Senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron, a través de la vicepresidenta primera de la Cámara alta, Carolina Losada, una “ley espejo” con contenido idéntico al mega DNU de Javier Milei. Se trata de una forma de apoyar al gobierno libertario, saltando las eventuales trabas parlamentarias o judiciales que pueda encontrar el decreto.
El debate sobre el mega DNU que desregula la economía ya recibió fuertes rechazos en la sociedad y el Congreso.
Sin embargo, mientras la posición mayoritaria de los legisladores nacionales condena el contenido, lo que queda de Juntos por el Cambio (JxC) cuestiona la forma, por haberse querido imponer por decreto y no consensuar en un debate parlamentario. Más allá de esto, la medida no entró en vigencia y se espera la misma para que se active la comisión bicameral de Trámite Legislativo.
De cara a la discusión, la Confederación General del Trabajo (CGT) marchará este miércoles hacia Tribunales para presentar un amparo de inconstitucionalidad del decreto. En paralelo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció penalmente a Milei por el DNU, argumentando que incurrió en abuso de autoridad y otros delitos.
Ante la posibilidad de que el decreto caiga, sea por acción del Poder Judicial o por rechazo del Congreso, la senadora Carolina Losada avanzó con la redacción de un proyecto de ley que incorpore todos los puntos abordados en el DNU pero en trámite parlamentario “para no impedir el análisis pormenorizado, por parte de este Congreso, de cada uno de los temas previstos en el megadecreto”, dice en los fundamentos, “y al mismo tiempo para impulsar las profundas reformas que el Gobierno de la Nación quiere llevar a cabo desde el ejercicio de las competencias legislativas, es que presento este proyecto de ley, en el cual se condensan todas las reformas contempladas”.
La iniciativa aclara que, para poder avanzar con este debate, habría que derogar previamente el decreto para que las reformas se canalicen mediante el tratamiento parlamentario. De este modo, también se salvarían los proyectos libertarios de la inseguridad jurídica conseguida mediante una herramienta cuestionable como el decreto.
Se trata, entonces, de un juego en dos etapas. La primera, con “una ley espejo sin ninguna modificación a la redacción original del decreto para que todos los puntos del DNU se discutan por ley“, según explicó Losada y, la segunda, “la modificación de la ley que regula los trámites de los DNU”.
Para la senadora, la modificación “le da una salida al gobierno dado que a diferencia de como es ahora con la actual ley, donde el decreto se acepta o se rechaza, si se aprueba la modificación este y otros decretos se podrían aprobar en partes“, una de las salidas creativas que propuso la UCR la semana pasada.
Mientras que la UCR lanza este salvavidas político a Milei, los sectores del PRO referenciados en Horacio Rodríguez Larreta abandonan el bando “paloma” del partido amarillo y se pliegan al oficialismo que ya encara el sector macrista.
María Eugenia Vidal, a quien el ex jefe de gobierno porteño eligió para que ocupe la banca que ocupa en Diputados, se mostró de acuerdo con el contenido del decreto y pidió que se apruebe en el Congreso.
Para la ex gobernadora, el DNU de Javier Milei debería tener el visto bueno en el Congreso, tanto por el nivel de aceptación del mandatario como por su brevedad en el poder y la necesidad de un “cambio”.
Otro legislador que tomó posición similar fue Diego Santilli, el ex precandidato a gobernador de Larreta. Fue el primero que sentó una posición firme respecto de la medida. “Van diez días de gobierno, dejen trabajar al presidente”, lanzó en un tuit en el que cuestionó las críticas al instrumento utilizado por Milei.
De esta forma, el sector otrora conocido como “palomas” de JxC (radicales y larretistas) se perfilan a darle el apoyo político que La Libertad Avanza (LLA) carece en el Congreso, por tener apenas 37 diputados y 7 senadores. En tanto, cabe recordar que el bando “halcón” de la alianza ya integra abiertamente el oficialismo, como es el caso de Patricia Bullrich (PRO) y Luis Petri (UCR), ministros de Seguridad y Defensa del gobierno nacional.
