La oposición le propinó una nueva derrota legislativa a Javier Milei en el Senado, donde anuló por amplia mayoría 5 decretos con los que Federico Sturzenegger pretendía desarticular institutos científicos y culturales, así como el Banco Nacional de Datos Genéticos.
El gobierno de Javier Milei sufrió una nueva derrota parlamentaria este jueves cuando el Senado rechazó por amplias mayorías cinco decretos desregulatorios que habían sido impulsados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Las medidas cayeron después de haber sido previamente rechazadas en Diputados.
Los decretos anulados fueron el 462/25 (que afectaba organismos científicos y tecnológicos), el 345/25 (sobre institutos culturales), el 351/25 (modificación del Banco Nacional de Datos Genéticos), el 340/25 (desregulación de la Marina Mercante) y el 461/25 (reorganización de organismos de transporte).
Todas estas normas habían sido dictadas bajo las facultades delegadas otorgadas al Ejecutivo mediante la Ley Bases, que vencieron en julio pasado. Ahora, fueron derogadas por impulso de Unión por la Patria y con la colaboración de varios Senadores de la UCR, bloques provinciales e incluso de algunos representantes del PRO.
Durante la jornada parlamentaria también se abordaron los proyectos de financiamiento universitario y emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan, temas que contaron con amplio respaldo opositor. Con estas cinco derogaciones, suman seis los decretos que el Congreso le ha rechazado a Milei durante su gestión.
Con una abrumadora mayoría, el Senado sancionó las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en el Garrahan
Decreto 462/25: organismos científicos y tecnológicos
El más extenso de los decretos rechazados fue el 462/25, con 80 artículos, que resultó derrotado por 60 votos en contra, 10 a favor y 1 abstención. Votó a favor la totalidad de la bancada de Unión por la Patria, a quienes se sumaron 9 radicales, 3 del PRO (Alfredo De Angeli, Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri) y varios representantes de bloques provinciales.
Esta norma disponía la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y del Instituto Nacional de Semillas junto a la Comisión Nacional de Semillas.
Además, establecía una “transformación” del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) y el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial).
Cabe mencionar que durante las reuniones de la Comisión de Ciencia y Tecnología participaron cerca de 40 expositores entre trabajadores, investigadores, productores y autoridades que expusieron los riesgos para estos organismos.
Sobre el INTA, García Larraburu manifestó que estaba en riesgo el funcionamiento de 15 Centros Regionales, 52 Estaciones Experimentales, 299 Agencias de Extensión Rural y 6 Centros de Investigación con 22 Institutos.
La senadora Anabel Fernández Sagasti rindió homenaje a Ernesto Carreras, de 62 años y 37 de servicio en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, quien tras una reunión sobre su futuro laboral se descompensó y falleció.
Al cuestionar el decreto, señaló que “lo que se hace no es atacar un instituto técnico de trascendencia internacional, sino a la industria vitivinícola, se la centraliza, se ataca el federalismo“.
Fernández Sagasti explicó que con los cambios al INV “están como opcionales los controles y sólo se va a controlar en la góndola“, lo que pone en riesgo el prestigio del vino argentino. “Hay algunos bodegueros pícaros que van a estar contentos con esto, porque van a poder adulterar los vinos”, denunció.
Decreto 345/25: institutos culturales
El decreto 345/25 fue rechazado por 57 votos en contra, 13 a favor y 1 abstención. Esta medida ordenaba la disolución del Instituto Nacional del Teatro, argumentando una “gestión deficiente en la administración y control de los recursos públicos”.
Asimismo, el decreto establecía la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas en una única unidad organizativa para “optimizar la administración”.
Otros cambios incluían quitar autarquía o bajar la jerarquía a instituciones como el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos y la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares.
En las cinco votaciones, además de los miembros de La Libertad Avanza, estuvieron a favor de mantener los decretos la santafesina Carolina Losada, el misionero Enrique Goërling Lara, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero y el formoseño Francisco Paoltroni.
Decreto 351/25: Banco Nacional de Datos Genéticos
Por 58 votos negativos, 12 afirmativos y 1 abstención fue rechazado el decreto 351/25, que disponía la “transformación” del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un organismo clave para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad y la restitución de identidad de hijos de desaparecidos.
La norma buscaba convertirlo en “un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros”, según fundamentó el Ejecutivo, para “responder a parámetros de eficiencia“.
La senadora Nora del Valle Giménez consideró que “una vez más se pone de manifiesto esta intención del Gobierno y del presidente de que va a destruir al Estado, ‘como un topo y desde adentro'”. Al destacar la función del organismo, recordó que “ha permitido la identificación y recuperación de cientos de nietos” cuyos padres fueron desaparecidos durante la dictadura.
Giménez explicó que la medida “limitó la autarquía y autonomía financiera” del BNDG y “se degradó su jerarquía y se lo transformó en un organismo desconcentrado”. “Esta decisión comprometió su independencia y le quitó la efectividad que ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria”, agregó.
Eduardo “Wado” de Pedro, hijo de desaparecidos, remarcó que en el BNDG trabajan 37 personas y asoció la decisión del Ejecutivo a “volver a una Argentina de la impunidad”. Destacó que este banco “es ejemplo a nivel internacional” y fue el que “recopiló los datos genéticos de las más de 500 familias que buscamos a un familiar y lo administra“.
