El juez Alejandro Catania comenzó a tomar declaraciones a los efectivos de la Gendarmería que estuvieron involucrados en el primer contingente desplegado en la Paz, Bolivia en los últimos meses de 2019 y primeros de 2020. Se trata de dos de los integrantes del “Grupo Alacrán” que viajaron con las armas que el gobierno de Mauricio Macri contrabandeó a los golpistas que derrocaron al legítimo gobierno de Evo Morales.
Según se indicó, los gendarmes partieron el 12 de noviembre de 2019 hacia Bolivia. Cada uno viajaba con sus armas y con su bolso de ropa. En el Aeropuerto de El Palomar se subieron al Hércules C-130, luego de una larga espera.
Según el testimonio, uno de los efectivos, Omar Sande, expresó: “Cuando ingresé al avión ya había una carga armada dentro del avión. Tuvimos una demora al subir y, al llegar, ya estaba esa carga (de armas)”.
“En ese momento no sabía en qué consistía esa carga. Cuando la vi, eran bultos, cajas, pertrechos de municiones. Se notaba bien la caja, la etiqueta y el calibre. Las cajas eran de cartucho de escopeta 12/70”, agregó en la declaración que suministró la semana pasada.
Su compañero Roberto Daniel Gómez, que también declaró ante el magistrado que investiga el contrabando agravado de armas a Bolivia, también recordó las cajas blancas de Fabricaciones Militares y relató que la carga había salido con ellos desde Gendarmería. Después –según la versión de los gendarmes– el cargamento lo debió haber subido la tripulación de la Fuerza Aérea.
Durante la exposición ante el juez, los gendarmes también negaron haber hecho prácticas con las balas, lo que desmorona la versión inicial que indicaba que los efectivos se podrían haber gastado la inusual suma de 70 mil cartuchos de goma en entrenamientos. También descartaron haber tenido contacto con las fuerzas bolivianas, lo que deja en claro que la decisión de repartir el armamento se tomó antes de su llegada.
De acuerdo a la causa en cuestión, las municiones que se enviaron a Bolivia habían sido comprados por Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos. La compra se había desarrollado en el marco de de los preparativos para la cumbre del G20, que se celebró en Buenos Aires en diciembre de 2018.
El gobierno nacional luego decidió enviar esa carga al país trasandino. A tales efectos, se le pidió a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) que preste autorización sobre una “partida complementaria que fue la que nunca volvió”.
Los testimonios establecidos por los gendarmes ante la Justicia complican aún más a Mauricio Macri, a la propia Bullrich y al por entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad. El ministro de Justicia del gobierno nacional, Martín Soria, enfatizó:
“Las declaraciones de los gendarmes a los que seguramente Macri, Bullrich y compañía pronto comenzaran a acusar también de ‘cuentapropistas’, confirman lo evidente, el contrabando de armamento para apoyar el golpe de estado en Bolivia, fue una decisión ordenada por las máximas autoridades del gobierno anterior”.
“Sólo una orden presidencial puede generar semejante coordinación en una maniobra ilegal que comprometió a la Gendarmería, la Fuerza Aérea, la Cancillería y varios Ministerios”, aseguró el actual funcionario nacional.
En el expediente están imputados Macri, Bullrich, Aguad, Álvarez García, el exjefe de gabinete Marcos Peña, el exasesor Fulvio Pompeo, el exjefe de Gendarmería Gerardo Otero y otros integrantes de esa fuerza –que era la más leal a la ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO.
