La llamada “Ley Hojarasca“, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, propone la derogación de aproximadamente 70 leyes vigentes en Argentina.
Entre las medidas más polémicas se encuentra la suspensión del envío de fondos a la Federación Argentina de Municipios (FAM) y al Círculo de Legisladores, lo que resulta un intento de desfinanciar a los municipios y vulnerar la autonomía municipal consagrada en la Constitución de 1994.
El proyecto, presentado como una iniciativa para eliminar leyes obsoletas y trabas a la “libertad económica”, incluye la prohibición del financiamiento estatal a la FAM, presidida actualmente por Fernando Espinoza, intendente de La Matanza. Esta federación, que cuenta con más de 500 intendencias asociadas en todo el país, ha sido crítica con las políticas del gobierno de Javier Milei, lo que ha llevado a especulaciones sobre las motivaciones detrás de esta medida.
Asimismo, el proyecto busca retirar el apoyo financiero al Círculo de Legisladores, presidido por Rafael Pascual, argumentando que estas organizaciones deberían funcionar con recursos propios. Sturzenegger sostiene que estas medidas buscan “emancipar” a estos entes del financiamiento estatal.
Entre otras propuestas controversiales, la ley plantea eliminar la obligación de los organismos estatales de comprar automóviles fabricados por la industria nacional, argumentando la necesidad de eficiencia en las compras públicas. También se propone derogar privilegios como el libre estacionamiento y circulación para legisladores nacionales.
La iniciativa fue enviada al Congreso y será tratada en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ambas presididas por diputados de La Libertad Avanza.
No obstante, mientras que el gobierno argumenta que estas derogaciones buscan simplificar el marco legal y promover la libertad individual y económica, la ley esconde un intento de socavar la autonomía municipal y debilitar las estructuras de apoyo a los gobiernos locales y legisladores, en un contexto de crecientes tensiones entre el gobierno nacional y las administraciones provinciales y municipales.
