En la previa de la reunión del Consejo Federal de Salud, autoridades sanitarias de 18 provincias expresaron su rechazo a la reforma de la Ley de Salud Mental que Javier Milei envió al Congreso, y desde la provincia de Buenos Aires advirtieron que la nueva normativa quitaría financiamiento al sector.
Este lunes se reúnen en el Consejo Federal de Salud (COFESA) las autoridades sanitarias de todo el país para analizar el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental que el gobierno de Javier Milei envió al Senado la semana pasada.
La convocatoria llega en medio de un rechazo generalizado por parte de las provincias y en un contexto de creciente presión sobre el sistema público de salud. Este mes la administración libertaria descontinuó el programa Remediar e impulsó un nuevo ajuste sobre los médicos de PAMI.
En la previa del encuentro, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, publicó en sus redes sociales una comparación directa entre la legislación vigente y la propuesta oficial: “La ley actual de Salud Mental dice: compromiso financiamiento. La modificación que propone nación: sin financiamiento”.
“Después chamuyen lo que quieran, pero la única realidad es que lo que hacen es ajustar en salud mental. El problema no es la Ley. Es que no la cumplen”, completó.
En la reunión del COFESA, el ministro nacional de Salud, Mario Lugones, deberá presentar formalmente la iniciativa ante representantes de las jurisdicciones provinciales, que en su mayoría ya expresaron sus reparos ante la iniciativa.
La ley actual de Salud Mental dice: compromiso financiamiento.
La modificación que propone nación: sin financiamiento.Después chamuyen lo que quieran, pero la única realidad es que lo que hacen es ajustar en salud mental.
El problema no es la Ley. Es que no la cumplen.… pic.twitter.com/37BPbjbhW1
— Nicolás Kreplak (@nkreplak) April 19, 2026
Tercer Encuentro Federal de Salud Mental
El rechazo al proyecto tomó forma concreta durante el Tercer Encuentro Federal de Salud Mental, realizado en el marco del Congreso Provincial de Salud de la Provincia de Buenos Aires (CoSaPro) en Mar del Plata.
El evento convocó a más de 15.000 participantes y reunió a autoridades sanitarias de 18 provincias: La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Formosa, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz y San Luis.
Los funcionarios presentes emitieron un “enérgico rechazo” al proyecto enviado por el Ejecutivo nacional. En su declaración, señalaron que la reforma “implica un retroceso en materia de derechos, al retirar fuentes de financiamiento esenciales, incorporar nuevas barreras de acceso a la atención en situaciones de urgencia e internación, y desarticular el enfoque comunitario que establece la legislación vigente”.
Uno de los puntos de mayor tensión fue la forma en que se elaboró el proyecto. Las provincias advirtieron que ninguna de las jurisdicciones fue consultada durante ese proceso, lo que, según indicaron, “constituye una vulneración de los principios básicos del federalismo sanitario” y desconoce el trabajo que cada provincia lleva adelante en materia de políticas públicas de salud mental.
El encuentro se desarrolló en un contexto que los propios participantes describieron como de emergencia. Los datos del informe federal de 2025 presentados durante la jornada muestran un incremento del 77% en las internaciones por salud mental y un aumento del 134% en la demanda ambulatoria. Las autoridades expresaron además una “profunda preocupación por la problemática del suicidio y por el deterioro de las condiciones de acceso a la atención”.
Frente a este panorama, los ministros y funcionarios presentes plantearon la reactivación del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA) como espacio institucional para debatir y construir políticas públicas de manera colectiva.
Señalaron que esa convocatoria había sido solicitada en reiteradas oportunidades sin respuesta por parte del gobierno nacional. También subrayaron que “los padecimientos en salud mental tienen impactos de mediano y largo plazo y requieren políticas sostenidas en el tiempo”.
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La posición de los municipios bonaerenses
En paralelo al encuentro provincial, la asamblea del CoSaPro reunió a autoridades de los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires, donde también se expresó el rechazo a la reforma nacional con altos niveles de consenso.
Los gobiernos locales respaldaron el documento “Lineamientos para las políticas públicas de Salud Mental y Consumos Problemáticos en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires”, un instrumento orientado a organizar las políticas municipales y su articulación con la gestión provincial.
La asamblea reafirmó el rumbo del Plan Quinquenal provincial, reclamó avanzar en una política provincial de Atención Primaria y ratificó la defensa de la Ley de Salud Mental vigente “frente a intentos de modificación que implican un claro retroceso y deterioro en la calidad de atención”.
En ese sentido, los participantes advirtieron que “cualquier intento de reforma regresiva que limite derechos o reduzca el financiamiento solo agravará la crisis actual”.
La reunión del COFESA de este lunes será el primer espacio formal de diálogo entre el gobierno nacional y las provincias en torno a la reforma. Hasta el momento, ningún ministro provincial se ha pronunciado a favor del proyecto enviado al Senado.
