La Rioja pagará un bono de 80 mil pesos para estatales y demandará a Nación por fondos adeudados

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció el pago de un bono de 80 mil pesos para los empleados públicos provinciales y de 50 mil para trabajadores municipales y contratados. Por otra parte, La Rioja demandará Estado nacional ante la Corte Suprema para reclamar el pago de una deuda de 9.300 millones de pesos.

Quintela, en un mensaje a través de su cuenta en la red social X, aseguró que la posibilidad de pagar un bono para trabajadores provinciales y municipales es viable porque la provincia tiene «en orden» sus finanzas.

«Venimos trabajando para poder dar respuesta a la difícil situación que atravesamos en el país«, abrió su mensaje Quintela, el gobernador peronista quien protagoniza un fuerte enfrentamiento político con el presidente Javier Milei y su política de ajuste y desregulación económica.

«Mi prioridad son los trabajadores y trabajadoras de la provincia, que puedan recuperar parcialmente el poder adquisitivo y acceder a todos los derechos básicos».

La demanda de La Rioja al Estado Nacional

En paralelo, el gobernador riojano presentará una demanda contra el Estado nacional ante la Corte Suprema en busca de los fondos que ya había reclamado informalmente la semana pasada, cuando denunció que el Gobierno nacional hacía «oídos sordos» el reclamo del pago de una deuda de 9.300 millones de pesos, correspondientes a los fondos coparticipables, y que el Ejecutivo riojano solicitaba para mejorar los salarios de los trabajadores provinciales.

«El Estado nacional debe garantizar que esos fondos lleguen para no seguir congelando sueldos, pues ya se siente y con más fuerza la desesperación e incertidumbre», había denunciado la semana pasada.

Sin embargo, Quintela tomó primero la iniciativa de anunciar una mejora salarial y como contrapartida avanzar con la denuncia por los pagos adeudados. El bono, según dijo, cubrirá el impacto en la pérdida de poder adquisitivo hasta que se abre la negociación paritaria con los gremios estatales.

El primer acuerdo salarial alcanzado en la provincia había sido con la Policía riojana. «Les dije la situación que estamos atravesando (en la provincia) y lo entendieron. Acordamos una recomposición salarian en dos pagos porque no tenemos recursos», contó Quintela la semana pasada.

La nueva iniciativa del riojano la informó el ex diputado, ex senador y ex embajador de esa misma provincia, Jorge Yoma. Él, junto con el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, serán los abogados que impulsarán la demanda ante la máxima corte del país.

«Reclamamos el pago de $ 9.300 millones debidamente actualizados. Se tratan de recursos adeudados y retenidos ilegalmente por el Gobierno nacional a nuestra Provincia. Dichos fondos corresponden al ejercicio 2023 (Art 83-Planilla 18) del Presupuesto General de la Nación«, escribió este domingo Yoma en Twitter.

Además, explicó que en la demanda incluirán «el reconocimiento y la actualización de $ 47.000 millones, pagados en su totalidad o en 12 cuotas mensuales que corresponden a La Rioja y que fueron consolidados en la reconducción del Presupuesto 2024, oportunamente realizada por el Poder Ejecutivo Nacional».

Y aclaró:

«Es de destacar que los recursos que reclamamos no integran las partidas de ‘Transferencias Discrecionales’ de la Nación, sino que forman parte del porcentaje de la Coparticipación Federal de Impuestos, que corresponden a la Provincia de La Rioja.»

Como un reclamo provincial al Estado Nacional puede tomar meses en definirse, aún si solo se trata por la Corte Suprema -que además ahora se encuentra en feria judicial-, Yoma también adelantó que solicitarán al tribunal «como medida cautelar urgente un embargo al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), hasta cubrir las cifras adeudadas por la Nación a nuestra provincia.»

«Dicho embargo -argumentó- se fundamenta en la difícil situación que sufren los hogares riojanos, cuyos ingresos disminuyeron dramáticamente por la inflación descontrolada que castiga la economía argentina. Y la necesidad impostergable de recomponer los salarios de nuestros trabajadores públicos; como asimismo garantizar debidamente los servicios de Salud, Educación, Seguridad y Justicia, y demás políticas públicas por parte del gobierno provincial.»

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