El senador José Mayans junto a su par Anabel Fernández Sagasti presentaron en la Cámara alta el proyecto para ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a 25 magistrados. Para evitar la impugnación de la oposición, las referencias al “federalismo” y a la “paridad de género” fueron removidas del texto, aunque no se descarta que sean aplicadas con posterioridad con un decreto.
En la idea original, el número de 25 cortesanos permitiría que haya un juez por cada provincia más uno en representación de Nación. Sin embargo, esa especificación no figura en el escrito y tampoco la equidad de género. La explicación parlamentaria, es que eso se hizo para evitar que la oposición busque impugnar el proyecto y declarar su inconstitucionalidad bajo la excusa de que se limitaría la atribución del presidente para proponer a los candidatos.
Ante la consulta sobre la ausencia del cupo de género y por provincia, algunos gobernadores plantearon que hubo un acuerdo entre los líderes provinciales y el presidente Alberto Fernández para que, tal como hizo el expresidente Néstor Kirchner en 2003 mediante el decreto 222, luego de establecida la norma, el mandatario emita un decreto en el que se autolimite y establezca que las provincias tienen que presentar dos representantes por territorio, un varón y una mujer.
Sobre la no especificación en el escrito de los gobernadores sobre el tema de género, expresaron:
“No importa, porque hay otros proyectos en discusión y varios de ellos atacan específicamente el tema, uno de ellos el de la senadora Clara Vega. Lo que se va a hacer en la comisión que preside el senador Oscar Parrilli unificar teniendo en cuenta las particularidades de cada uno”.
La idea del oficialismo en la cámara Alta es poder unificar los cinco proyectos de reforma del máximo tribunal del país. Desde el Senado también resaltaron que quizás se invite en los próximos días a diferentes gobernadores que participaron de la redacción final de la norma para que expliquen el espíritu de la propuesta.
El escrito especifica que los actuales jueces de la Corte “conservarán sus puestos”, y que el resto de los nombramientos se irán produciendo “conforme sean designados”. Además, contempla que la ampliación de la Corte se realice de forma progresiva, de acuerdo al mecanismo de nombramientos que regula la Constitución y que, durante ese proceso, las decisiones del máximo tribunal se adopten por el voto de la mayoría absoluta de los miembros que lo integren al momento de resolver.
Otro de los argumentos de los gobernadores es que la Corte argentina tiene muy pocos miembros en comparación con otras cortes de la región y del mundo. Como ejemplo, la corte de Chile tiene 20 miembros; la de Colombia 23 y la de Costa Rica 22. También mencionaron los casos de España, cuyo tribunal supremo está compuesto por un presidente, un vicepresidente y 79 magistrados y la Corte di Cassazione italiana, que se compone de seis secciones civiles y siete secciones penales, donde cada consejo tiene cinco miembros, incluido su presidente.
