El Congreso comienza este martes las sesiones extraordinarias convocadas hasta el 31 de enero para tratar un paquete de propuestas enviadas por el presidente Javier Milei. El gran ausente es el mega DNU, el cual no podría ser tratado en los recintos hasta que lo tome la Bicameral de Trámite Legislativo en formación.
Milei anunció la semana pasada por cadena nacional un Decreto de Necesidad y Urgencia que deroga o reforma cerca de 300 leyes. El contenido -y la forma- de la medida generó una fuerte polémica que se expresó en manifestaciones espontáneas de la ciudadanía, con cacerolazos en el Congreso y en todo el país.
Pero la polémica también se extendió al interior del Parlamento, donde el DNU no podría ser tratado por ahora en los recintos de Diputados y el Senado, cuando este martes comiencen las sesiones extraordinarias convocadas por Milei.
Sucede que las autoridades parlamentarias buscarán avanzar esta semana en la designación de los integrantes y la definición de las autoridades de la estratégica Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que debe tratar el DNU de desregulación de la economía.
Si bien el Gobierno no incluyó el DNU en la convocatoria de sesiones extraordinarias, ese organismo parlamentario puede conformarse y tratar el decreto así como emitir dictamen.
Cabe recordar que el Gobierno envió el viernes último la convocatoria a extraordinarias desde el martes 26 de diciembre hasta el 31 de enero pero no incluyó el tratamiento del DNU.
Sin embargo, hay un plazo que el Ejecutivo debe cumplir: el artículo 12 de la Ley 26.122 determina que, “dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa, lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente“.
De esta forma, el presidente Javier Milei, tiene plazo hasta el 5 de enero próximo para enviar el DNU 70/2023 al Congreso.
Mientras sigue el tratamiento parlamentario, el DNU tiene vigencia. Es que, de acuerdo con lo establecido por las normas, los decretos de necesidad y urgencia siguen activos en tanto las dos cámaras del Congreso no rechacen la norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir con la mitad más uno de sus integrantes.
Si una cámara lo aprueba, quedará firme y lo mismo sucederá si el Congreso no se expide, en lo que se conoce como una “sanción ficta” o tácita. De hecho, el Congreso Nacional hasta ahora no derogó ningún DNU pero tampoco nunca se había dictado una norma que contiene mas de trescientos reformas a la legislación vigente en materia económica, laboral y de salud.
Con respecto a la Bicameral de Trámite Legislativo, se espera que esta semana se oficialice la designación de sus 16 miembros.
De acuerdo con la Ley 26.122, la Comisión Bicameral Permanente está integrada por ocho diputados y ocho senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas.
En el Senado, la Vicepresidenta Victoria Villarruel fue autorizada a conformar el cuerpo legislativo con tres senadores del Frente de Todos y otros cinco de las demás fuerzas políticas, incluyendo La Libertad Avanza (LLA), además del radicalismo, el PRO, Cambio Federal (conformado por exintegrantes de Juntos por el Cambio) y Unidad Federal (de peronistas disidentes y el oficialismo cordobés).
Sin embargo, los legisladores del FDT reclaman tener cuatro lugares y por eso proponen a María Teresa González, Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Silvia Sapag, aunque desde el oficialismo ya tienen definido le otorgarán tres representantes.
Si bien no fue oficializada la lista, la mayoría estará integrada por el oficialista de LLA Juan Carlos Pagotto, de La Rioja, a quien LLA propone como presidente de la bicameral.
También estarían en representación del Senado el radical chaqueño Víctor Zimmermann; el cordobés Luis Juez, del PRO; el macrista Juan Carlos Romero, de Salta, y el peronista correntino Carlos Espínola.
Por Diputados, en tanto, están nominados Oscar Zago, por LLA; Francisco Monti, de la UCR, Hernán Lombardi, del PRO; y Nicolás Massot, de Cambio Federal.
Aún no está definido si Unión por la Patria (UP) se quedaría con 4 ó 3 sillas en la bicameral. Tampoco trascendieron los nombres.
Mientras se conforme la Bicameral, la votación en el recinto para definir la validez o invalidez del DNU podría demorarse hasta marzo. Mientras tanto, el decreto seguirá vigente.
Aunque no se trate hasta marzo, la pelea por decreto ya recalentó el clima parlamentario y atravesará las negociaciones del paquete de reformas que en las próximas horas ingresará al Congreso.
Los temas propuestos por Milei para las extraordinarias
Mientras se acelera la conformación de la Bicameral para tratar el DNU libertario, los diputados y senadores se aprestan a comenzar este martes con las sesiones extraordinarias convocadas por Milei.
Entre otros temas, la convocatoria incluye una Ley de Reforma del Estado, como así también la implementación del sistema de Boleta Única para las elecciones, una iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados y cuyo tratamiento está pendiente en el Senado.
Otro de los temas que se incorporó en el listado para extraordinarias es la reversión de la rebaja del Impuesto a las Ganancias para la mayoría de los trabajadores que había impulsado el entonces ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y aprobado por ambas cámaras del Congreso.
Además, no se descarta que en la letra fina de las iniciativas a tratar en el Congreso el Ejecutivo incluya también un proyecto para eliminar la instancia de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que rige en la actualidad.
Para aprobar estos dos proyectos, la reforma de ganancias y el cambio electoral, se requerirán amplios acuerdos ya que se vota con mayoría absoluta de 129 votos en diputados y 37 en el Senado.
En tanto, también se enviaron otros proyectos menores, como la autorización para que el Presidente de la Nación pueda ausentarse del país durante el año 2024 y la ratificación de los Convenios entre la Argentina, Japón, China y el Gran Ducado de Luxemburgo en materia fiscal y comercial.