El Ministerio de Salud envió un documento a la Justicia en el que reveló sobreprecios en la compra de insumos para discapacitados en la ANDIS que van desde el 800% hasta el 4.200% y que dejan aún más expuesta la corrupción en el organismo desde la asunción de Javier Milei.
El interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, quien responde al ministro de Salud Mario Lugones, presentó ante la Justicia un informe que detecta sobreprecios de hasta 4.239% en compras de insumos ortopédicos realizadas por el organismo.
El documento no solo profundiza las complicaciones judiciales del exdirector Diego Spagnuolo, sino que también alimenta la tensión interna entre Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, figura cercana a la familia Lugones.
Por otro lado, el informe deja expuesto al presidente Javier Milei, quién había dicho que “todo lo que dice” el ex titular de ANDIS “es mentira”. En una situación similar quedaron Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, quienes el año pasado ensayaron una defensa coordinada similar.
¿Qué dice el informe sobre la corrupción en ANDIS?
El documento, firmado el 10 de abril por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, fue remitido al juzgado del juez federal Ariel Lijo y al fiscal Franco Picardi, quienes llevan adelante la causa por corrupción en la ANDIS.
El relevamiento abarcó 505 expedientes que comprometieron un presupuesto total de $18.368.585.604, de los cuales cerca de $4.770 millones permanecen pendientes de liquidación.
Según el informe, se identificaron desvíos críticos en las facturas presentadas por seis proveedores: Ortopedia Bernat SRL, Farma Salud SRL, Artrobone Ortopedia SA, Cirugía y Ortopedia Imnova SA, Bymax Medical y Expo Trauma. Las diferencias entre lo facturado al Estado y los precios de mercado resultaron, en varios casos, superiores al 800%.
El caso más extremo corresponde a la compra de un andador facturado por $12.150.000, que supera en un 4.239% el valor de referencia para un producto equivalente. También se detectaron sobreprecios que van del 800% al 900% en otros expedientes, como los de Perea de Fusco (908%), Suárez (897%) y Martínez Figueroa (872%).
El informe concluye que “el análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público”.
Entre los vínculos detectados figura el de Artrobone Ortopedia SA y Cirugía y Ortopedia Imnova SA, cuyos directivos están relacionados tanto por lazos familiares como societarios.
Corrupción en ANDIS: Así funcionó la red de coimas y sobreprecios que montaron entre libertarios y macristas
Más leña para el fuego de la interna entre Caputo y Karina
La investigación sobre la ANDIS se inició a partir de la divulgación de audios atribuidos a Spagnuolo, quien mencionó el pago de coimas de entre el 12% y el 20% del valor de los contratos, incluyendo una referencia a un porcentaje (3%) destinado a Karina Milei.
El exdirector y su entorno judicial impulsan la nulidad de la causa argumentando la ilegalidad de esos audios y el fiscal Picardi solicitó una pericia de voz para verificar su autenticidad. Sin embargo, el elemento terminó quedando en un lugar secundario ante las revelaciones posteriores, que incluyeron documentos, comunicaciones y otras pruebas del hecho.
Esta semana arrancó una nueva ronda de indagatorias que alcanza a 49 personas. Entre los citados se encuentra Osmar Mariano Caballi, exdirector general de la ANDIS durante la gestión de Alberto Fernández y socio mayoritario de Farma Salud, la principal proveedora investigada, que habría recibido del Estado $7.900 millones.
Otros dos socios de esa empresa presentaron un descargo escrito señalando a Caballi como el responsable de las operaciones cuestionadas. También deberá declarar personal vinculado a Bymax Medical, cuyo exgerente era pareja de Lorena Di Giorno, exfuncionaria de la ANDIS ya procesada en la causa.
La hipótesis judicial apunta a que el sistema informático Siipfis, utilizado por la ANDIS para gestionar contrataciones, habría sido manipulado para invitar selectivamente a un grupo reducido de proveedores, simulando competencias de precios que en realidad eran ficticias.
Desde el Gobierno, fuentes consultadas catalogaron el informe de Vilches como “un informe de hallazgos preliminares” y señalaron que el Ministerio de Salud “identificó posibles inconsistencias, las documentó y las canalizó por las vías institucionales correspondientes”.
El abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, afirmó por su parte que el documento no atribuye ninguna intervención directa al exdirector en las maniobras descriptas.
En el plano político, la presentación del informe es leída en el entorno libertario como un movimiento en el marco de la disputa entre Karina Milei y Santiago Caputo. Lugones es padre de uno de los socios del asesor, lo que convierte el accionar de Vilches en un elemento más de esa interna.
La tensión entre ambos sectores se había agudizado tras la designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia, decisión que desplazó a Sebastián Amerio, hombre de confianza de Caputo, y que el propio asesor habría resistido. “Hay pólvora en todos lados”, resumió una fuente del Gobierno consultada por La Política Online.
