El Gobierno de Javier Milei nombró a las nuevas autoridades del SENASA, que quedará a cargo de María Beatriz Giraudo Gaviglio, y del ENRE, donde se nombró como interventor a Néstor Marcelo Lamboglia. ¿A quiénes reemplazan y qué hay detrás de las renuncias?
María Beatriz Giraudo Gaviglio fue designada como nueva presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) mediante el Decreto 515/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.
La ingeniera agrónoma santafesina, oriunda de Zenón Pereyra, asume el cargo tras la renuncia de Pablo Cortese, quien permaneció en funciones por menos de ocho meses. Giraudo había sido nombrada previamente como consejera técnica del INTA luego de la reestructuración de ese organismo a principios de mes.
La nueva titular del SENASA es parte de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), organización de la cual fue presidenta, y se desempeñó como funcionaria en Agricultura durante la gestión de Mauricio Macri.
Hasta la desregulación libertaria del INTA, ocupaba el cargo de vicepresidenta de ese instituto, donde cumplió un rol clave como representante del Poder Ejecutivo en el disuelto Consejo Directivo junto al titular Nicolás Bronzovich.
Como impulsora de la tecnología de Siembra Directa para el cuidado de suelos productivos, Giraudo deberá enfrentar el desafío de calmar las tensiones generadas por las políticas de apertura a la importación de productos veterinarios y en medio de tensiones por la continuidad operativa del organismo.
Paralelamente, el Gobierno oficializó el cambio de interventor en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) mediante la Resolución 330/2025 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial con la firma de María Carmen Tettamanti.
Néstor Marcelo Lamboglia asumirá como nuevo interventor en reemplazo de Osvaldo Ernesto Rolando, quien había sido designado en noviembre de 2024 y presentó su renuncia efectiva desde el 1° de agosto.
Lamboglia se desempeñaba como secretario del organismo y tiene origen macrista, con experiencia en el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), la Entidad Binacional Yacyretá y la ex Subsecretaría de Energía.
El cambio en el ENRE se produce en el marco de la unificación con el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para formar el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, establecida por el Decreto 452/2025 del 4 de julio.
Este nuevo organismo autárquico funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía y tendrá un plazo máximo de 180 días desde el 4 de julio para comenzar a operar. Su directorio estará integrado por cinco miembros: un presidente, un vicepresidente y tres vocales, todos designados por el Poder Ejecutivo.
Hasta que la nueva estructura esté conformada y el directorio en funcionamiento, las unidades organizativas actuales del ENRE y ENARGAS mantendrán su vigencia, siendo necesaria la designación de Lamboglia para garantizar la continuidad operativa durante esta etapa de transición.
El conflicto detrás de la salida de Cortese
La renuncia de Pablo Cortese se produjo en el contexto de una fuerte disputa entre el SENASA y los principales laboratorios nacionales por las medidas que habilitaron la importación de vacunas contra la fiebre aftosa. El conflicto escaló tras el anuncio presidencial durante la Exposición Rural, donde Milei prometió: “Vamos a tener vacunas a mitad de precio“.
Cortese había impulsado la flexibilización del ingreso de productos veterinarios importados bajo la excusa de reducir costos en el sector agropecuario. Esta apertura incluyó la implementación del concepto de “bioequivalencias”, que permitía que productos aprobados en Europa, Estados Unidos y el Mercosur pasaran los controles del SENASA en 30 días.
Sin embargo, estas medidas recibieron el rechazo de la Cámara de laboratorios veterinarios (Caprove), que advirtió sobre los riesgos para una industria que emplea a más de 8.000 trabajadores y genera exportaciones superiores a los 100 millones de dólares anuales.
El punto de inflexión llegó en abril, cuando el SENASA autorizó el ingreso de un lote de vacunas importadas desde Brasil por una empresa local. Esta decisión motivó una carta documento del laboratorio Biogénesis Bagó.
La firma, propiedad de Hugo Sigman, denunció presuntas irregularidades y falta de controles en la autorización otorgada al laboratorio Tecnovax, del empresario bonaerense Diego Latorre. La disputa reveló una guerra comercial entre estos laboratorios por el control de un mercado que mueve 100 millones de dosis anuales a un costo mínimo de un dólar por unidad.
Biogénesis Bagó, que lidera el mercado local junto al laboratorio Centro de Diagnóstico Veterinarios (CDV), argumentó científicamente su oposición señalando que su vacuna es tetravalente (protege contra cuatro cepas) mientras que la brasileña que importa Tecnovax es bivalente (protege contra dos cepas del virus).
Detrás del conflicto se desarrolló una batalla interna en el Gobierno entre Federico Sturzenegger y Luis Caputo. El ministro desregulador había impulsado a Cortese a firmar las resoluciones para desregular el mercado de productos veterinarios, pero estas medidas fueron revocadas desde el propio SENASA a mitad de año.
Caputo terminó corriendo a Sturzenegger de la escena, y el control del organismo quedó en manos de Juan Pazo, hombre de confianza del ministro de Economía y actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Pazo había delegado el poder en Eugenia Barbieri, funcionaria del área de Agricultura que operó contra Cortese desde dentro del organismo, llegando incluso a tener “secuestrada” la clave de firma digital, lo que demoró decisiones fundamentales.
Esta inacción del SENASA tuvo consecuencias directas en otros sectores, como el porcino, que enfrentó una crisis sanitaria aguda a principio de año sin recibir respaldo adecuado por parte del Estado Nacional.
La presión se intensificó cuando Cortese mantuvo una reunión tensa con el director técnico de Biogénesis Bagó, Esteban Turic, quien le recriminó por la intimación judicial. También participó el director general de Laboratorios del SENASA, Rodrigo Balzano Parodi, encargado de aprobar las vacunas, quien no estaría de acuerdo con el ingreso de Tecnovax por la vía rápida.
Especialistas del sector señalan que las trabas para homologar plantas productoras de vacunas según las normas del SENASA pueden demorar hasta seis años, y advierten que todos los requerimientos y protocolos oficiales fueron redactados por técnicos de Biogénesis Bagó en 2017.
Argentina mantiene su estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), y veterinarios advierten sobre la inconveniencia de relajar los controles sanitarios.
