El 28 de febrero se aprobó la Ley de Moratoria Previsional impulsada por el Frente de Todos y ANSES. La historia contará que el oficialismo alcanzó 134 votos (necesitaba 129) con el aporte de su bloque y el de otros minoritarios mientras que los votos en contra fueron 107, dando levadura a esa masa Juntos por el Cambio y los auto percibidos como “libertarios” encabezados por el inefable Javier Milei.
La aprobación de la ley se concretó en período extraordinario de sesiones tras, claro, la media sanción que hace meses obtuvo en el Senado y la trabazón (si se me permite la” licencia poética”) impuesta por el bloque de Juntos por el Cambio sobre la base de distintas excusas, la última de ellas, la supuesta inconstitucionalidad del proceso de juicio político iniciado a los miembros de la Corte Suprema aunque, fundamentalmente, la decisión tomada y explicitada de paralizar el trabajo del Congreso de la Nación como estrategia política en el año electoral.
No obstante, es interesante repasar algunos de los argumentos opositores a la sanción de la ley que viene a garantizar el derecho de no menos de 800 mil personas de acceder a un haber jubilatorio.
El bloque opositor mayoritario formalizó a través de un documento que circuló en redes sociales titulado “JxC rechaza la decisión de seguir emparchando el sistema previsional en perjuicio de todos los jubilados” (sic) lo que vociferó en la arena mediática: el problema es la altísima informalidad que desfinancia el sistema, por lo que es inconveniente sumar nuevos beneficiarios al régimen jubilatorio porque eso es injusto para aquellas personas que tienen la totalidad de los años de aportes que exige la legislación.
El planteo es prácticamente un oxímoron.
Mientras hablan del problema de la informalidad como causa del desbalance del sistema, lo que es real, pretenden que en el marco de un sistema que es solidario, quienes no pudieron completar los años de aportes por causa de esa informalidad no deben tener el derecho de jubilarse.
Por su parte, el habitualmente histriónico Javier Milei sobreactúo su furia (siempre está furioso, al parecer) manifestando que “no sólo es inmoral que regalen jubilaciones a quienes no aportaron nunca, sino que profundiza el déficit estructural del país condenando a las generaciones futuras a la pobreza”.
En definitiva, más de lo mismo.
Omitiendo que la piedra angular del sistema es su carácter solidario, el líder de “La Libertad Avanza” abona la argumentación cambiemita.
Para que se entienda bien, y a riesgo de ser reiterativo, lo que manifiestan es que si usted está en edad de jubilarse pero no suma los años de aportes porque durante su vida laboral fue precarizadx, no tiene derecho a jubilarse.
Para lo que sigue en el presente texto, ítems a tener en cuenta:
- Sistema previsional argentino.
- Sistema solidario vs sistema de capitalización.
- La precarización laboral y su impacto en el sistema.
Una (muy) breve historia del sistema previsional argentino
Socialysolidaria.com nos cuenta, a través de un trabajo del Dr. Alberto Fatsman, que “a fines del siglo XIX se crearon Cajas de Jubilaciones para empleados de sectores específicos que tuvieron poder político y la influencia para que fueran creadas, como por ejemplo los maestros públicos, los militares y funcionarios de la administración pública”, siendo la Caja de Empleados Públicos la primera que agrupó a un sector en particular.
Luego fueron creadas las Cajas de Ferroviarios (1915), Servicios Públicos (1921), Bancarios (1923, Periodismo (1939) y la Marina Mercante (1939).
Para acceder a esas cajas, explica Fatsman, se exigían “30 años de servicio y la edad oscilaba entre 50 y 55 años para varones y 47 a 55 para mujeres.”
Los aportes se financiaban con aportes tanto de los empleados como de los empleadores, “oscilando entre un 4 y un 8% sobre los salarios. Además, podrían existir fuentes adicionales de financiamiento para cada Caja en Particular”.
Con sus momentos altos y bajos, el concepto del tipo de sistema previsional argentino ya estaba establecido: solidario, colectivo, con aportes de trabajadores y empleadores y financiamiento proveniente de otras cuentas asegurando el beneficio para los trabajadores registrados pertenecientes a distintas ramas y asignados a Cajas respectivas.
No obstante, la cobertura era ínfima.
Para 1940, “la población cubierta alcanzaba apenas al 7% de la población económicamente activa”, explica el autor del trabajo citado.
En 1944, con la creación de la Caja de Comercio se masifica y expande la cobertura previsional y, con la creación en 1946 de la Caja de Aeronavegación y la Caja de la Industria, se llegó a una cobertura cercana al 50% pero para llegar a esto, algo sucedió en 1943.
