Los dichos de Cristina Fernández de Kirchner acerca de una posible reforma del sistema de salud nacional agitaron las aguas en la cúpula de la CGT. A pesar que el Poder Ejecutivo señaló que ningún proyecto se encuentra en marcha, todos los actores coinciden en que la situación actual es insostenible a largo plazo.
“Repensar todo el sistema de salud en la República Argentina”
El toque inicial de la polémica sucedió en el acto del Frente de Todos del pasado 18 de diciembre del 2020. En aquel mitín, la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, realizó una serie de declaraciones que agitaron varios avisperos. Pero fue su expresión al respecto de una necesaria reforma del sistema sanitario argentino la que desató el debate:
“Creo que los dos desafíos más grandes que vamos a tener en este año que empieza, además de un formidable plan de vacunación, es repensar todo el sistema de salud en la República Argentina. (…)
Nuestro país debe ser en toda Latinoamérica el que más recursos humanos, tecnológicos e inversiones tenga en materia de salud.
Lo que pasa es que lo tenemos dividido en tres sistemas: público, privado y obras sociales. Vamos a tener que repensar un sistema de salud integrado. Tenemos que repensar no solamente el sistema sanitario, sino un diseño de país que olvide esa concentración tan injusta e ineficiente económicamente”.
Además de señalar la inequitativa repartición de recursos entre la CABA y el resto de la República -en su referencia a repensar el “diseño de país que olvide esa concentración tan injusta e ineficiente económicamente“-, que presupone objetivamente un obstáculo al desarrollo nacional, el eje central de la declaración es la propuesta de unificar los tres subsistemas sanitarios en un único integrado.
La mayor inquietud se sintió en los sindicatos quienes, desde el “peronismo sin Perón” de Onganía, administran las obras sociales que prestan servicios sanitarios a millones de habitantes (medida en su momento cuestionada por el peronismo).
Desde entonces, las obras sociales son una de las principales “cajas” de recursos de los sindicatos, quienes en su gran mayoría son unos de los principales aportantes a las finanzas del PJ.
La magnitud del movimiento económico que el sistema actual realiza es tal que la inversión de salud en la Argentina equivale a casi 10 puntos de su PBI. Es el valor más alto en América Latina y está al nivel del de países desarrollados, aunque las prestaciones no reflejan esa inversión.
El problema pasa por la distribución de esos recursos. A partir de la desregulación del sector en la década del ‘90 se produjo un fenómeno conocido como descreme, donde los que más ganan y los pacientes más jóvenes se volcaban por la medicina prepaga, mientras que las obras sociales y el sistema público debían hacerse cargo de los enfermos y los más viejos, expulsados del privado, y por los trabajadores de bajos ingresos.
A todas luces una fórmula fatal que hace caer la recaudación y aumenta los gastos. Que el resultado sea hospitales desbordados y sindicatos fundidos no puede sorprender a nadie.
El objetivo es trabajar en dos aspectos:
- Una normativa que regule la distribución del gasto en salud y de las prestaciones que corresponden a cambio
- Una mayor articulación de los subsistemas público y social para fortalecer la medicina solidaria antes que la que tiene fines de lucro.
Cabe señalar que el gobierno de Mauricio Macri había comenzado un estudio del sistema de obras sociales apuntando a una gran fusión de las 294 obras sociales actuales en cuatro grandes prestadoras para darle viabilidad al sistema, tomando como referencia el modelo del Estado de Israel.
No obstante la idea de un servicio “integrado” hace pensar más bien en un servicio único básico al estilo de los Estados Unidos, pero sin las ganancias extraordinarias de las corporaciones médicas a través de prestaciones de altos costos privativos.
Quienes desde el Gobierno quieren impulsar la reforma tienen en claro lo que se debe evitar: el desgaste de sancionar una ley a un precio altísimo que termine frenándose en el Poder Judicial o en los hechos, antes de concretarse como realidad efectiva, cómo sucedió en su momento con la trastocada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino
En los últimos días estuvo circulando un borrador de proyecto de reforma, basado en un texto del 2019 de la Fundación Soberanía Sanitaria, integrada por Daniel Gollán y Nicolás Kreplak, Ministro y vice de Salud bonaerense.
En el texto se esboza el Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA), organismo que reuniría al sector público, al privado y a las obras sociales, básicamente el eje principal de la propuesta de la Vicepresidenta para reformar la estructura del sistema de salud.
El SNISA se define como “un sistema mixto con centralidad en el sector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional“. Plantea una conducción global de las políticas de salud a partir de todos los organismos nacionales (Ministerio, PAMI, etc), otorgándole justamente a la Superintendencia el papel del organismo operativo del SNISA, centralizando las normativa y descentralizando la operatividad.
Respecto a las obras sociales, lo que tocó el nervio sindical, entre otras cosas plantea la necesidad de modificar el sistema de libre elección, de manera de evitar que se desfinancien y así garantizar la mejor cobertura para los afiliados.
El SNISA se plantea como un gran paraguas bajo el cual funcionarían todos los organismos estatales vinculados a la salud: Ministerio de Salud nacional, Superintendencia del Servicio de Salud (SSS), PAMI, ANMAT, ANLIS Malbrán y Consejo Federal de Salud (COFESA). Sobre la SSS se habla de “reformulación como organismo operativo del SNISA”. Sobre ese paraguas de control quedarían las obras sociales y prepagas.
Kreplak señaló que la iniciativa de reformar el sistema sanitario era harta conocida por todos quienes se interiorizaran en la campaña del Frente de Todos del 2019.
