hice recortar, nos encontramos otra vez y se las di“. “Tengo mi corazoncito en La Nueva Provincia: su relación con la Armada es muy estrecha“, completa.

Instigación al genocidio

Más adelante, apuntaron a otro de los argumentos del juez, que había indicado que no se advierte en las publicaciones del diario “ninguna frase que aliente la ejecución de prisioneros, la tortura o la desaparición de personas, la tortura o la desaparición de personas”.

Al respecto, recordaron varias editoriales en las que se ve que “lo que estaban pidiendo y justificando” desde La nueva provincia “era el desarrollo de todas las prácticas que se aplicaban en clandestinidad”. “Es decir, en violación de las prohibiciones del Convenio de Ginebra en el trato de prisioneros de guerra”, agregan.

“¿O es que todavía vamos a creer que, mientras se conspira para destruir a la Patria, los delincuentes subversivos merecen acogerse al Tratado de Ginebra?”, indica una de las publicaciones citadas, mientras otra expresa:

Al enemigo hay que combatirlo con sus propias tácticas, sin concesiones, treguas ni cortapisas, sin pedir permiso ni andarse con contemplaciones respecto de lo que se hace o lo que se hará”.

“No hay posibilidad de hablar de un discurso de apoyo a la legalidad cuando se instaba a la violación del ordenamiento jurídico internacional“, remarcaron los fiscales, que cuestionaron que se omitió “una de las constancias probatorias” nuevas del caso, el diario personal del obispo Victorio Manuel Bonamin.

Según detallaron, estos elementos probatorios refuerzan “la verdadera naturaleza del rol desempeñado desde el órgano de prensa” en “el desarrollo de los requerimientos de acción psicológica para el éxito del plan criminal”.

Se trata de prueba nueva que también ameritaba un nuevo análisis en relación al caso de los obreros gráficos asesinados [Heinrich y Loyola], máxime cuando se encuentra acreditado que la militancia de las víctimas se desarrollaba exclusivamente en la empresa (encabezando las protestas gremiales-laborales), la única perjudicada por la actuación de las víctimas”, agregan.

 

Por esto, los fiscales concluyeron que “resulta imperioso que el mérito de la acusación que pesa sobre Massot sea evaluada en etapa de juicio oral y público”.

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