Procesaron a Javier Iguacel en la causa de las concesiones de peajes

El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7 procesó a Javier Iguacel, exadministrador general de Vialidad Nacional, actual intendente de Capitán Sarmiento y posible candidato a gobernador del ala del PRO que responde a Patricia Bullrich. Es en el marco de una causa en la que se investiga la ampliación ilegal e irregular de los plazos de los contratos de concesión de siete corredores viales que pasan por un total de once provincias.

La causa se inició a partir de una denuncia de la Secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, Ana María Graciela Aleña, presentada el 16 de agosto de 2019.

En su denuncia, Aleña remarcó:

“A partir de determinados actos de funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y del Ministerio de Transporte de la Nación, se habrían ampliado los plazos de los contratos de concesión de los Corredores Viales Nacionales Nro. 1 a 6 y 8 de forma ilegal e irregular“.

Esa acción:

“No solo había beneficiado a las respectivas empresas concesionarias, sino que también había perjudicado a la Administración Pública Nacional al privarle la posibilidad de obtener, con una nueva licitación, mejores condiciones de contratación”.

Aleña detalló que el vencimiento de los contratos en cuestión operaba el 21 de abril de 2016, pero se hizo uso de la prórroga de doce meses que los contratos preveían y cumplido este último término, sin haber “hecho nada en materia de licitaciones”, se extendió la continuidad operacional a través de la Resolución DNV 811-17, dictada ad referéndum por Javier Iguacel, quien fuera por ese entonces titular de Vialidad Nacional.

Al emitir esa resolución para extender los plazos, Iguacel omitió un decreto de 2016, el 1288, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse. Por esta decisión, las concesionarias continuaron percibiendo tanto los montos de las tarifas de peaje como los vinculados a obras de mantenimiento y ampliación.

Al ratificar la denuncia, la titular del Sindicato de Trabajadores Viales añadió que presumía que “estos sucesivos decretos se crearon con la finalidad de poder aplicar la participación pública privada en beneficio de las empresas y en perjuicio del Estado”.

En el mismo sentido se expresó la exjefa de Jurídicos de Vialidad, Julieta Ripoli, quien declaró en la causa como testigo y afirmó que el objetivo “oculto” de no haber enviado los pliegos de licitación a tiempo y prorrogar por simple vía administrativa, era acoger a los corredores bajo el cuestionado régimen de las PPP (contratos de Participación Público Privada).

Durante su descargo, Iguacel rechazó la acusación y descalificó las declaraciones testimoniales, incluida la de Ripoli, alegando que la exjefa de Jurídicos no podía ser veraz en sus dichos debido a que había sido apartada por graves falencias en el desempeño de su cargo en la órbita de la DNV.

En relación con los Corredores Nacionales, expresó que se dispuso la prórroga que estaba prevista en los contratos de concesión sin dejar de reforzar y poner en marcha los mecanismos de control sobre las empresas concesionarias, y afirmó que no había perseguido un beneficio indebido para las empresas que hasta ese momento tenían adjudicados los corredores dado que, si hubiera habido alguna pretensión de beneficiar a estas compañías, no se hubiera creado Corredores Viales SA ni se habrían mantenido las concesiones vencidas.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7 determinó que es posible afirmar que los contratos de concesión fueron prorrogados por fuera de lo estipulado normativamente.

Finalmente, en relación con el trámite de licitación bajo la modalidad de participación público-privada, se determinó que no se justificó de manera objetiva la conveniencia de efectuar la contratación bajo este sistema.

“El artículo 1 de la Ley 27.328 prevé que los contratos de PPP podrán celebrarse cuando previamente se determine que esta modalidad de contratación permite cumplir con los objetivos de interés público tendientes a satisfacer. Sin embargo, del proyecto correspondiente surge una enumeración abstracta de las ventajas, sin estar respaldada con datos objetivos ni haber elaborado un estudio comparado respecto de las otras modalidades previstas en la normativa”, se añadió.

Ante este panorama, Iguacel fue vinculado al proceso en carácter de autor de la maniobra, por ser quien adjudicó los tramos de los Corredores Viales 7 al 3, prorrogó extracontractualmente las concesiones de los Corredores viales 1 a 6 y 8, y convalidó el procedimiento licitatorio PPP.

“En esa línea, además de ejecutar dichos actos administrativos, coordinó las áreas pertinentes e impulsó y participó activamente del trámite de los expedientes administrativos que desembocaron en el resultado analizado”, resaltaron desde el Juzgado al fundamentar la decisión de procesar sin prisión preventiva al exministro de Energía de Mauricio Macri.

Mencionadas en esta nota:

Las últimas noticias

Seguinos en redes

Offtopic: