La Justicia federal intervino la empresa Autopista del Sol (Ausol) para supervisar el leonino contrato de concesión renegociado por el gobierno de Mauricio Macri. Además, le prohibió a la firma aumentar los peajes, distribuir dividendos y alterar, mediante cualquier figura jurídica, la composición del capital social y de las posiciones accionarias de la empresa.
La decisión la tomó el juez federal Enrique Lavié Pico como respuesta al recurso de amparo que interpuso el Poder Ejecutivo nacional.
La medida cautelar del gobierno
A mediados de septiembre el presidente Alberto Fernández anunció que buscaría anular estos contratos que el gobierno de Cambiemos firmó con AUSOL (Acceso Norte) y GCO (Acceso Oeste), ambas controladas por entonces por la multinacional Abertis.
El juez hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por el Estado Nacional a través de la Dirección Nacional de Vialidad y al mismo tiempo suspendió “el mecanismo de compensación destinado a la recuperación de la suma de 499 millones de dólares” a favor de la empresa concesionaria.
Ese era uno de los principales objetivos de la demanda del Estado, pues sostenía que “la concesionaria, una vez vencido el plazo de la concesión originaria, percibe a diario el peaje que abonan los usuarios sin tener un título jurídico válido para ese cobro”.
Pero además, el acuerdo firmado durante el gobierno de Cambiemos establecía que “en caso de que los peajes percibidos no resulten suficientes para atender el pago de la deuda reconocida a favor de Ausol, la misma deberá ser atendida por el Estado Nacional“.
En su fallo, Lavié Pico designó al contador José Luis Perrone como interventor veedor y fiscalizador de AUSOL. En 2008 Perrone fue interventor de Aerolíneas Argentinas en la previa a la re-estatización.
De esta forma, el juez consideró que aún no podía anular el contrato pero sí hizo lugar “de manera parcial” en torno a la medida cautelar solicitada por la Dirección Nacional de Vialidad el mes pasado, demanda a la que el juzgado ya había dado lugar días atrás al declararse competente para entender en la misma.
En efecto, el 11 de octubre último el Gobierno nacional presentó un escrito en la Justicia para que se declare la nulidad del Acuerdo Integral de Renegociación con Autopistas del Sol (Ausol) de 2018, durante el Gobierno macrista, por entender que comprometía al Estado “con una deuda millonaria, inexistente y lesiva a los intereses de las y los usuarios”.
El acuerdo objetado “establecía una deuda cuya existencia no se encuentra comprobada, una dolarización de las tarifas y la prórroga de la concesión por 10 años”, sostuvo en su momento el Ministerio de Obras Públicas que conduce Gabriel Katopodis.
El Gobierno advirtió que para cubrir la deuda la tarifa de peaje “debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte“.
La presentación judicial se hizo a instancias de Vialidad Nacional que depende del Ministerio de Obras Públicas y “con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación”.
Los contratos renegociados para la concesión del Acceso Oeste con el Grupo Concesionario del Oeste (GCO) también fueron observados por el Gobierno, causa que hasta el momento no avanzó en la Justicia.
Según información del Ministerio de Obras Públicas, en 2018 Ausol y GCO:
“Firmaron con el Gobierno anterior acuerdos que comprometían al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) de más de 800 millones de dólares”.
En este sentido, la cartera explicó que “se establecía una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares de 8% anual” que:
“Era capitalizable, y si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda“.
Con estos acuerdos, la deuda reconocida y sus intereses ascendía a más de 1.100 millones de dólares, remarcó Obras Públicas.
Adicionalmente, “la tarifa de peaje se dolarizó ilegalmente, ya que el ordenamiento jurídico vigente así se lo prohibía, generando subas aún mucho mayores“, apuntó el Ministerio, y planteó que:
“Cada cuota anual no se completó en los términos de los acuerdos, por lo que la suma comprometida por el Estado en 2018 aumentó a valores cercanos a los 2 mil millones de dólares”.
A partir de lo resuelto por el Poder Judicial, el interventor Perrone tendrá como tarea:
“Ejercer la supervisión, inspección y auditoría de la renegociación del Contrato de Concesión aludido, teniendo a su cargo la fiscalización y control de todos los actos de administración habitual que puedan afectar la normal prestación del servicio público que resulta objeto de la concesión”.
“La presente medida se adopta hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el expediente”, precisó la resolución.
Se descarta que la medida judicial será apelada por la concesionaria.
El pronunciamiento de Lavié Pico no abarcó a otro de los pedidos realizados por el Gobierno, aquel en el que se solicitó que el Estado nacional se haga cargo de la administración del Acceso Norte.