Por otro lado, el Senador de Unión por la Patria advirtió que “interrumpir, entorpecer, la búsqueda de 300 niños y niñas que todavía faltan encontrar no es más que la complicidad plena con la dictadura militar“.
Decreto 340/25: desregulación de la Marina Mercante
El DNU 340/25 fue rechazado por 55 votos en contra, 13 a favor y 3 abstenciones. A través de esta medida se disponía una profunda desregulación del sector de la Marina Mercante Nacional, estableciendo un nuevo régimen para la actividad.
Sin embargo, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 3 ya había declarado la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3, “en cuanto impone restricciones al derecho de huelga en numerosas actividades a las que considera como servicios esenciales”.
Los gremios del sector habían denunciado que el DNU “implica una entrega de soberanía al habilitar banderas extranjeras en el cabotaje nacional, destruye condiciones laborales, habilita la competencia desleal sin convenios colectivos y pone en riesgo la seguridad en la navegación”.
Una vez más, la bancada peronista recibió el apoyo de parte del radicalismo y en este caso de 2 representantes del PRO (Juez y Tagliaferri). Entre tanto, cabe mencionar que para todas las votaciones Juan Carlos Romero (Cambio Federal) se abstuvo y la Carmen Lucila Crexell se ausentó.
Decreto 461/25: organismos de transporte
El último decreto delegado rechazado fue el 461/25, por 60 votos negativos, 10 positivos y 1 abstención. Esta norma modificaba organismos de la Secretaría de Transporte y establecía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV).
También disponía una “reorganización” de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la Junta de Seguridad en el Transporte.
Diez días después de su publicación, la jueza Martina Forns suspendió el decreto al hacer lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central de la provincia de Buenos Aires (SEVINA).
La senadora Mónica Silva aseguró que “estos decretos afectan fuertemente la vida de todos los argentinos”. Sobre Vialidad Nacional sostuvo: “Mi provincia es una provincia sumamente afectada por el desguace y por la política pública de no hacer obras. Esta política afecta 43 mil kilómetros de rutas en todo el país, afecta vidas humanas en rutas que están intransitables por su deterioro”.
Silva lamentó que “este miércoles se dio a conocer un decreto que deja en disponibilidad a los trabajadores de la Dirección de Seguridad Vial. No vamos a tener seguridad vial, no importa, la gente se muere y de esto no se hace cargo nadie”.
El radical Martín Lousteau observó que “la motosierra no transforma el Estado, la motosierra corta. La motosierra tala un árbol, pero después no planta nada”. Criticó “esta concepción ideológica de que el Estado siempre es malo y toda regulación es mala” que tiene el presidente.
En cuanto a Vialidad Nacional, comentó que “obvio que tiene problemas, sobrepoblación, falta de especialidades que se necesitan, anomia en la planificación, y tiene corrupción en diferentes niveles”, pero “el problema es que el Gobierno no quiere gestionar. Lo que no le gusta cómo está y no sabe cómo gestionar, lo rompe”.
La estrategia opositora y el trasfondo político
La sesión se desarrolló en un clima de tranquilidad para la bancada de Unión por la Patria, ya que el peronismo contaba con los números necesarios desde el inicio. “Identifíquense en sus bancas”, comentó escuétamente la vicepresidenta Victoria Villarruel al ingresar al recinto.
José Mayans, presidente del interbloque, había comentado antes de la sesión: “Tenemos dos tercios, ustedes eligen si abrimos el recinto y tratamos estos temas o nosotros juntamos el número cada semana de acá a diciembre para sacar leyes”.
El oficialismo había intentado postergar la sesión hasta el 27 de agosto, al filo del inicio de la campaña electoral, pero el cálculo les salió mal. Varios senadores radicales, incluyendo el presidente del bloque Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, avisaron que no estarían en Buenos Aires en esa fecha por los cierres de campaña para las elecciones del 31 de agosto.
Incluso se ausentaría el chaqueño Víctor Zimmermann, quien había manifestado su disconformidad con Lule Menem y Karina Milei (principales responsables de la estrategia electoral libertaria) por la boleta de su provincia.
Cabe mencionar que durante la sesión Mayans tildó de “corrupto” al presidente por los audios de Diego Spagnuolo que detallan un esquema de coimas que apunta a Karina Milei y los Menem.
“Acá dejan el arco libre y le vamos a meter todos los goles juntos, porque estamos decididos a hacer lo que tengamos que hacer contra este corrupto presidente”, adelantó, y agregó: “Tiene que sesionar todas las semanas el Congreso“.
Entre tanto, durante la sesión La senadora Juliana di Tullio destacó que la sesión reunió el consenso de varios bloques y defendió las instituciones “aniquiladas” en los decretos: “Son muchas instituciones que han hecho que este país crezca, sea cada vez mejor y dé cada vez más seguridad en términos como rutas, alimentarios, vitivinícolas y de tecnología”.
Di Tullio acusó que “el único fin de Milei es suprimir el funcionamiento del Congreso de la Nación” y que gobierna “a puro veto, DNU y decreto delegado“. También cuestionó: “¿Por qué no pone la motosierra en el bolsillo de Lule Menem, Martín Menem y Karina Milei?”.
