En el marco de la causa por el atentado contra CFK, el juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de los proveedores de Caputo Hermanos en el edificio de Vaca Muerta. Se busca determinar si el fundador de Revolución Federal, Jonathan Morel, proveyó algún servicio a la familia del ex ministro macrista o contó con aliados que le cedieron facturas a la hora de encubrir el financiamiento de su actividad política y delictiva.
Revolución Federal (RF) apareció públicamente en mayo del 2022. En poco tiempo, ganó protagonismo gracias a sus protestas violentas y sus escraches contra contra referentes y simpatizantes del kirchnerismo y de izquierda.
RF quedó en el centro de la polémica cuando se descubrió sus vínculos con los autores materiales del intento de magnicidio que sufrió Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1 de septiembre.
El financiamiento de Caputo Hermanos
Más allá de la beligerancia de sus miembros, hay una dato que llama la atención a los investigadores: la cantidad de dinero que manejaban sus fundadores.
Morel, líder del grupo, declaró que recibió alrededor de 14 millones de pesos por parte de Caputo Hermanos, la empresa de la familia del ex ministro de Finanzas macrista Luis “Toto” Caputo.
Según Morel, que aprendió el oficio por YouTube, recibió esas sumas millonarias como contraprestación de trabajos que hizo o que subcontrató desde su carpintería en Boulogne.
En su increíble versión, Morel supuestamente se cruzó aleatoriamente con Rossana Pía Caputo, hermana de Luis. De acuerdo con la versión de Moral, Rossana Caputo le compró unas mesitas de madera que se rompieron y, aun así, le encargó el mobiliario para un edificio que estaban construyendo en Neuquén.
La versión resulta inverosímil como se la mire. Luego de recibir unos informes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el fiscal Gerardo Pollicita pidió el levantamiento del secreto de todos los que aparecen como proveedores del Fideicomiso Espacio Añelo –que pertenece a Caputo Hermanos–.
En particular, el fiscal hizo foco en María Isabel Said, que le facturó más de 828 mil pesos a la firma en concepto de banquetas y sillas. La propiedad de Said ya había sido allanada meses atrás al igual que la de otros proveedores.
Pollicita también investiga al entorno de Leonardo Sosa, otro de los fundadores de RF. Al fiscal le interesan las cuentas del padre, Oscar Enrique Sosa, porque el 20 de octubre pasado, cuando allanaron su domicilio de Villa Ballester encontraron la abudante suma de 381 mil pesos, 49.385 dólares y 205 euros.
Cuando lo indagaron, Sosa había intentado desligarse del financiamiento de parte de Caputo Hermanos y apuntó contra Morel. Había dicho que era Morel quien tenía que rendir cuentas por su trabajo.
Según Martínez de Giorgi y Pollicita, Revolución Federal fue una organización criminal diseñada para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor.
Desde su conformación, RF desarrolló una actividad ilícita. Por estos hechos, Martínez de Giorgi procesó tanto a Morel como a Sosa. También incluyó a Gastón Guerra y a Sabrina Basile. Para Martínez de Giorgi, los cuatro debían estar detenidos.
Sin embargo, la Cámara Federal porteña, compuesta por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, los excarceló. Ahora son los mismos jueces los que deben revisar los procesamientos.
Las otras inversiones de los Caputo
Luis “Toto” Caputo, apodado por Macri como el “Messi de las finanzas”, no es el único miembro de su familia con inversiones curiosas. Mientras la Justicia investiga si Luis financia grupos de extrema derecha, su primo Nicolás -alias “Nicky”- busca quedarse con la energía del AMBA.
El llamado “hermano del alma” y “amigo de la vida” de Mauricio Macri busca comprar la Central Costanera y la empresa distribuidora de energía Edesur y así ser el mayor generador de energía eléctrica del país y en en dueño de la energía en el área metropolitana de Buenos Aires.
La operación encendió las alarmas en el ministerio de Economía que conduce Sergio Massa, quien se opuso rotundamente a dejar que se concentre en manos de un mismo grupo empresario el control de las generadoras térmicas que proveen de energía eléctrica a la Ciudad de Buenos Aires y parte del Conurbano.
Caputo cree que es muy posible que la alianza Juntos vuelva al gobierno este año y no quiere volver a quedar expuesto a las sospechas de tráfico de influencias.
Más aún si el año que viene, en caso que gane Juntos, se repite un tarifazo como el que instrumentó el gobierno de Cambiemos que multiplicó varias veces las ganancias de las eléctricas.
