El gobierno de Javier Milei se encuentra nuevamente en el centro de la polémica al anunciar que vetará la Ley de Financiamiento Universitario si el Senado la aprueba este jueves.
El proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, busca garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en toda Argentina.
Entre sus puntos clave se encuentra la actualización de las partidas de gastos de funcionamiento y la mejora salarial para docentes y no docentes, ajustada a la variación de la inflación informada por el INDEC.
Desde el Ejecutivo, la postura es clara: “Si atenta contra el equilibrio fiscal o no ponen cómo van a financiarlo, se va a vetar”, explicaron fuentes cercanas al presidente. Esta declaración se alinea con el discurso de austeridad fiscal que caracteriza a la administración de Milei, quien recientemente afirmó que “el superávit es innegociable” y que lo ha logrado en base a ajustar jubilaciones y pensiones, y patear el pago de deudas.
La oposición, por su parte, ha manifestado su desacuerdo con la posición del Gobierno. Martín Lousteau, titular de la UCR, expresó su deseo de que el proyecto se sancione esta semana, mientras que Wado de Pedro, presidente de la Comisión de Educación, enfatizó: “Sin educación no hay futuro. No pensamos gastar más, sino invertir en educación”.
La diputada Danya Tavella, autora del proyecto aprobado en Diputados, calificó de “absurdo” el argumento del veto y explicó que el financiamiento provendría de rentas generales, dada la ausencia de un presupuesto aprobado.
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha hecho un llamado urgente a los senadores para que aprueben la ley. En un comunicado, advirtieron sobre las graves consecuencias que la falta de financiamiento está teniendo en la investigación y la calidad educativa de las universidades nacionales.
Este enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo remite al reciente veto de la Ley de Movilidad Jubilatoria, marcando una tendencia en la gestión de Milei a utilizar esta herramienta constitucional para imponer su visión económica a pesar de la mayoría de la representación parlamentaria.
