Insólito: Milei sigue evitando hablar del escándalo de coimas, pero compartió un comunicado de la droguería investigada

Javier Milei hizo referencia por primera vez al escándalo de coimas en ANDIS, aunque no para desmentir la corrupción, sino para compartir la defensa de la droguería Suizo Argentina. Entre tanto, los funcionarios citados por el Congreso para dar explicaciones pegaron el faltazo.

En medio del escándalo que destaparon los audios de Diego Spagnuolo y que involucran a varios funcionarios del Gobierno de Javier Milei, el presidente sigue sin dar explicaciones directas sobre las denuncias que involucran a su hermana Karina Milei y a otros funcionarios en la presunta red de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Sin embargo, Milei hizo algo insólito: compartió en sus redes sociales un comunicado de la droguería Suizo Argentina, una de las empresas señaladas en los audios como intermediaria en el esquema de retornos. La decisión presidencial de avalar públicamente a una firma bajo investigación judicial marca un punto de inflexión en su manejo de la crisis.

¿Qué dice el comunicado que compartió Javier Milei?

Más allá del furcio pronunciado en su más reciente acto de campaña (donde aseguró que en la oposición “están molestos porque les estamos afanando los choreos”), la primera reacción pública de Milei ante el escándalo llegó a través de Instagram, donde compartió en sus historias el comunicado oficial de la Suizo Argentina.

La decisión resulta llamativa, especialmente si se tiene en cuenta que esta droguería aparece mencionada en las grabaciones de Spagnuolo como parte del entramado mediante el cual, según las denuncias, Karina Milei y su entorno habrían solicitado sobornos a prestadores del sistema de discapacidad.

En el documento que recibió el respaldo presidencial, la empresa se presenta como una firma centenaria que desarrolla sus actividades “de forma íntegra, transparente, con responsabilidad social empresaria”.

El comunicado enfatiza que la compañía opera “de conformidad con un estricto Código de Ética” y sostiene que tanto directivos como accionistas se encuentran “a derecho y a plena disposición” de los organismos de control y cualquier poder del Estado.

La droguería asegura haber actuado “con total apego a las normas y leyes vigentes” y destaca su compromiso con “más de 10.000 farmacias, hospitales, clínicas, sanatorios, centros de salud, proveedores y miembros de la cadena de valor”.

Sin embargo, el mandatario no hizo ningún comentario al compartir el comunicado. Cabe preguntarse entonces si se trata de un intento de defenderse apelando a la supuesta transparencia de la empresa, o si es un respaldo a la compañía. Lo cierto es que el comunicado no contiene una negación explícita de las acusaciones específicas que surgen de los audios filtrados.

Además, el texto difundido por Suizo Argentina reproduce el formato estándar de cualquier empresa que enfrenta acusaciones de corrupción: apelación a la trayectoria histórica, invocación de códigos éticos internos y expresión de colaboración con la Justicia.

Se trata del tipo de declaración que emitiría prácticamente cualquier compañía en circunstancias similares, independientemente de su culpabilidad o inocencia real en los hechos investigados.

El comunicado, entre cientos de publicaciones que el presidente comparte a diario en Instagram.

Los funcionarios de Milei pegaron el faltazo en el Congreso

Por ahora, los principales voceros del Gobierno en este escándalo son Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem. Entre tanto, los principales funcionarios involucrados en el área de salud y discapacidad optaron por no presentarse ante el Congreso Nacional.

El ministro de Salud Mario Lugones y el interventor de ANDIS Alejandro Vilches fueron convocados por las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Discapacidad de la Cámara de Diputados para brindar explicaciones sobre el escándalo.

“Lamentablemente no hemos tenido respuesta”, informó el diputado Pablo Yedlin, presidente de la comisión de Acción Social y Salud, y legislador de Unión por la Patria. El tucumano también señaló con resignación que “no es la primera vez” que representantes del gobierno eligen ausentarse sin aviso previo de las citaciones parlamentarias.

