Victoria Villarruel encabezó un acto negacionista en el Senado y adelantó que impulsarán la reapertura de las investigaciones por crímenes civiles cometidos durante la década del setenta, a pesar de que ella no pertenece al Poder Judicial y la ley establece que no se puede reabrir causas por delitos comunes.
La Vicepresidenta Victoria Villarruel llevó adelante un acto de conmemoración de las “víctimas del terrorismo” en el Salón Azul del Senado de la Nación, donde anunció que impulsará la reapertura de las causas que involucren a crímenes cometidos por grupos que hayan promovido la lucha armada durante la década del setenta.
Sin embargo, no explicó qué método utilizaría para llevar adelante para dicho objetivo, teniendo en cuenta que ella pertenece al Poder Legislativo (y no al Judicial) y que además la ley indica que no se pueden reabrir causas por delitos comunes.
Esto no detuvo a la titular de la Cámara Alta, quien acompañada por Claudia Rucci (hija de José Ignacio Rucci y armadora de la Vicepresidenta en territorio bonaerense) y Luis Czyzewsli (padre de Paola, víctima del atentado terrorista contra la AMIA) emitió un discurso en el que insistió en minimizar el terrorismo de Estado e impulsar la teoría de los dos demonios.
¿Qué dijo Villarruel?
Durante su intervención, Villarruel se refirió a militancia por “la memoria completa” (eufemismo que utiliza para referirse a su militancia a favor de los genocidas), que “ha sido la lucha más importante de mi vida“. “No sería la misma persona hoy si no hubiese persistido en esta batalla tan desigual contra lo más oscuro de la maldad humana”, agregó.
En este contexto, aseguró que el acto en el Senado “es un logro por la Memoria, la verdad y la reparación y era impensado hace 20 años atrás”, y apuntó contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia:
“Parecía utópico que hubiera resquicios de la luz de la verdad. En la muralla de la oscuridad pestilente que construyó el kirchnerismo sobre la década más dolorosa de nuestra historia. Era francamente peligroso denunciar los crímenes de las protegidas de Néstor y Cristina Kirchner”.
Además, se autocalificó como una “una pequeña David frente al Goliat, que tenía todo el poder estatal para garantizarse su impunidad, reescribir nuestra historia y enriquecerse los bolsillos con el dolor de todos los argentinos”.
“Hace más de cuatro décadas, grupos terroristas asesinaron, pusieron bombas, secuestraron, lastimaron y aterrorizaron a miles de argentinos”, continuó, y consideró que buscaban “lograr la disolución nacional, la desunión entre los argentinos y que flameara un trapo rojo ajeno a nuestras costumbres tradicionales a lo que la Patria argentina es, fue y será”.
Más adelante, comentó que “17.380 personas fueron salvajemente agredidas, pero aún más cruelmente olvidadas para que sus asesinos vivieran tranquilos al amparo de una clase política que los protegió y les garantizó nunca pisar una cárcel pese a la sangre inocente que derramaron”.
“Argentina merece no ser un nido de impunidad, y para ello hace falta que construyamos los cimientos que derrumben la injusticia”, manifestó en un discurso marcado por el tono verborrágico de la Vicepresidenta, quien agregó:
“Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años, cuando arranqué siendo demonizada y repudiada”.
En este contexto, consideró que “todos los montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra nación”. “Solo con los asesinos en las cárceles podremos en la unidad y el deber cumplido poner a nuestra amada Argentina de pie”, concluyó.
Repudio de las organizaciones de Derechos Humanos
De esta forma, Villarruel convirtió la jornada en una plataforma para su discurso negacionista que causó el repudio de las organizaciones de Derechos Humanos. En el caso de la Red Nacional de H.I.J.O.S., cuestionaron “la glorificación del terrorismo de Estado por parte de la Vicepresidenta” y manifestaron su preocupación por sus intenciones de desconocer “el genocidio cometido por el terrorismo de Estado que implementó la última dictadura“.
En este contexto, recordaron que “los crímenes de Lesa Humanidad comenzaron a ser juzgados en 2006 y continúan investigándose en causas judiciales en la actualidad“. Más adelante, remarcaron que:
“No podemos permitir que en nombre de la representación del pueblo y en una institución como el Senado de la Nación se niegue lo que la justicia juzgó y condenó: los crímenes de Lesa Humanidad”.
“Las hijas y los hijos de todo el país denunciamos esta acción ilegítima que vulnera los principios democráticos, atenta contra los Derechos Humanos y violenta la construcción de la Memoria, la Verdad y la Justicia”, completa el texto.
Más allá de la pirotecnia discursiva
La Vicepresidenta incluso generó incomodidades a senadores aliados. Es que su alocución ocurre poco después de que la Diputada Nacional Lourdes Arrieta publicara los proyectos de ley para liberar genocidas que estaban elaborando miembros de La Libertad Avanza.
En medio del escándalo por la visita de legisladores a genocidas en el penal de Ezeiza, Villarruel “cometió una torpeza”, aseguran desde el entorno de un Senador.
