Milei modificó el RIGI para que empresas extranjeras se queden con el cupo de las PyMEs

El gobierno de Javier Milei modificó el RIGI para habilitar a las empresas extranjeras a presentarse como proveedores locales y quedarse con el cupo que originalmente estaba destinado a proteger a la industria nacional.

El gobierno de Javier Milei modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para habilitar a las empresas extranjeras a presentarse como proveedores locales, en otro golpe a la industria nacional.

El cambio quedó oficializado a través del Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas de Milei, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo.

Hasta ahora, la definición de proveedor local combinaba dos condiciones: la radicación en el país y el control societario local. El decreto eliminó la segunda. Desde ahora rige un único criterio: la constitución y el domicilio en la Argentina.

Una sociedad que cumpla con ese requisito será considerada proveedor local sin importar la nacionalidad de sus accionistas ni la composición de su capital. También califican las personas humanas con domicilio fiscal en el país.

La modificación tiene impacto directo sobre el cupo de compras locales. La normativa original exige que los proyectos adheridos al régimen comprometan contratar proveedores locales por al menos el 20% del monto de inversión destinado a bienes y obras, siempre que exista oferta disponible en condiciones competitivas de precio y calidad.

Con la nueva redacción, una firma de capital extranjero constituida en el país y dedicada, por ejemplo, a fabricar equipamiento para proyectos mineros podrá computar para ese porcentaje, aunque todos sus accionistas sean extranjeros.

La consecuencia es que cumplir con el 20% ya no asegura que las contrataciones beneficien de manera prioritaria a empresas controladas por capitales argentinos.

Con el súper RIGI, la distopia libertaria de la “ciudad-empresa” está cada vez más cerca

Con el súper RIGI, la distopia libertaria de la “ciudad-empresa” está cada vez más cerca

Esto amplía las ventajas del capital internacional dentro del mercado interno y complica a la industria nacional y a las pymes, que ahora deberán competir por ese mismo cupo con compañías de origen foráneo radicadas en el país. En el caso de los bienes, seguirá vigente el criterio de origen nacional que fija el Mercosur.

Todo esto en un contexto en el que el RIGI, regulado por la Ley 27.742, ya otorga grandes beneficios fiscales para fomentar inversiones en minería e hidrocarburos. Justamente una de las críticas que recibe es que esos proyectos generan escaso derrame en la industria local.

El decreto modifica el Decreto 749/2024, que había reglamentado el capítulo de la Ley Bases dedicado al régimen. Según el Ejecutivo, la experiencia acumulada desde su puesta en marcha mostró la necesidad de introducir “adecuaciones puntuales” para precisar algunas disposiciones.

Sobre la definición de proveedor local, el Gobierno sostuvo que el cambio busca sumar a las empresas instaladas en el país a las cadenas de suministro de las grandes inversiones, y que el origen de su capital no debe ser, por sí solo, un obstáculo para participar.

Otras modificaciones al régimen

El decreto incluye además cambios en otros aspectos del RIGI:

  • Fecha límite única: para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, se fija un único plazo para alcanzar el monto mínimo de inversión del proyecto en su conjunto, separado de los compromisos de cada etapa. Según los fundamentos, la idea es evitar confusiones entre ambas exigencias, sin alterar los montos previstos para cada fase.
  • Compraventa de participaciones: cualquier tercero podrá adquirir acciones de una empresa adherida sin que eso afecte sus beneficios. Esa compra, sin embargo, no podrá computarse como inversión para cumplir con el mínimo que exige la ley.
  • Uniones transitorias y contratos asociativos: podrán ceder participaciones o incorporar socios. Deberán informarlo a la Autoridad de Aplicación dentro de los 15 días de inscripta la operación, con el consentimiento del resto de los miembros y la acreditación de que el nuevo integrante asume los compromisos de inversión y las garantías pendientes. El organismo tendrá 30 días para objetarla y, si no lo hace, quedará aprobada. El socio saliente seguirá respondiendo de manera solidaria por las obligaciones generadas hasta ese momento.
  • Sucursales dedicadas: podrán transferir todos los activos, pasivos y obligaciones del proyecto a una sociedad anónima creada a tal efecto, previa autorización. La nueva empresa reemplazará a la sucursal con sus beneficios y compromisos, sin que implique una nueva adhesión ni cambie la fecha original o los plazos. El decreto aclara que esa autorización no reemplaza el consentimiento de terceros que pueda requerirse para transferir concesiones o permisos.

Mencionadas en esta nota:

Las últimas noticias

Seguinos en redes

Offtopic: