El Senado rechazó definitivamente los vetos de Javier Milei contra las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, lo que obliga al Gobierno Nacional a promulgar ambas iniciativas. ¿Cómo fue cada votación?
En una sesión que se extendió durante aproximadamente seis horas, el Senado rechazó este jueves los vetos del Presidente Javier Milei contra las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica por el Hospital Garrahan.
La votación sobre la emergencia pediátrica obtuvo 59 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones, mientras que el financiamiento universitario logró 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. Ahora el Poder Ejecutivo deberá promulgar ambas iniciativas.
Con estos resultados, el Congreso le derriba al presidente tres vetos en lo que va de su gestión, contando también la ley de emergencia en discapacidad aprobada el 4 de septiembre, que el Gobierno Nacional aceptó promulgar pero se negó a poner en práctica, reclamando al Congreso que indique sus fuentes de financiamiento.
La ley de Financiamiento Universitario
Como era de esperar, los 33 integrantes del interbloque de Unión por la Patria presentes votaron a favor de la Ley de Financiamiento, aunque también lo hicieron sectores habitualmente cercanos al oficialismo.
La bancada radical aportó 12 de sus 13 senadores, mientras que sectores provinciales como los dos santacruceños, los dos misioneros del Frente Renovador de la Concordia, y legisladores como Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo de Unidad Federal sumaron sus votos.
También respaldaron la norma la rionegrina Mónica Silva, la neuquina Lucila Crexell, la chubutense Andrea Cristina, la tucumana Beatriz Ávila, el salteño Juan Carlos Romero, y los representantes del PRO Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez.
5 de los 6 integrantes de La Libertad Avanza apoyaron el veto (uno estuvo ausente). Se sumaron, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) y el exlibertario Francisco Paoltroni. Las abstenciones correspondieron a legisladores del PRO: el misionero Martín Goërling Lara, la santafesina Carolina Losada, la pampeana Victoria Huala y el entrerriano Alfredo De Ángeli.
“La timba de Caputo puede ser la tumba de los argentinos”
El senador Eduardo “Wado” de Pedro, como miembro informante y presidente de la Comisión de Educación y Cultura, expresó que el interbloque de Unión por la Patria recibió a rectores universitarios “casi con vergüenza de que este presidente vuelva a vetar una ley que tiene como fin el financiamiento de algo tan noble y necesario como es la educación universitaria“.
El legislador recordó que el 80% de la cámara votó de manera positiva la ley originalmente, y que el proyecto fue trabajado “entre todas las fuerzas políticas” junto a “los rectores, los gremios, los estudiantes”.
De Pedro cuestionó que desde el gobierno “dicen que no hay plata” mientras con la baja de retenciones el Estado argentino perdió 1.500 millones de dólares, que al tipo de cambio actual representan 2,17 billones de pesos. En contraste, precisó que el costo fiscal del proyecto de ley es de 7,3 billones, mientras que el Presupuesto 2026 destina solamente 4,9 billones.
El radical chaqueño Víctor Zimmermann aportó datos específicos sobre la composición del presupuesto universitario: el 86% del presupuesto destinado a las universidades públicas va para salarios, el 11,5% a gastos de funcionamiento y solo el 2,3% a transferencias e inversiones.
La senadora Alicia Kirchner (Unión por la Patria) planteó un interrogante sobre las condiciones de funcionamiento de las instituciones: “¿Saben ustedes que las universidades públicas pagan en luz y en gas tarifas plenas, lo mismo que si fueran grandes contribuyentes?”.
Su discurso concluyó con una advertencia: “La Libertad Avanza… ¿cómo? ¿Destruyendo el tejido social, empobreciendo a las mayorías, no considerando la salud pediátrica, la educación y nuestras universidades? Es muy duro lo que voy a decir, pero de seguir así, la timba de Caputo puede ser la tumba de los argentinos“.
La rionegrina Mónica Silva acusó al gobierno de invertir “cero pesos para obras de infraestructura en universidades” y sostuvo que hay un “32% menos de recursos para salarios del personal docente y menos fondos de financiamiento”.
La legisladora se preguntó si “estamos caminando hacia un arancelamiento de las universidades públicas” y destacó que en 2022 el 68% de los ingresantes fueron estudiantes de familias que por primera vez tenían integrantes en la universidad.
Martín Lousteau calificó la situación como “patético porque las universidades públicas son políticas reconocidas internacionalmente”. “La inversión en educación universitaria fue del 1,73% del PBI en 2023, pero fue 0,96% en 2024 y 0,73% en 2025”, agregó, y “el número que viene en el próximo Presupuesto es menos de la mitad de la de este año”.
Guadalupe Tagliaferri del PRO criticó el manejo gubernamental y señaló que si hubieran tenido “el mismo nivel de obsesión y creatividad para buscar consensos, acuerdos y sobre todo soluciones, no estaríamos nuevamente frente a esta situación”.
¿Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario?
La norma obliga al Gobierno a actualizar, desde el 1º de enero de 2025, los montos destinados al funcionamiento de las universidades públicas. La actualización deberá realizarse conforme a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, correspondiente al período comprendido entre el 1º de mayo y el 31 de diciembre de 2024.
La medida alcanza las partidas presupuestarias vinculadas a la asistencia financiera para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, fortalecimiento de la ciencia y la técnica, y actividades de extensión, todas enmarcadas en el programa de Desarrollo de la Educación Superior.
Además, se establece una actualización bimestral de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas durante todo 2025, que regirá desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre, aplicándose de acuerdo con la variación del IPC informado por el INDEC.
La ley también obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas por el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2023 y la sanción de la ley, en un porcentaje no inferior al IPC del mismo lapso.
Este incremento deberá hacerse efectivo al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y será remunerativo y bonificable. Se establece también la incorporación total de las sumas no remunerativas al salario básico durante el año en curso.
El Poder Ejecutivo deberá recomponer los montos de las becas Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras, ajustándose por la variación del IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. Se establece además un incremento progresivo en la cantidad de becas, en función del crecimiento de la matrícula en instituciones públicas de nivel secundario y superior.
La norma prevé que la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las universidades públicas de gestión estatal, conforme al artículo 59 bis de la ley 24.521.
Los informes elaborados por la AGN deberán ser remitidos de manera inmediata al Congreso de la Nación, junto con las observaciones que pudieran surgir y el correspondiente plan de seguimiento y control.
Por último, se intima al Poder Ejecutivo a disponer los créditos presupuestarios necesarios para garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios universitarios. La norma sostiene que esta actualización no deberá impactar sobre la distribución de la coparticipación federal de impuestos ni sobre los aportes del Tesoro nacional.
Ley de Emergencia Pediátrica: composición del voto y resultados
La votación sobre la Ley de Emergencia Pediátrica alcanzó una mayoría aún más amplia que la del financiamiento universitario. Solo 7 senadores rechazaron la insistencia: los 5 libertarios presentes, Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero. En este caso, se abstuvieron el entrerriano Alfredo De Angeli, la pampeana María Victoria Huala y el misionero Martín Göerling.
La sesión transcurrió con una masiva movilización de trabajadores del Hospital Garrahan en las afueras del Congreso, en el marco de un paro de más de 24 horas. Los representantes del hospital afirman que en lo que va del conflicto ya se fueron del nosocomio más de 200 profesionales.
“La única manera de parar esto es con el voto popular”
Lucía Corpacci (Unión por la Patria), presidenta de la Comisión de Salud, definió al Garrahan como “de excelencia, reconocido por todos, federal como ningún otro en nuestro país”. La catamarqueña criticó al presidente por “gobernar por vetos o decretos” y consideró “vergonzosos” los fundamentos del veto.
Corpacci recordó que con la eliminación parcial de las retenciones el país perdió 1.500 millones de dólares y preguntó: “¿Me va a decir el presidente que lo desequilibran los 113 millones que perderían las provincias y no los 1.500 por las retenciones?”.
La senadora tuvo un párrafo especial para el ministro de Salud, Mario Lugones, de quien dijo que “no pisó nunca el Hospital Garrahan”, y subrayó que al personal “los han tratado de ladrones, de ñoquis, de irresponsables, de querer voltear al Gobierno”.
La santacruceña Natalia Gadano expresó el hartazgo colectivo al señalar que “es la cuarta vez que este Congreso trata los mismos temas. La cuarta vez que nuestros médicos, nuestros niños con las patologías más complejas, que nuestros docentes y nuestros estudiantes universitarios están ahí afuera”.
El radical fueguino Pablo Blanco destacó al Garrahan como “un ejemplo en Sudamérica” y retrucó al calificativo que impuso el Presidente contra los legisladores al tildarlos de “degenerados fiscales”:
“Le quiero decir al degenerado social que hay necesidades, debe entender que hay que tener empatía con la gente más allá del Excel. Si bien todos defendemos el equilibrio fiscal, la obligación del Gobierno es que haya equilibrio social”.
El neuquino Oscar Parrilli (Unión por la Patria) advirtió que “la única manera de parar esto es con el voto popular porque si no esto va a empeorar” y aseveró: “Están anunciando entre los trabajadores del Hospital Garrahan una privatización por áreas y van a vaciarlo del personal profesional con la baja de los salarios”.
Eduardo Vischi definió que el gobierno ostenta “el récord de la insensibilidad” y expresó: “Queremos que el Garrahan siga siendo el centro de complejidad que todos miramos con orgullo, el lugar donde muchos especialistas se forman y donde, además, se salvan vidas de niños que no tienen otro lugar adonde concurrir”.
El formoseño José Mayans, jefe del interbloque de Unión por la Patria, recordó que “la Cámara de Diputados con amplio margen votó en contra de los dos vetos y fue festejado por miles de personas acá en la Plaza de los dos Congresos”.
El legislador destacó la labor de los gobiernos provinciales y ejemplificó: “Tenemos 50.000 empleados públicos y 25.000 son docentes porque el núcleo educativo en las provincias es mucho más grande”.
¿Qué prevé la Ley de Emergencia Pediátrica?
La norma declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina por el término de un año, debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud.
Además, declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como “hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad” y establece que debe garantizarse “su funcionamiento pleno y sostenido”. La ley prevé la derogación de la resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, a través de la cual se modificó el régimen de residencias.
El texto contempla “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios” para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país.
También establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial” que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas, incluyendo a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades.
“La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”, indica el texto.
Se estipula además la exención a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de Ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias.
La norma establece que el Poder Ejecutivo deberá reasignar partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, “y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias”.
Por otra parte, se crea “una comisión de seguimiento y evaluación” integrada por las autoridades de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados y de la Comisión de Salud del Senado, representantes del Ministerio de Salud, representantes del COFESA y representantes de la Sociedad Argentina de Pediatría, que deberá emitir informes trimestrales públicos sobre el cumplimiento de la ley.
Finalmente, la norma especifica que “mientras dure la emergencia, los programas y acciones de salud infantil y adolescente tendrán prioridad en la asignación y ejecución presupuestaria”, en particular en relación con hospitales públicos de referencia, servicios de urgencia, internación, neonatología, trasplantes, cirugías cardiacas y oncología pediátrica.