Entre los asistentes estuvieron Bartolomé Abdala y Francisco Paoltroni, quien ofició de aliado en la interna que sostiene con Javier Milei a partir de la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema. También estuvieron Andrea Cristina y Carmen Álvarez Rivero (del PRO, que votó contra el aumento jubilatorio la semana pasada).
Lo cierto es que fuentes parlamentarias aliadas a Villarruel reconocen que la Vice “se pasó tres pueblos” con su amenaza de reabrir causas juzgadas, y temen por el funcionamiento que tendrá la Cámara alta a partir de ahora, ya que “atacó al kirchnerismo, atribuyéndole ‘la memoria más delincuente’ de la historia“.
“Va a venir Sagasti y se la va a pudrir“, manifestó otro legislador aliado en referencia a Anabel Fernández Sagasti, senadora de Unión por la Patria, y las réplicas del bloque peronista frente al insulto.
“Villarruel está encerrada en una burbuja de cristal que le arma su entorno y este acto lo tenía armado, no era el momento, no lo pudo parar y se dejó llevar”, completaron desde el despacho de un legislador dialoguista.
Más allá de su promesa de reabrir las causas contra los grupos armados que accionaron durante la década de los setenta, la Vicepresidenta no dio precisiones sobre cómo planea hacerlo. Para ello debería enfrentarse al propio código penal, que indica que no pueden reabrirse las causas por delitos comunes.
Durante su alocución, Villarruel hizo mención a los ataques llevados adelante por agrupaciones como el ERP o Montoneros, pero eligió ignorar que el accionar de estas organizaciones muchas veces derivó en delitos que el gobierno de facto decidió no investigar.
Aunque la última dictadura militar optó por utilizar el aparato del Estado para perseguir, secuestrar y asesinar a sus militantes, varios de los sobrevivientes sí debieron responder a la justicia argentina por sus crímenes tras el retorno de la democracia.
La pirotecnia discursiva de Villarruel parece enmarcarse en una estrategia que tiene como objetivo negociar una amnistía para los genocidas condenados por delitos de Lesa Humanidad a partir de la amenaza de reabrir causas.
Así, en última instancia se buscaría cerrar las investigaciones y “darle vuelta a la página”. En estos términos se había expresado Abdala cuando se mostró a favor de impulsar un indulto a los represores.
Bartolomé Abdala se mostró a favor de indultar genocidas como Menem
El caso Larrabure
Cacbe señalar que en casos como el del asesinato del coronel Argentino del Valle Larrabure por parte de integrantes del ERP, el asesinato de José Ignacio Rucci o la detonación de una bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal en 1976 (que se atribuye a montonero) la justicia argentina estuvo de acuerdo en que no se trató de delitos de Lesa Humanidad.
En el caso de Rucci, la decisión corrió por cuenta del juez Ariel Lijo, a quien Javier Milei propone como juez de la Suprema Corte de Justicia. Villarruel se había mostrado en contra de esta decisión.
En cuanto al caso de Larrabure, Cámara Federal de la ciudad de Rosario fue la encargada de definir de forma unánime que su secuestro y asesinato durante el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón no fue un delito de lesa humanidad.
Cabe recordar que el entonces coronel había sido secuestrado por el ERP el 10 de agosto de 1974, en la fábrica militar de la ciudad de Villa María, en Córdoba. El 23 de agosto de 1975 su cuerpo fue encontrado en Rosario.
Posteriormente su familia presentó una denuncia para reabrir la causa, que fue rechazada por el juez federal Marcelo Bailaque bajo el argumento de que el delito había prescripto. Posteriormente, el tribunal compuesto por Fernando Barbará, Aníbal Pineda, Jorge Gallino, Elida Vidal y José Toledo decidió archivarla.
“La doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de nuestro máximo tribunal impone, de momento, el rechazo de la imprescriptibilidad de los hechos que nos ocupan“, expresó al respecto Gallino, quien agregó:
“En primer lugar, no se ha acreditado que el hecho tratado fuera cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil en el marco de una política de Estado o de una organización con apoyo estatal, extremos que es crucial probar, por tratarse de elementos de contexto descritos en el encabezado o preámbulo del art. 7 del Estatuto de Roma, que establecen las condiciones que debe reunir la comisión de alguno de los delitos que se enumeran en el artículo para constituir un crimen lesa humanidad”.
“Respecto a las organizaciones o grupos no estatales, inexorablemente se requiere que cuenten con el apoyo, la colaboración o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención”, continúa, “quedando al margen del concepto de crimen de lesa humanidad los actos individuales que no respondan a una política sistemática y general violatoria de los derechos humanos”.
Por otro lado, “en el plano internacional no parece que exista consenso para considerar a un objetivo militar comprendido en el elemento ‘población civil’, tema controvertido por el doctor Barbará en el voto que encabeza el acuerdo”.
“Pese a su destacado empeño, la querella no ha logrado acreditar hasta el momento la colaboración, apoyo o tolerancia por parte del Estado con el accionar de la Organización ERP, lo que obsta a que los hechos sean declarados imprescriptibles”, concluyó.
El caso no solo implicó un revés judicial para la familia del militar fallecido, sino que funciona como precedente frente al nuevo intento de Villarruel de reabrir las causas intentando igualarlas a las que investigan delitos de Lesa Humanidad.