“Nosotros nos reunimos en aquel momento con la CGT y le planteamos la articulación de las obras sociales y la recuperación del carácter solidario de la seguridad social, que lo perdió” explicó Kreplak.
El Viceministro de Salud bonaerense recordó también las reformas realizadas en los ’90 en materia jubilatoria y sanitaria, resaltando que mientras que una pudo ser revertida (la estatización de las jubilaciones por iniciativa del entonces Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou) la otra perdura.
“El seguro de salud se banca con el que no lo usa, son siempre solidarios. Acá se descalabró, entonces las obras sociales terminan pobres aunque tengan muchos aportes“, completó Kreplak.
“No puede ser que si una obra social no tiene una estrategia de prevención todos sus afiliados enfermen. Lo mismo si el sistema es municipal o provincial. Para eso tiene que estar el Estado y un sistema central que coordine. Lo que termina sucediendo es que las obras sociales se quedan sin recursos y o aumentamos los aportes o ajustamos el servicio“.
La polémica en torno a la Superintendencia de Servicios de Salud
Eugenio Zanarini es desde el 8 de enero del 2020 el Superintendente de Servicios de Salud. Fue él quien autorizó el aumento a las prepagas que se publicó el 30 de diciembre en el Boletín Oficial y que en menos de veinticuatro horas fue derogado por orden presidencial.
Esta enorme desautorización por parte del Presidente podría valer por sí sola como razón suficiente para que Zanarini se retire del organismo, pero luego de esa situación terminó internado en terapia intensiva con un cuadro cardiovascular y no estaría en condiciones inmediatas de regresar a su cargo.
Estas situaciones abrieron el rumor del posible regreso a la Superintendencia de Liliana Beatriz Korenfeld, quien ya ocupó ese cargo estratégico durante el último gobierno del Frente para la Victoria, presidido por Cristina Kirchner.
Korenfeld no es recordada amigablemente por las cúpulas sindicales, luego del conflicto iniciado justamente en torno a las obras sociales en 2012, el pico del enfrentamiento de Cristina con las dirigencias sindicales, que nunca terminó de saldarse del todo.
Korenfeld es además depositaria de la plena confianza de la Vicepresidenta. Apenas sucedido el recambio presidencial en diciembre del 2019, Korenfeld fue encargada de auditar la Dirección de Ayuda Social para el personal del Congreso de la Nación (DAS) y el convenio con Omint, la empresa de salud con la que la ex vicepresidenta, Gabriela Michetti acordó que se les diera cobertura médica a los empleados del Congreso. Si la DAS pasara a la Cámara de Diputados, como se menciona en el Congreso, Korenfeld se quedaría sin su cargo y podría reemplazar en la Superintendencia a Eugenio Zanarini.
El rumor se extiende en el contexto de situación crítica de los servicios de prestación sanitaria privada. Un grupo de asociaciones de este sector se reunieron con Gollán y Kreplak para plantearle al gobierno de Kicillof el estado crítico que enfrentan y sus limitaciones para hacer frente a una segunda ola de coronavirus.
Es la discusión del sector privado, sumada ahora a la tensión con los sindicatos lo que abre la posibilidad que el gobierno de Alberto Fernández se encamine a una confrontación que tiña buena parte de su mandato.
Korenfeld es resistida en especial por tres hombres fuertes de la CGT que mantuvieron la distancia con Cristina: Héctor Daer, José Luis Lingeri y Andrés Rodríguez. Otro que manifestó su descontento fue el líder de la UOM, Antonio Caló. Caló reiteró su apoyo al Presidente Alberto Fernández, pero arremetió contra la Vicrepresidenta:
“El que manda, el que tiene el bastón de mando es el presidente y yo lo avalo. La señora vicepresidenta tendrá que hacer la función legislativa“.
Caló recalcó que “No me preocupa quién esté, sino que funcione la Superintendencia”, forma sutil de sugerir que la SSS debería funcionar como quiere la CGT.
El posible regreso de Korenfeld a la SSS desesperó a la cúpula cegetista, llegando incluso a convocar a una reunión de urgencia de la CGT en medio de los calores de enero, algo de lo que hay muy pocos antecedentes.
No obstante se debe resaltar que desde Casa Rosada le confirmaron a Héctor Daer que no tenían en carpeta cambiar al Superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, por la ex diputada Liliana Korenfeld.
También le aclararon que más allá de los proyectos y borradores que andan dando vueltas, no hay ninguna reforma del sistema de salud que tenga el respaldo del Poder Ejecutivo.
Las señales de la Casa Rosada sirvieron para calmar las aguas sindicales. No obstante, a pesar de haber aclarado el rumor, el debate está planteado. Todos los actores, gobierno, sindicatos y entes privados, coinciden que el sistema actual no es sustentable para replicarlo a largo plazo.
Si algo nos enseñó la pandemia del COVID-19 es que en el futuro habrá que estar siempre preparado para todo tipo de escenario. De hecho, a la salida del encuentro en Casa Rosada, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, aceptó que el sistema sanitario necesita una mayor integración y una reestructura.
En palabras de Kreplak, Viceministro de Salud bonaerense:
“Que Cristina diga que tenemos que hacer un sistema integrado de salud que permita optimizar los recursos y generar más equidad es indiscutible. Después tenemos que sentarnos todos a ver cuál es la mejor manera de hacerlo.
Yo creo que hay un acuerdo que se puede hacer en el que el 95 por ciento se sienta ganador y que el 5 por ciento restante que no se sienta ganador tampoco es perdedor. Lo importante es que se haya empezado a discutir“.
