La sociedad civil, las organizaciones sociales y el Gobierno nacional apuntan contra la corporación judicial y demandan una inmediata reforma. La falta de perspectiva de género en el Poder Judicial podría ser su Talón de Aquiles que permita impulsar la reforma de un poder corporativo y divorciado de los intereses de la ciudadanía.
Primero fue el presidente Alberto Fernández en su discurso de inauguración de sesiones ordinarias en el Congreso. Después, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, en un acto donde anunciaron una inversión para la construcción de Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad destinados a mujeres y personas LGBTI+. Lo siguió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su declaración en la causa por dólar futuro.
A las habituales críticas que el Gobierno le hace a la corporación judicial, y que sostienen la necesidad de una reforma integral del sistema, se sumó, transversalmente, la demanda de incluir la perspectiva de género en todos y cada uno de los espacios reservados a la Justicia.
Los últimos femicidios con repercusión mediática pusieron de manifiesto, una vez más, que ni las fuerzas de seguridad, ni los agentes judiciales reaccionan para proteger a las víctimas y evitar sus muertes a manos de varones violentos.
“La práctica judicial ha sido deficitaria en los procesos relacionados con violencia de género. Esta realidad implica la necesidad de modificar aspectos estructurales del sistema de justicia actual que han demostrado ser ineficaces para atender a las mujeres que se acercan a él en pedido de ayuda”, dijo Fernández promediando el discurso del 1º de marzo.
Y, de inmediato, se refirió a la reforma del Poder Judicial “en su más amplia dimensión”.
Eduardo “Wado” De Pedro fue más lapidario: “Existen muchísimos casos donde por inacción o ineficacia, algunos actores del Poder Judicial tienen responsabilidad directa con los femicidios” y les reclamó que “se vayan de un poder que requiere perspectiva de género“.
Días después, De Pedro se reunió con Néstor “Yuyo” García -papá de Micaela García, víctima de femicidio que da nombre a la Ley Micaela y funcionario del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires-, donde estuvo acompañado por la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
Ibarra también apuntó a funcionarios y funcionarias de la Justicia:
“Tenemos que parar los femicidios y necesitamos jueces, juezas, fiscales que sepan hacerse cargo de esta situación, no podemos tener mujeres que van y no reciben protección, no podemos tener policías que no reciben denuncias, no podemos tener jueces que liberan a personas que matan”.
García, a cargo de las capacitaciones de la Ley Micaela en territorio bonaerense se lamentó de la negativa de la Corte Suprema a recibir capacitación en perspectiva de género por parte del Ministerio de Géneros nacional.
“Me dolió mucho cuando los miembros de la Corte Suprema de Justicia sostuvieron que ellos se iban a autocapacitar porque no es lo que dice la Ley Micaela”, sostuvo. García se refería a un intercambio de cartas entre la ministra Elizabeth Gómez Alcorta y el presidente del tribunal supremo Carlos Rosenkrantz entre junio y octubre del año pasado, en una de las disputas entre el Ejecutivo y la Corte.
El remate vino de la mano de la Vicepresidenta de la Nación, en su alegato ante los jueces de Casación, Cristina Kirchner sentenció:
“Ustedes contribuyeron, ustedes también son responsables del sufrimiento de la gente. Ustedes sobreseyeron a los que endeudaron. El Poder Judicial incide en la vida de la gente. Vean los femicidios y la falta de respuestas de la Justicia“.
El de la lucha contra la violencia de género es un tema que genera consenso social. Desde 2015, a partir de la movilización masiva Ni Una Menos, está en la agenda pública y cada una de los femicidios genera repudios masivos, sin diferencias políticas.
Y, en las acciones y omisiones de agentes judiciales en estos casos encontró el Gobierno un flanco débil para limar la imagen de un poder judicial que parece ignífugo a las presiones del Ejecutivo.
Diputadas oficialistas y funcionarias del Ministerio de las Mujeres también hablan de reforma judicial feminista como una demanda urgente. No queda claro, todavía, si habrá incorporación de la agenda de las mujeres a los proyectos de reforma judicial que esperan en el Congreso o si los dardos servirán para esmerilar la imagen de un poder cada vez más alejado de los cambios sociales.
