Stornelli allanó al organismo público que denunció a Bullrich por el desvío de fondos para su campaña

En un intento de disciplinamiento político-judicial, el fiscal Carlos Stornelli ordenó allanar a la Inspección General de Justicia (IGJ) luego de que el organismo denunciara el desvío de fondos de la ONG de Patricia Bullrich.

El fiscal federal Stornelli fue quien quedó a cargo de la causa por el desvío de fondos del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IESS) que dirige la precandidata PRO hacia su campaña presidencial.

Y para hacer honor a sus velados y públicos vínculos con el partido amarillo, decidió comenzar su investigación con una orden para allanar al denunciante, que es la IGJ.

En el mediodía de este martes irrumpieron tres agentes de la Policía Federal y dos colaboradores de Stornelli en la sede del organismo con la excusa de llevarse el expediente administrativo en el que se basó la denuncia por defraudación y violación de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

La IGJ se había negado a entregar en un comienzo la información porque había recusado tanto al fiscal como al juez, Sebastián Ramos, a quienes vinculó con sectores del PRO; y esto sigue sin resolverse.

La respuesta fue mandar a buscar todo por la fuerza con un mecanismo disciplinador.

El viernes último Stornelli mandó un oficio a la IGJ en el que le exigía que presentara toda la «actuación sumarial» y la documentación en su poder relacionada con la investigación sobre el IEES.

Ricardo Nissen -titular de la IGJ- respondió que como había pedido la inhibición de Stornelli y recusado al juez Ramos por temor de parcialidad, postergaría la entrega para cuando los planteos tuvieran una resolución firme.

La respuesta del fiscal fue «la orden de presentación con allanamiento en subsidio«.

Ramos y Stornelli en la mira

La IGJ vincula a Ramos y Stornelli con el PRO, fuerza de la que Bullrich es presidenta en uso de licencia.

Respecto de Ramos, la recusación señaló su vínculo con Marcelo D’Alessandro, el exministro de Seguridad del gobierno porteño, exhibido a raíz chats del viaje a Lago Escondido. Sobre Stornelli, la IGJ recordó su cercanía con Mauricio Macri desde su participación en la Comisión de Seguridad de Boca.

¿Qué quisieron secuestrar de la IGJ?

Ramos y Stornelli buscaron extraer  la actuación sumarial, los anexos, documentación, y todo expediente relacionado. Para colmo, y sin explicación aparente, Stornelli quiere también el «organigrama» de la IGJ y copias de la resolución sobre la fundación que conduce Bullrich.

Como Nissen está de licencia, recibió a los agentes y funcionarios del Ministerio Público su número dos, Manuel Cuiñas Rodríguez, quien les dijo que estaba dispuesto a entregarles documentación digitalizada en un pendrive pero de ninguna manera la original, porque el decreto reglamentario mismo y la ley orgánica de la IGJ prohíben que salgan del organismo.

La nómina de funcionarios no la proporcionó porque podría ser todo el personal del organismo (administrativo, técnico, profesional). Indicó que el organigrama deberían pedirlo al Ministerio de Justicia.

El origen del escándalo

Lo que había detectado la IGJ es que solo en 2022 el IEES recibió 65 millones de pesos, y desde 2020 suman 90 millones en total. No obstante, en 2019 le habían ingresado solo 741,93 pesos.

La primera denuncia, que reclamaba una intervención judicial, ya señalaba un doble mecanismo: el IEES empezó a recibir grandes sumas en los comienzos de la campaña, con la excusa de encuentros/almuerzos que eran presentados como seminarios y donaciones de grandes empresas.

En verdad se trataban de actos de campaña, como expusieron diversos medios de las provincias que visitó Bullrich.

En el mismo período, la asociación pagó pasajes, catering, alquiler de salones y las cuatro líneas telefónicas a nombre del partido de Bullrich, Unión por la Libertad, fusionado con el PRO.

Quienes pusieron esos fondos para estos «eventos» fueron cerca de 400 personas (humanas y jurídicas) en su mayoría vinculadas a los rubros agroindustrial, seguros, bancos, entre otros.

También aportaron dinero dos casinos de Santa Fe (Casino Melincué S.A y Casino Puerto Santa Fe S.A), lo que constituye una estrategia para violar las disposiciones y prohibiciones de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, que impide contribuciones de quienes exploten juegos de azar.

La denuncia penal planteaba que, a través del IEES, Bullrich «procuró para sí un lucro indebido» al utilizar «dineros que no son de su propiedad y que no fueron aportados a partido político alguno para afrontar gastos de su propia y particular campaña». El desvío de fondos de una asociación civil es una forma de defraudación.

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