El ministro de Salud Mario Lugones definió que el gobierno nacional solo aplicará gratuitamente la vacuna contra la fiebre amarilla en las provincias donde la enfermedad es endémica, por lo que dejará de suministrarla en la gran mayoría del país bajo el argumento de que esto permitirá ahorrar recursos.
El Ministerio de Salud que dirige Mario Lugones implementó desde este miércoles una nueva política sanitaria que limita la aplicación gratuita de la vacuna contra la fiebre amarilla exclusivamente a las zonas endémicas del territorio nacional.
Ahora, quienes necesiten inmunizarse para viajar al exterior deberán acudir a centros privados y costear personalmente la vacunación, una decisión que afecta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a la gran mayoría de las provincias del país, que hasta ahora podían acceder a la vacuna sin costos.
Desde la cartera sanitaria nacional argumentaron que la medida busca “garantizar un uso responsable de los recursos públicos” y priorizar las necesidades sanitarias de la población que habita en áreas de riesgo real. El comunicado oficial sostiene que “la salud pública debe proteger a quienes más lo necesitan, no ser un subsidio a quienes viajan al exterior”.
Las autoridades estimaron que mediante esta política de compra focalizada lograrán un ahorro de 697.566 dólares, reduciendo en un 34% la cantidad de unidades a adquirir. Según informaron, las dosis faltantes se distribuirán entre septiembre y octubre de este año.
El Gobierno aseguró que “los recursos existen” pero están siendo redirigidos hacia mejorar la atención de pacientes, modernizar instalaciones y garantizar una remuneración más justa para el personal sanitario.
La justificación resulta paradójica si se tiene en cuenta que el gobierno de Javier Milei se encuentra en medio de una puja por los fondos para hospitales públicos, que desencadenó las protestas de los trabajadores del Hospital Garrahan y otros nosocomios, y que derivó en el avance de una ley en el Congreso para declarar la emergencia en pediatría.
Más allá de esto, la decisión de Lugones recibió varias críticas de la oposición. Entre los críticos estuvo Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, quien cuestionó duramente la decisión a través de su cuenta en la red social X, calificando al Ejecutivo nacional como “un gobierno antivacunas”.
Kreplak advirtió sobre las implicancias epidemiológicas de la medida: “la vacunación es una acción de prevención social”. “En este caso, si uno viaja a otro país y se contagia fiebre amarilla podría traerlo al nuestro territorio, y los mosquitos trasmitirlo”, remarcó.
Vacunación contra la fiebre amarilla
La aplicación gratuita se mantendrá únicamente en las provincias de Formosa, Misiones y Corrientes, consideradas zonas de alto riesgo. También continuará sin costo en departamentos específicos de Salta (General José de San Martín, Orán, Rivadavia y Anta), Jujuy (Ledesma, Santa Bárbara, San Pedro y Valle Grande) y Chaco (departamento de Bermejo).
Estas áreas geográficas son identificadas por las autoridades sanitarias como territorios con riesgo de circulación viral de fiebre amarilla, donde la vacunación representa una medida preventiva esencial para la población residente.
La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos, prevalente en regiones de América del Sur y África. Los síntomas moderados incluyen fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, mientras que los casos graves pueden derivar en trastornos renales, hepáticos y cardíacos fatales.
La vacuna brinda protección a partir de los 10 días de su aplicación y representa la principal medida preventiva contra esta patología.
Brasil, uno de los destinos turísticos más elegidos por los argentinos, presenta riesgo de transmisión pero no exige la vacunación como requisito de ingreso, aunque la recomienda. En contraste, Paraguay sí requiere la inmunización para turistas mayores de nueve meses.
Según el listado de la Organización Mundial de la Salud, otros países con riesgo de contagio que exigen la vacunación incluyen Ecuador, Etiopía, Guyana, Kenia, Nigeria, Senegal y Venezuela. Perú presenta riesgo epidemiológico pero no establece la vacunación como requisito obligatorio.
Los países que establecen estos requerimientos están amparados por el Reglamento Sanitario Internacional, instrumento legal que regula las medidas sanitarias en el tránsito internacional de personas.
La nueva política sanitaria profundiza un cambio en el enfoque gubernamental que prioriza la eficiencia del gasto público y replantea el rol estatal en la cobertura de medidas preventivas destinadas a turistas, abriendo un debate sobre los límites de la responsabilidad pública en materia de salud.