La ausencia de los diputados de La Libertad Avanza y del PRO en la reunión tampoco es una novedad. Esta estrategia de bloqueo sistemático se replica en diversas comisiones y complica el funcionamiento de las controladas por el oficialismo, donde los proyectos de la oposición encuentran obstáculos permanentes para su tratamiento.

Daniel Arroyo, presidente de la comisión de Discapacidad y diputado de Unión por la Patria, comentó sobre el contraste surge que entre “los audios que hemos escuchado y el funcionamiento del sistema de atención a las personas con discapacidad”.

Como ejemplo ilustrativo, Arroyo mencionó que en medio del brutal ajuste en el área de Salud y mientras el personal de talleres protegidos cobra 28.000 pesos mensuales, en las grabaciones se habla de montos de 800.000 pesos.

Ante la negativa gubernamental a brindar explicaciones, un grupo de diputados opositores presentó un proyecto de resolución para crear una comisión investigadora especial. La iniciativa lleva las firmas de Margarita Stolbizer, Esteban Paulon y Mónica Fein de Encuentro Federal, Sabrina Selva de Unión por la Patria, y Mónica Frade de la Coalición Cívica.

El proyecto denuncia la existencia de un “entramado de corrupción vinculado a laboratorios”. La comisión investigadora tendría como objetivo “determinar el grado de participación y la responsabilidad política” de los funcionarios implicados en el presunto esquema corrupto.

La propuesta contempla amplias atribuciones para solicitar informes y oficios de organismos públicos, además de la facultad para citar funcionarios. Se establece un plazo de tres meses para la investigación y 15 días adicionales para elevar el informe final con conclusiones.

“No nos va a quedar alternativa que en la próxima sesión tengamos que emplazar a Asuntos Constitucionales por estos proyectos”, advirtió Yedlin, anticipando que la oposición recurrirá a mecanismos más contundentes si persiste el bloqueo oficialista en las comisiones parlamentarias.

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Guillermo Francos, obligado a dar la cara

Aunque el oficialismo evita explicaciones voluntariamente, el jefe de Gabinete Guillermo Francos no podrá eludir su comparecencia ante el Congreso. Este miércoles debe presentarse en la Cámara de Diputados para brindar el Informe de Gestión N°144, conforme lo establece el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Francos deberá responder 1.337 preguntas formuladas por 101 diputados de distintos bloques políticos. Las consultas abarcan múltiples áreas gubernamentales, desde economía y obras públicas hasta salud, educación y seguridad. Unión por la Patria encabeza la lista de consultas con 787 preguntas, seguida por la Unión Cívica Radical con 95 interrogantes.

Entre los diputados que más preguntas remitieron se destacan Juan Marino (75), Victoria Tolosa Paz (63), Daniel Gollán (45) y Natalia Zaracho (43), todos del bloque peronista. El Ministerio de Economía concentra la mayor cantidad de consultas con 477 preguntas, seguido por Capital Humano (177) y la propia Jefatura de Gabinete (149).

La cartera de Salud recibió 111 preguntas, lo que anticiparía un intenso interrogatorio sobre las irregularidades en ANDIS. Además del escándalo de las coimas, Francos podría enfrentar consultas sobre la crisis sanitaria generada por el uso de fentanilo contaminado en hospitales del país, otro tema que mantiene en vilo al sistema de salud nacional.

Por lo pronto, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó de “lamentable” la conducta del Ejecutivo y sentenció: “Creen que así (huyendo como ratas) van a tapar la obscenidad y el escándalo de las coimas. No van a poder”.

Por su parte, el bloque Democracia Por Siempre cuestionó directamente: “¿A quién protegen?” Lugones y Vilches que “no dan la cara” en el Congreso. Los legisladores subrayaron que “hay audios que revelan coimas para proveer medicamentos a discapacitados y el Gobierno se aferra al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad”.

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