El 25 de mayo, además de una fecha festiva para el común del Pueblo argentino, es un día muy significativo para el kirchnerismo y su principal agrupación juvenil. Como se ha recordado en las últimas horas, el 25 de mayo de 2003 Néstor Kirchner asumió el primer gobierno de un ciclo que continuaría con dos mandatos de Cristina Fernández, hasta diciembre de 2015. Tres décadas antes, en 1973, la proscripción del peronismo quedaba atrás y el odontólogo Héctor Cámpora, apoyado por sectores de la juventud revolucionaria de entonces, juraba como Presidente.
“La Cámpora” se llama, justamente, la principal organización juvenil del país y de la ciudad. Con afluentes de las clases medias recuperadas luego del tembladeral de 2001 y llegada a los barrios populares y universidades, la agrupación fue creciendo a medida que cumplían años sus militantes y referentes, muchos y muchas luego en cargos ejecutivos o legislativos.
Esa confluencia de significantes se agolpó en la madrugada de otro 25 de mayo que se haría fuerte en el calendario, aunque no tanto en la memoria cortoplacista de la ciudad y la región: hace dos años y unas pocas horas, un artefacto de potencialidad letal y detonación a distancia explotó en el local del Frente de Todos de Bahía Blanca, en Beruti y Donado. Las calles estaban vacías, porque regía la cuarentena estricta, pero de haber habido transeúntes, la explosión pudo matarlos.
Bajo responsabilidad de la agrupación, el espacio atacado pertenecía al Frente de Todos (FdT) y servía de despacho para dos legisladores provinciales: la senadora Ayelén Durán y el entonces diputado Gabriel Godoy. Vale decir: no era únicamente un espacio de La Cámpora, y tenía un uso no sólo partidario, sino también institucional. Dos aspectos en general poco mencionados por los medios de comunicación, que circunscribieron lo ocurrido a la organización juvenil, estigmatizada para buena parte de la población local. Independiente pero contiguo, se ubicaban las oficinas de otro legislador del FdT, Marcelo Feliú.
En las primeras horas luego de ocurrido, la atención local se centró en ese evento, que recuperaba a la memoria colectiva algunos de sus peores capítulos. El hecho fue el primero en involucrar explosivos, aunque los siguientes fueron de distinto armado y peligrosidad, y representó un nuevo estadio en las agresiones nocturnas contra locales partidarios o institucionales.
Los repudios no se hicieron esperar, aunque la permanencia del tema en la agenda se fue diluyendo conforme pasaban las horas y los días. Este jueves 25 se han cumplido dos años sin que ese atentado, ni tampoco otros de similar tenor ocurridos en los meses posteriores, tuviesen esclarecimiento. Tras cada hecho, sobrevenían días de preocupación y repudio. Luego, olvido. Hasta que la acumulación hizo que, para enero de 2022, el poder central tomara nota y se acercase al territorio.
No obstante, la investigación permanece sin novedades significativas desde hace varios meses. De hecho, la última noticia tuvo que ver con el anuncio del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista, con sede local desde la serie de atentados, en relación a que consideraba agotados los caminos de la pesquisa.
Tiempo perdido
Quienes conocen la causa indican que, más allá de su lentitud posterior, se evidenció una notable pérdida de tiempo en las horas que siguieron a la madrugada de aquel 25 de mayo, cuando los juzgados federal y de provincia se entretuvieron en dilucidar a quién correspondía la competencia.
La aparición en escena del ahora fiscal federal Ulpiano Martínez representó un indicio de que la investigación encontraría serias dificultades para avanzar. Cuando Martínez actuó como juez subrogante en causas por delitos de lesa humanidad sus posiciones solían obstaculizar reclamos de la acusación pública o las querellas, que conseguían finalmente destrabarlos pero a costa de pérdidas de tiempo considerables. En alguna ocasión, dejó huellas de que ni siquiera había leído los expedientes al resolver sobre ellos. Por si fuera poco, cuando Alejo Ramos Padilla lo reemplazó, encontró en la sede del juzgado un arsenal acumulado, armas y drogas que no habían sido destruidas, e incluso un explosivo secuestrado y catalogado con un cartel muy coloquial pero poco tranquilizador: “Ojo, está activado”.
Con semejantes antecedentes, no extrañó que las rutas de Martínez no llevaran a ningún puerto en la investigación actual, que le tocó ahora como fiscal federal de primera instancia hasta que la jueza Gabriela Marrón –que dejó escrita su preocupación por la amenaza que hechos como los investigados representan para el orden democrático- debió relevarlo de la tarea y reasumió la investigación. Para entonces, grafican quienes conocen el tránsito de la pesquisa, habían confluido tres puntos, todos negativos:
- se perdieron horas cruciales, las inmediatamente posteriores al atentado, en cuestiones meramente de forma;
- la investigación nunca postuló una o varias hipótesis, siquiera para –como suele ocurrir con las hipótesis, por definición- irlas descartando luego; y
- mientras Martínez fantaseaba con recurrir al FBI para resolver el caso clarificando las imágenes obtenidas de la única cámara pública que funcionaba y algunas privadas que pudieron rastrearse, se separó del caso a la policía provincial, que lo venía trabajando y cuenta con un anclaje territorial del que otras fuerzas carecen.
De ese modo, hasta el momento las tareas de investigación sólo han permitido descubrir el submundo de redes sociales y servicios de mensajería en que se reunían personas con un pensamiento reaccionario, sin evidenciar qué respuestas tiene el Estado (lo que incluye al Poder Judicial) para hacer frente a ese fenómeno social ni determinar si detrás de esos grupos había algo más. Incluso el principal aglutinante de esos sectores, la pandemia y las medidas de prevención, ya ha quedado desactualizado.
Militancia contra la impunidad
Más allá de todo, si el objetivo era amedrentar a la militancia política, no fue el caso. El lugar se reacondicionó tan pronto como la organización pudo recuperar control sobre él, y las actividades volvieron a su cauce habitual, retomando además la presencialidad que la pandemia restringió.
Para cerrar este repaso, El Ágora se comunicó con la senadora provincial Ayelén Durán, que milita en La Cámpora y –como se describió al inicio de la nota- tiene a la Unidad Básica de Beruti y Donado como oficina en Bahía Blanca.
Al reconstruir la madrugada del 25 de mayo de 2021, Durán recordó su sorpresa y alarma iniciales, unidas a una sensación de incredulidad frente a hechos que parecían completamente desterrados de la ciudad en democracia. “Fue un proceso. Primero, de entender qué había pasado en lo concreto, con los explosivos. Y luego, de ir reconstruyendo en otros términos lo sucedido, hasta ponerle el nombre que corresponde: violencia política”, recordó la legisladora sobre aquellas primeras horas luego del atentado.
En cuanto a una reflexión actual, a dos años de ocurrido el episodio y en vistas del recorrido judicial, Durán destacó que “fuimos consecuentes, dijimos que si este hecho no tenía justicia iban a darse otros, y así fue”. En tal sentido, enmarcó lo sucedido en Bahía Blanca en un contexto nacional de crecimiento y circulación de discursos de odio y consideró que esas manifestaciones de violencia política de distintas escalas alcanzaron su punto máximo cuando el 1 de septiembre pasado Fernando Sabag Montiel estuvo a punto de asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández.
Un hecho que, como los ocurridos aquí, no sólo permanece impune sino rodeado de muchas más dudas que certezas.