Ese año, el por entonces Coronel Juan Domingo Perón pidió quedar al frente del Departamento Nacional del Trabajo. Dos meses después de asumir Perón, según explica un artículo de la revista “La U” de la Universidad Nacional de San Juan, el Departamento fue elevado al rango de Secretaría de Trabajo y Previsión, impulsando desde allí un paquete de leyes laborales de carácter progresivo y la creación de las cajas mencionadas.
Posteriormente, y ya siendo Presidente, Perón jerarquizó la Secretaría de Trabajo, que pasó a ser Ministerio de Trabajo y Previsión, creó la Caja de Trabajadores Rurales e Independientes, Profesionales y Empresarios, impulsó la sanción de la primera Ley en materia previsional, la 14370/54 de aplicación general, y extendió “el derecho a la previsión social para amplias franjas de la clase trabajadora (quedando) el acceso a la cobertura previsional dependiendo solo de la pertenencia del trabajador al mercado formal”, cuentan en el artículo de la UNSAJ.
En ese punto nos detenemos, realizando algunas consideraciones: los vaivenes de la historia política argentina signados durante el siglo XX por distinto golpes de Estado, en particular de 1955 en adelante, han significado, en el marco de la disputa entre un modelo de país y un modelo de colonia (al decir del periodista Gustavo Campana), un andar zigzagueante entre un esquema de industrialización sustitutivo de importaciones a uno de primarización de la economía, centrado en la agroexportación con la novedad de la especulación financiera traída por el primer ministro de economía de la dictadura del 76’, José Alfredo Martinez de Hoz.
Lo mencionado en el párrafo precedente nos retorna al punto en que habíamos quedado: el acceso a la cobertura previsional dependiendo solo de la pertenencia del trabajadxr al mercado formal de trabajo.
Para explicarlo “en fácil”, les trabajadores formales son registrados por sus empleadores ante las autoridades competentes lo que implica el reconocimiento y ejercicio de derechos laborales de diversa índole, entre ellos, el acceso a la jubilación mediante el aporte personal y el patronal de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente. En tanto, la relación de trabajo informal es aquella no registrada, con lo que la persona trabajadora carece de posibilidades reales de acceder al ejercicio pleno de sus derechos laborales.
En estos casos, el aporte previsional no existe, y al momento de querer jubilarse, la persona trabajadora directamente no existe para el sistema.
Es en este marco que las moratorias previsionales aparecen como indispensables no para, como vociferan desde la derecha, regalar jubilaciones a quienes no las merecen, sino para reconocer derechos cercenados lo que, de todas maneras, no es gratis, porque un porcentaje del haber percibido se descuenta para pagar los aportes no realizados.
Sistema solidario vs. sistema de capitalización
La idea de sistema solidario implica que las personas aportantes al sistema previsional ayudan a su financiación existiendo además otras vías para engrosar sus recursos, lo que permite sostener el pago de jubilaciones y otros beneficios presentes. EL sistema de capitalización es… una cosa bien distinta.
Promediando la década menemista, aquella de las privatizaciones en las que, según Jorge Dromi (Ministro de Obras y Servicios Públicos y antes intendente de la ciudad de Mendoza designado por la dictadura genocida del 76´) “nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”, el Ministro de Economía Domingo Cavallo promovió la privatización de los fondos de jubilaciones y pensiones que pasaron a ser administrados por las llamadas “AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones)”.
El régimen se creó mediante la aprobación, el 22 de septiembre de 1993 de la Ley 24,241, que estableció el desdoblamiento del sistema en el que quedó como remanente un componente público de reparto.
En ocasión de cumplirse 20 años de la creación de las AFJP, la agencia estatal de noticias Télam publicó una nota en la que explicó que “con ese esquema, quienes optaron por afiliarse a una AFJP destinaron gran parte de sus aportes a comisiones de las administradoras y además no podían volver al sistema estatal, hasta que en 2007 el presidente Néstor Kirchner dispuso el libre traspaso”.
Los datos aportados por Télam son elocuentes: las AFJP se apropiaron de unos 10.000 millones de dólares en comisiones, mientras otros 35.000 millones engrosaron las utilidades de empresas beneficiadas con las rebajas de aportes patronales dispuestas también por Cavallo.
Sólo el resto, apenas unos 20.000 millones de dólares, fue a las cuentas de los afiliados al sistema de capitalización. Según estos análisis, sin esa sangría de fondos las cuentas del sector público, que siguió pagando jubilaciones mientras las administradoras cobraban 30% de comisión por los fondos que acumulaban, hubieran tendido al equilibrio.
En el 2008 las AFJP fueron eyectadas del mapa.
En octubre de ese años la por entonces Presidenta Cristina Fernández presentó un proyecto de ley que, al aprobarse, eliminó el régimen de capitalización que solo benefició a los bancos y compañías de seguro en perjuicio de les aportantes y el Estado.
No hace falta decir quienes se opusieron a la caducidad de las administradoras privadas.
Desde el 9 de diciembre de ese año entró en vigencia la ley que creó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que aumentó los niveles de cobertura superando el 90% y trajo una buena novedad: la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tema que será nota en particular para El Ágora más adelante.
La precariedad laboral y su impacto en el sistema previsional
Mencionamos más arriba en esta nota que la historia argentina, atravesada por la hasta ahora eterna disputa entre un modelo de país y uno de colonia, llevó a la matriz productiva nacional a oscilar entre intentonas industrializadoras que promovieron el trabajo de calidad, registrado, a la permanencia hegemónica o agazapada, según sea la época, de un modelo exportador de producción primaria e importador de valor agregado al que se agregó en los 70´ el azote de la especulación financiera y los esquemas de endeudamiento que son el motor del esquema neoliberal que destruye a su paso las condiciones laborales dignas y, por consiguiente el ejercicio de derechos en un esquema de precarización laboral que, aunque desde la derecha vernácula (y global) se empeñen en ocultar, produce fenomenales desequilibrios que el Estado, con sus mas y sus menos, debe de alguna manera morigerar.
En un trabajo titulado “Empleo no registrado en Argentina y el impacto en el sistema previsional” la autora Natalia Gulisano, especializada en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas de Universidad Nacional de Córdoba, establece en su conclusión que “se destaca la alta incidencia de la informalidad en las juventudes y en las mujeres, asimismo en los ocupados con menor nivel educación y en los que se desempeñan en tareas de baja calificación o con tareas operativas (…) las ramas que mantienen la mayor incidencia de informalidad son construcción, comercio, servicios comunitarios, personales y sociales, hoteles y restaurantes, el trabajo agropecuario en el ámbito rural, así como el servicio doméstico que tiene la mayor tasa de empleo no registrado.”
En el marco de esta descripción, Gulisano explica que “desde la óptica del derecho laboral, como desde el ámbito de la seguridad social se trata de enfrentar el flagelo del trabajo informal siendo necesario compatibilizar acciones en pos de lograr su erradicación. Este objetivo resulta fundamental a efectos de mantener la sustentabilidad del sistema previsional, cuya financiación genuina debiera estar dada mayormente por el ingreso de los aportes y contribuciones, sin perjuicio de tener en cuenta los aportes que el Estado nacional efectúa al sistema a través del ingreso de otros recursos tributarios para solventar las prestaciones previsionales. En un régimen que adopta como mecanismo de financiamiento el sistema de reparto, y en el que las cotizaciones sociales debieran constituir el sostén principal, es condición excluyente la correcta conformación y pago en término del tributo.”
Asistimos cada día a discursos que pretenden convencer a la población que el problema es, invariablemente, el Estado y casi por consiguiente “la política”.
Sin dejar de reconocer que esto es cierto, el matiz que aporta la mirada nacional-popular no es menor.
Parte del problema si son el Estado y la política en tanto no se brinden las respuestas necesarias para responder a los problemas que plantea la existencia de un sistema en el que la concentración de la riqueza mediante distintas prácticas y estrategias genera desequilibrios muy difíciles de resolver.
La verborragia derechosa-liberal lanza sin ruborizarse que los derechos cuestan, y lo que cuesta alguien tiene que pagarlo y quien debe pagarlo no es el conjunto de la sociedad a través de la representación que es el Estado, con la contribución equitativa de les ciudadanes, sino que cada individuo debe hacerse cargo de los suyo.
El que puede puede y el que no, que no le robe al que sí. La tergiversación conceptual es tal, y tan deliberada, que ya no es posible el debate (aunque es imprescindible) de ideas.
Se trata, en la actualidad, de la defensa de lo colectivo vs. la prevalencia de un individualismo que, atomizando a la sociedad, no hace otra cosa que pronunciar la concentración del poder y la riqueza, alterando de manera mortal equilibrios que, hasta no hace tanto, eran parte del consenso social.
El debate por la moratoria previsional no es solo eso. Es un capítulo más en la disputa por un sentido que, o nos devuelve a la idea de lo colectivo como cuestión inherente a la condición de los humanos como seres sociales, o nos sigue hundiendo en un suicida individualismo incapaz de reconocer otro derecho que el de la prepotencia del poder que pretende reinar con mano de hierro.
“Enciende los candiles que los brujos piensan en volver / a nublarnos el camino”, cantaba Serú Girán.
El desafío es que se haga la luz.
